El régimen gubernamental incrementa sus acciones hacia Junts, quienes solicitan «modificaciones» frente a una votación crucial para los Presupuestos

Esta semana, el Gobierno realiza un segundo esfuerzo para iniciar el trámite de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, aunque no tiene garantizado el respaldo parlamentario necesario para aprobarlos en el Congreso. Junts rechazó la misma propuesta de límite de gasto no financiero hace dos meses, que se someterá a votación nuevamente este jueves en la Cámara Baja.

No obstante, el Gobierno espera que los posconvergentes «reconsideren» su posición, ya que los más de 300 ayuntamientos que gobiernan tendrían un margen de gasto mayor y pudieran apoyarla. A pesar de esto, Junts mantiene su postura y reitera que repetirán su voto negativo si no hay cambios.

Los recientes desaires públicos de Junts ponen en duda la estabilidad legislativa al comienzo de este nuevo ciclo político. El descontento alcanzó su máxima expresión con el voto en el Congreso para regular el alquiler temporal, en el que Junts había prometido abstenerse, pero cambiaron su decisión minutos antes y se explayaron contra la propuesta. En reacción a esto, Carles Puigdemont alertó al presidente del Gobierno de que esta sería la norma general si no «se esfuerza» para obtener su apoyo. A pesar de las circunstancias, las negociaciones continúan discretamente aunque sin ningun avance relevante que se exhiba públicamente. Frente a las alertas de Puigdemont de que los «chantajes ideológicos» no funcionarán, el Gobierno responde con cautela y disposición para «entablar diálogos». Declaran que «jamás» considerarán rota la relación con Junts, con quien agotarán todas las opciones de diálogo en un intento por aprobar las cuestiones más críticas, como los Presupuestos. La discreción, el compromiso y la palabra son las armas que el gobierno emplea para convencer a Junts, que persiste en su posición de que sin el cumplimiento de las promesas del PSOE, «no hay votos».

El Gobierno parece no haber conseguido un impacto positivo con sus intentos de reforzar sus lazos con los miembros post-convergentes. Puigdemont les ha condenado por el «linchamiento» luego de negarse a respaldar el plan de alquileres temporales, reafirmando que votarán en contra a menos que haya algún «cambio». Junts exige que la Moncloa reconsidere su política en la implementación del presupuesto en Cataluña, la cual comparan con la de Madrid. Este fue precisamente el argumento que utilizaron para oponerse a la última votación del camino al déficit. El Gobierno muestra una postura optimista, y a pesar de que los aliados de la coalición consideran que esta situación es insostenible, tanto el PSOE como Sumar mantienen su optimismo y su compromiso de agotar la legislatura. El siguiente indicador podría ser la votación de este jueves, por lo que ambos, el Gobierno y el PSOE, están tomando medidas y acercándose a Junts. Sin embargo, dejan claro que, con o sin presupuesto, planean gobernar durante los tres años restantes de la legislatura. Independientemente de si logran superar el desafío de esta semana, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha dejado claro que presentará los presupuestos, a pesar de la crisis de déficit anterior, y cuando perciba un «consenso suficiente» para llevarlo a cabo. Aunque la Constitución establece que las cuentas deben ser presentadas al menos tres meses antes de la expiración de las anteriores, esto se ha violado en algunas ocasiones, lo que podría ocurrir en esta situación, ya que el Gobierno no establece una fecha límite y está trabajando con la fecha límite del 31 de diciembre, fecha en que se prorrogarían automáticamente las cuentas anteriores. Por último, el Gobierno sostiene que los ataques de Junts se deben en parte a la reciente toma de posesión de Illa y al hecho de que a finales de octubre celebran su congreso, lo que determinará el futuro rumbo del partido.

Moncloa tiene la esperanza de que las cosas se modificarán después de la fecha previamente mencionada. Justamente, el lunes pasado, Sánchez llamó a los parlamentarios y senadores socialistas en el Congreso y les transmitió que es esencial abrirse a las «ideas y necesidades» de otros grupos. Además, enfatizó que deben actuar con «naturalidad, sin estridencias y con orgullo» si desean alcanzar mayorías.