Los primeros pactos para promover la iniciativa legislativa popular que fue considerada por el Congreso hace varios meses han sido firmados entre PSOE y Sumar. Este movimiento permitiría la regularización de alrededor de medio millón de inmigrantes que se encuentran en una situación ilegal.
Ambos partidos, que llegaron a un acuerdo esta semana para reactivar el proceso de redacción del documento tras casi seis meses de interrupción, extendieron el objetivo de esta acción el miércoles para beneficiar a todas las personas indocumentadas que hayan estado viviendo en España desde, como mínimo, el 31 de diciembre de 2023.
Los socios gubernamentales presentaron una enmienda este miércoles para modificar la iniciativa, que inicialmente tenía como meta permitir que los inmigrantes que llegaron a España antes del 1 de noviembre de 2021 pudieran optar a la regularización masiva. El PSOE y Sumar creen que la implementación de esta ley sería «la forma más efectiva de luchar contra la vulnerabilidad y la explotación laboral de los inmigrantes» y piensan que el incremento de las regularizaciones en los últimos años muestra que «con requisitos claros y viables, decenas de miles de personas de origen extranjero pueden integrarse en el mercado laboral y alcanzar una completa inclusión en nuestra sociedad».
Por otra parte, los populares del PP, que también apoyaron el inicio del procedimiento para poner en marcha esta iniciativa en abril pasado, propusieron sus propias enmiendas a la ley, aunque con intenciones opuestas. El PP busca limitar la regularización y que esta se efectúe «de manera individual y no general» y que solo se beneficien aquellos que han residido en España desde antes de noviembre de 2021.
Los Populares proponen que los extranjeros que quieran acogerse a la medida no tengan antecedentes delictivos y estén dispuestos a adherirse explícitamente a los valores democráticos y constitucionales de España y Europa. Además, se exigiría a los migrantes demostrar que han trabajado continuamente en España durante al menos un año o que tienen un proyecto sostenible y viable por al menos un año. Los solicitantes de asilo que aún no han recibido una respuesta negativa también podrían obtener la documentación.
El grupo dirigido por Alberto Núñez Feijóo también sostiene que la ley debe considerar un incremento de los recursos humanos, financieros y materiales para las oficinas de inmigración, con el fin de asegurar que los solicitantes puedan gestionar eficientemente sus trámites.
Un proceso largo en perspectiva
La presentación de las modificaciones por parte de los dos principales grupos parlamentarios marca el inicio de un proceso de tramitación que se estima extenso. Sin embargo, aún hay posibilidades de llegar a un acuerdo que involucre al PP, PSOE, Sumar y otros grupos minoritarios. Esto ya sucedió en abril, cuando la propuesta fue aceptada para su trámite con el respaldo de la mayoría del Congreso, excepto Vox. En ese momento, varias agrupaciones, principalmente las de derecha, expresaron su intención de limitar el alcance de la regularización.
En efecto, durante el primer debate, el Partido Popular ya se mostró en contra de una regularización a gran escala, aduciendo el potencial de un efecto de atracción. La parlamentaria de Melilla, Sofía Acedo, subrayó la necesidad de abordar la situación con rigurosidad, insistiendo en que no sería ni responsable ni beneficioso enviar el mensaje de que en España las formas irregulares de entrar al país son equiparables a las formas legales. Sin embargo, admitió que Cáritas, la ONG eclesiástica que está detrás de la propuesta, había solicitado al partido debatir el texto, así como los empresarios que están desesperados por trabajadores.
También se expresaron preocupaciones similares por parte del PNV y Junts en ese momento. Los nacionalistas vascos argumentaron que la regularización debe ser analizada «caso por caso», en lugar de plantearla de manera masiva, mientras que los independentistas catalanes apoyaron el debate del texto en consideración del «respeto» a las entidades que han impulsado la propuesta, y no necesariamente porque respalden la «esencia» del asunto.
