El ex representante gubernamental de Valencia, Serafín Castellano, ha admitido su culpabilidad en el caso del llamado «cártel del fuego», y gracias a este reconocimiento, la Fiscalía Anticorrupción ha disminuido su solicitud de pena de 22 años a 2 años y 7 meses de prisión.
Castellano, junto a otros 11 acusados, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía tras admitir los delitos imputados.
En el proceso judicial, el fiscal afirmó que tanto Castellano, como los otros 11 acusados habían admitido su culpabilidad en las conversaciones previas a la defensa.
Castellano confirmó esto durante el juicio, afirmando «Sí, ratifico todos los escritos».
No obstante, algunos acusados, entre ellos Rubén Mariano García, Francisco Antonio Alandí (exgerente de Avialsa), Vicente Bosca (excoordinador del servicio contra incendios) y Manuel Bosch (encargado de la División Operativa de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de la Generalitat de Cataluña), han optado por no admitir los cargos y no negociar una reducción de las penas.
A pesar de que 17 personas estaban originalmente propuestas para ser juzgadas, solo 16 han sido procesadas debido al fallecimiento de Fernando Espejo el año pasado.
Las conformidades logradas ocasionaron una reducción en la petición de pena de la Fiscalía para Castellano, junto a otros, disminuyendo de los iniciales 21 años a únicamente dos años y siete meses de encarcelamiento. Se le acusaba inicialmente por crímenes como falsificación de documentos públicos, cohecho contínuo, prevaricación, malversación y formar parte de una asociación ilícita.
Contratos relacionados con la extinción de incendios
«La defensa del acusado, de manera casi inmediata, casi en el umbral del juicio, manifestó al Ministerio Fiscal el reconocimiento concluyente de los hechos», declaró el fiscal.
Es relevante recordar que el juez encargado propuso llevar a juicio en 2022 al conocido como cártel del fuego por presuntos arreglos en los contratos de extinción de incendios.
En la resolución en la que la corte penal confirmó el procesamiento de los acusados en noviembre de 2022, se mencionaba que el juez ponente, al procesar a un grupo de personas que incluía empresarios de navegación aérea, autoridades y funcionarios, identificó prácticas «lucrativas» para «alterar las condiciones normales de los procesos de contratación y adjudicación pública», corrompiendo a través de presuntos sobornos.
El fiscal enfatizaba en su informe que los inculpados, en el periodo entre 1999 y, al menos, 2018, en relación con las contrataciones del sector público en el ámbito de la navegación aérea, principalmente en lo referente a la extinción de incendios forestales, realizaron múltiples acciones ilegales.
Regalos relacionados con la caza
En junio de 2022, Manuel García Castellón, un juez retirado de la Audiencia Nacional, detalló como los miembros del cártel del fuego habían operado de forma irregular, incrementando los costos a favor de individuos y empresas vinculadas. Habían permitido extensiones o modificaciones contractuales, aprobado facturaciones y favorecido a determinadas entidades y personas.
El ex alto cargo valenciano, sin tener en cuenta todas las donaciones que se le otorgaron, se le obsequiaron regalos valorados en no menos de 163.736,02 euros, según el juez y considerando solo las actividades cinegéticas.
Los empresarios y sus empresas habrían segmentado estratégicamente el mercado de contratación pública en el sector, así como los procesos de contratación individuales, inclusive mediante reuniones previas donde planificaban qué corporaciones concurrirían, en qué áreas de influencia y las subsiguientes compensaciones y liquidaciones financieras dentro del cártel.
García Castellón subrayó que estos supuestos arreglos no solo se habían llevado a cabo en España, sino también en otros países, y que en ciertas situaciones habrían facilitado que alguna licitación quedara desierta, provocando así un incremento posterior del precio de licitación en el proceso negociado sin publicidad.
Además, García Castellón indicó que, de acuerdo con los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), solo en la Comunidad Valenciana, donde se han confirmado las mayores infracciones, y solo con la participación exclusiva de AVIALSA – asociada al principal investigado, Vicente Huerta Domínguez – y ocasionalmente UTES que incluían a otros investigados, entre 1999 y 2017 se habían concertado contratos por un total de 151.585.386,22 euros.
Los supuestos actos de corrupción por parte de los empleados y autoridades relacionados con estos procedimientos de contratación se realizaban mediante la distribución de favores o regalos. Esto habría llevado a «una operación sistematizada para promover actitudes de clientelismo en la administración interviniente en el sector».
En términos más específicos, de acuerdo con el juez, se ha verificado que, en el contexto contractual de la Comunidad Valenciana y Cataluña, el grupo de entidades o compañías asociadas a AVIALSA realizó a través de varios medios, en apoyo de empleados o autoridades, entregas de dinero en efectivo o regalos, incluyendo vehículos, caza, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en hoteles.
Para el actual titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, los hechos podrían estar constituyendo delitos de soborno; crimen organizado; manipulación de precios en licitaciones o contratación pública; falsificación de documentos; malversación de fondos públicos; prevaricación; asociación ilegal, negociaciones prohibidas a los empleados públicos; y tráfico de influencias y cobros ilegales.
La Fiscalía Anticorrupción ha reducido la petición de pena de 22 años a 2 años y 7 meses para Serafín Castellano, antiguo delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y ex consejero del PP, después de que haya admitido los hechos que se le acusan en el juicio por el incidente conocido como cartel de fuego.
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