Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid en representación de Izquierda Unida (IU), ha sido acusada de desobedecer el Pacto Antitransfuguismo en su administración. En un acto polémico, otorgó a María de los Ángeles Guardiola, antigua concejal de Vox y actualmente sin afiliación política, un puesto de elevada responsabilidad y un aumento de sueldo.
Guardiola, quien se presentó como candidata de Vox en las últimas elecciones municipales, ahora ejerce como vicepresidenta de la comisión de Vigilancia de las Contrataciones, a pesar de que las reglas internas del Ayuntamiento y el Pacto Antitransfuguismo establecen que este nombramiento es prohibido.
Vox, su antiguo partido, ha protestado esta situación alegando que Guardiola debería haber renunciado a su posición en la comisión una vez que se independizó del partido. Eliana Palacios, portavoz de Vox y quien tuvo tensiones con Guardiola que llevaron a su expulsión, recalca que tal decisión parece recompensar el transfuguismo con un sueldo de 30.000 euros al año. Antes de recibir este incremento, Guardiola solía recibir pagos sólo por su asistencia a los plenos, sin un salario fijo.
La organización se formalizó en Junio de 2023, siguiendo el patrón de todos los ayuntamientos de España. Sin embargo, no fue hasta un año después, en concreto el 4 de julio, que se constituyó la Comisión de Supervisión de Contratos. En este punto, la constitución del pleno ya había cambiado, con Vox disminuyendo su representación de dos a un solo concejal, en vista de la salida de Guardiola que se convirtió en independiente. A pesar de que este diario ha solicitado explicaciones para este contratiempo al equipo gobernante, no se ha proporcionado ninguna justificación: «No existen obligaciones o plazos legalmente establecidos».
Existen incertidumbres relacionadas con la vicepresidencia de la comisión ligadas a la lucha contra el transfuguismo político. Un acuerdo reciente del pacto en noviembre de 2020 define como tránsfugas a aquellos representantes a nivel local, autonómico y estatal que abandonan o son expulsados del partido político, coalición o agrupación de votantes que los presentó inicialmente a las elecciones, o desobedecen las órdenes de las autoridades correspondientes.
En el caso de que existan dudas sobre quién ha cometido transfuguismo, el partido que originalmente propuso y/o presentó a estas personas será el encargado de aclarar por escrito quiénes han dejado el partido, han sido excluidos o han desafiado su disciplina, con el fin de clasificarlos como tránsfugas.
Según Vox, Guardiola coincide precisamente con esta definición. Además, critican que, debido a las circunstancias, la exconcejal no tiene legitimidad para ejercer competencias en los comités municipales, y menos aún recibir una asignación económica, ya que esto mejora su situación anterior.
El Acuerdo Antitransfuguismo es claro acerca de este tema, con el propósito de prevenir tentaciones o intercambios de favores. Según el punto b del segundo acuerdo del texto, no se debe permitir ninguna mejora en la situación previa al abandono del grupo político original, con respecto a la participación en las Comisiones. Todo cambio proporcional en la composición de las Comisiones no puede causar daño al grupo político que perdió miembros debido al transfuguismo, ni puede beneficiar más a la persona no asignada de lo que era su situación anterior.
En el mismo sentido, el reglamento del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid especifica que los concejales y concejalas que se vuelven no adscritos como resultado o debido a un caso de transfuguismo no pueden ocupar cargos o recibir retribuciones que no ejercían o percibían antes de convertirse en miembros no adscritos, los cuales implican mejoras personales, políticas o económicas.
No obstante, el gobierno defiende su postura argumentando «transparencia». El equipo de Castillejo niega cualquier irregularidad, alegando que se han otorgado la presidencia y la vicepresidencia como un acto de «transparencia». Fuentes municipales indican que ha sido así desde la anterior legislatura, cuando fue aprobada su composición por unanimidad de todos los grupos. La existencia de esta comisión es opcional y no es obligatorio que sea presidida por la oposición. En Rivas se hace para facilitar el trabajo de supervisión de la oposición, de acuerdo a un portavoz municipal. Sin embargo, no valoró el escrito de Vox. El PP, que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones pero no alcanzó la mayoría, ostenta la presidencia en la vigilancia de las contrataciones.
El municipio de Rivas ha enfrentado varias controversias en los últimos meses. El hecho principal, divulgado por El Confidencial, involucra una plaza de funcionario (Técnico Superior de Administración Especial) anunciada por la Alcaldía que ha tenido sólo un postulante: el ex alcalde Pedro del Cura, quien es del mismo partido que la alcaldesa, Aída Castillejo. Además, muchos aspectos del contenido del examen coinciden con la experiencia profesional y los requisitos del cargo de Del Cura. Sólo los graduados en sociología, psicología o pedagogía, exactamente lo que Del Cura estudió, podían solicitar el puesto. Una de las preguntas del examen incluso se refería a la demolición de la Cañada Real Galiana, un proyecto en el que Del Cura ha estado involucrado como comisionado de la localidad.
Por otro lado, volviendo a la controversia en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que está gobernado por una coalición entre Izquierda Unida y el PSOE, se otorgó a la ex concejal de Vox María de los Ángeles Guardiola, quien actualmente es concejal independiente, la vicepresidencia de la Comisión de Vigilancia de Contrataciones, que incluye un aumento de sueldo. Sin embargo, esta situación está expresamente prohibida tanto por el Pacto Antitransfuguismo como por el reglamento del Consistorio. Vox ya ha presentado una recusación facultativa en contra de este acto.
