Categorías: Crónica
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23 septiembre, 2024 7:07 am

La perspectiva de una operación en tierra en Líbano se cierne sobre la zona

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Alicia se siente agotada. Apenas son las tres de la tarde y ya suma treinta y cinco grados en la calle. Tiene que afrontar el reto de subir cuatro pisos sin elevador antes de poder entrar a su hogar. La jornada de trabajo ha sido pesada.

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Se dedicó a vaciar, limpiar y preparar un enorme local que pronto será una boutique de moda o tal vez un bar gastronómico. Este trabajo físico bajo el sol abrasador del verano y temperaturas altísimas le está afectando tanto su estado de salud como su humor.

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Su hogar no le proporciona ningún consuelo. A pesar de haber dejado las persianas cerradas y las ventanas ligeramente abiertas, el aire sofocante y pesado que la recibe al entrar le hace recordar que todavía le quedan al menos tres meses más de este sufrimiento. Tiene un plan claro. Comerá apresuradamente y se dirigirá otra vez al centro comercial. Ahí el aire acondicionado le permitirá dejar de sudar sin costo alguno, recuperará su aliento y su cuerpo comenzará a refrescarse poco a poco. Sin embargo, después deberá regresar a dormir en el sofá, ya que es el único lugar de su casa donde puede contar con algo de brisa durante la noche. Alicia ha considerado comprarse un aire acondicionado pequeño o un ventilador. El precio no es el problema, sino el consumo de energía. No puede permitirse un aumento adicional en su factura de luz. Ya ha disminuido su consumo de pescado y fruta, usa el aceite de oliva solo en ocasiones especiales y, con suerte, pasará una semana en casa de sus padres en el pueblo durante este verano. No tiene por dónde ajustar más su presupuesto y espera no ser parte del 10% de las familias españolas que tuvieron atrasos en el pago de facturas en 2023. La historia de Alicia no es una trama de ficción.

En España, uno de cada cinco domicilios no puede obtener la temperatura adecuada debido a la falta de medios financieros, evidenciando un problema de pobreza energética. Este problema ha duplicado su impacto entre 2020 y 2022. En 2020, el 33% de las familias más desfavorecidas vieron disminuir sus ingresos, una situación que empeoró aún más con la inflación posterior que incrementó en gran medida los precios de productos básicos y la energía. Como resultado, el acceso a servicios básicos como la calefacción o el aire acondicionado, son considerados un lujo, agravado por el aumento de las facturas energéticas.

Debido a esta problemática, el Gobierno español implementó un programa de descuentos en energía, conocido como el bono social eléctrico, que ofrece una reducción del 25% al 80% en función de las circunstancias específicas de cada hogar. Este servicios está destinado a aligerar la carga de los costos energéticos para las familias que, con una potencia contratada inferior a 10kW, en tarifa regulada, cumplen ciertos requisitos.

Junto con EsadeEcPol, hemos evaluado la eficacia de este bono social eléctrico y si efectivamente llega a quienes más lo necesitan. Los resultados son preocupantes. Un mero 24.5% de cobertura significa que casi ocho de cada diez personas elegibles para el bono no lo están recibiendo, según los datos del 2022. Además, un tercio de los beneficiarios actuales no son familias en condiciones de vulnerabilidad, sino familias grandes con altos ingresos.

Varios factores influyen en esta baja tasa de cobertura, incluyendo si la familia tiene algún miembro nacido en el extranjero, si es una familia monoparental, o si residen en una vivienda alquilada.

Las familias con al menos un miembro nacido fuera de España muestran la mayor dificultad para recibir el bono social de electricidad, incluso si cumplen con los criterios de ingresos. La tasa de cobertura de los hogares donde todos los miembros son nativos españoles es el doble que la de los hogares con al menos un integrante nacido en el extranjero (27% frente a 13%). En el caso de las familias monoparentales, la diferencia de cobertura en comparación con las familias con ambos padres es de 12 puntos (20% frente a 32%). En cuanto a las familias que viven en viviendas de alquiler, la diferencia de cobertura en comparación con las que residen en su propiedad es de 8 puntos (19% frente a 27%). El diseño actual del bono social eléctrico limita su alcance como medida de política pública. Resulta imprescindible eliminar los obstáculos que impiden su acceso, agilizar su entrega y permitir que se combine con otras acciones de protección social, como el ingreso mínimo vital. Un mejor diseño y una distribución más precisa a quienes más lo necesitan permitirán aumentar de 1.6 millones de hogares actuales beneficiarios a más de 5 millones que cumplen con los requisitos de elegibilidad. En paralelo, las medidas de eficiencia energética, como la renovación de edificios, deben ser asequibles y accesibles para los hogares en situación de vulnerabilidad. La erradicación de la pobreza energética es un asunto urgente y más necesario que nunca para garantizar la calidad de vida de todas las familias, previniendo así que personas como Alicia deban optar entre alimentarse o encender el electrodoméstico.

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