El PP y Vox han logrado, en la sesión plenaria del Parlamento de Cantabria, el avance de la proposición de ley para anular la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región. Esto marca el inicio de los procesos legislativos para deshacerse de esta norma autonómica, ratificada previamente por el PRC y el PSOE.
Ambos partidos han votado en contra y han expresado su total compromiso para desarrollar una ley nueva una vez que recuperen la mayoría parlamentaria.
De esta forma, PP y Vox están implementando en Cantabria el mismo procedimiento ya llevado a cabo en Aragón, Castilla y León y Valencia para anular la ley regional de Memoria Histórica.
Además, se está realizando a través de un proceso de emergencia, lo que reduce a la mitad el tiempo requerido para que la ley sea oficialmente revocada.
La iniciativa para anular esta ley fue el inicio del debate en la sesión plenaria de la Cámara Regional del lunes, a la que asistieron miembros de la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria.
El diputado del PP, Iñigo Fernández, que incluyó en su programa electoral de 2023 la derogación de esta ley, respaldó la propuesta de ley de su partido afirmando que «la convivencia en la región será mejor sin esta ley».
Fernández defiende su propuesta manifestando que la ley fue ratificada «sin consenso alguno», argumentando que fue «impuesta» por el PSOE al PRC en el Consejo de Gobierno, y luego al resto del espectro político en el Parlamento, y esto sucedió, afirmó, «a pesar de la apertura al diálogo sincero» que demostraron los ‘populares’. Fernández enfatiza que esta ley «nació con un pecado fundamental: estableció categorías de víctimas, reconociendo y compensando a las que se opusieron al golpe militar e impulsando con subvenciones las actividades de las asociaciones de memoria histórica de una facción, dejando de lado a la otra», indicó el legislador del PP.
Fernández considera que anular esta ley significa «avanzar en la defensa de la convivencia, las libertades y las instituciones democráticas frente al abuso que supuso la aprobación de un reglamento de esta naturaleza a la fuerza y como una imposición del tercer partido en la Cámara». Al finalizar, Fernández afirmó que los ‘populares’ están «dispuestos a sentarnos y dialogar» con el fin de impulsar una nueva ley con consenso, «algo que no se hizo tres años atrás cuando se aprobó esa ley de manera forzada».
La ley actual «es un golpe contra la libertad política, de pensamiento, de cátedra… »
Por otro lado, la vocera parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, ha apoyado esta derogación porque «no pueden seguir en pie normativas que despiertan resentimiento y división entre los españoles» y ha reivindicado que en otras comunidades, junto con el PP, su partido ha logrado sancionar leyes de «reconciliación, donde se respeta la memoria de todas las víctimas».
Díaz ha expresado sus críticas a la ley, sugiriendo que se creó «para reinterpretar la historia a favor de una parte», con una «perspectiva partidista impuesta por los socialistas» en las Comunidades Autónomas. Afirmó que las acciones iniciales fueron incorrectas y que ahora se intentan corregir. También ha estado en defensa de los «derechos de todas las víctimas, de ambos lados».
Díaz expresó que la legislación actual «es una infracción a la libertad política, intelectual, educativa… se utiliza como una herramienta para crear divisiones entre los españoles, presentando una visión de ‘los buenos contra los malos’”. En resumen, definió la situación como «una memoria histórica que busca provocar conflictos sociales».
Este lunes, en la sesión plenaria del Parlamento de Cantabria, PP y Vox lograron avanzar la proposición de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Comunidad Autónoma.
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