Después de ser implicada en acusaciones de esclavitud, la exconcejala del PP, Carmen Carballo, ha visto su caso cerrado por el Juzgado de Instrucción número 1 en Orense. Se le acusó de mantener en condiciones de esclavitud a una mujer mexicana en su hogar durante once años.
Dos años atrás, la víctima logró escapar y buscó ayuda en la Embajada de México en Madrid, según informó El Confidencial. Las acusaciones contra Carballo y su madre incluyen tráfico de seres humanos, violación de los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores, y amenazas.
Sin embargo, el juez decidió no proceder con las acusaciones, no convencido con el testimonio de la presunta víctima, quien recientemente declaró desde México. Cabe mencionar, las denuncias iniciaron con un informe de la Fiscalía indicando que Carballo usaba su influencia política y sus conexiones policiales para intimidar a la mujer mexicana, advirtiéndole que nadie le creería si presentaba una denuncia.
Aún así, Carballo, quien era concejal del PP en Ourense en el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos, enfrentará esta semana otro juicio relacionado con acusaciones de coacción, como lo informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Una antigua concejala y su madre, dueñas de negocios en México, invitaron a una joven a trabajar como asistente personal en España, ofreciéndole tomar a su cargo todos los gastos, incluso la compra de su boleto de avión. La joven mexicana, de apenas 18 años en ese momento, aceptó la oferta y arribó a España el 10 de diciembre de 2010. Se estableció en Ourense, donde trabajó en labores domésticas, cuidando los padres de Carmen Carballo.
Además de ocuparse de la limpieza de varias propiedades familiares, incluyendo la de Carmen Carballo, la joven trabajó sin recibir ninguna remuneración y sin ningún reconocimiento oficial de sus derechos laborales, según lo informó la Físcalía. El informe inicial revela que se le retuvo el pasaporte y se le negó la posibilidad de contactarse con su familia, excepto en contadas ocasiones.
En 2016, los familiares de la joven mexicana la reportaron como desaparecida en su país natal, acción que inició una búsqueda de ella en España. Durante los once años que la joven trabajó para ellas, fue amenazada frecuentemente, diciéndole que habrían represalias contra su familia en México si abandonaba su trabajo, afirma la Fiscalía. La joven también fue golpeada en varias ocasiones por Carmen Carballo.
La autorización de residencia solo le fue otorgada a la joven ocho años después de su arribo a España, cuando solicitó protección internacional. Mientras se gestionaba su solicitud, las denunciadas confiscaron su documentación. Finalmente, en 2022, logró huir de Ourense cuando la exconcejal le informó que su madre había fallecido por Covid.
En 2022, una presunta víctima logró huir de Ourense tras ser informada falsamente por su exconsejal de que su madre había fallecido por Covid. Si bien suplicó volver a su país, se le negó la opción y se le amenazó con la prisión, según la demanda la cual fue respaldada por la Fiscalía. Optando por escapar, ella obtuvo la ayuda de una pariente de las acusadas, la tía del exconcejal, quien le proporcionó un teléfono móvil y dinero para huir a Madrid y acudir a la embajada.
No obstante, el juez Leonardo Álvarez del Tribunal de Primera Instancia número Uno de Ourense decidió cerrar el caso el pasado 18 de septiembre, declaración a la que El Confidencial tuvo acceso. En su consideración, «Se indica el cierre provisional y el archivo del caso, dado que no hay pruebas suficientes para autentificar los hechos alegados», declaró. Según su discernimiento, «la única evidencia proporcionada por la demandante durante el debido proceso es su testimonio».
Fuerte con su alegato, la denunciante corroboró su historia el 3 de mayo desde México mediante una declaración que recién fue recibida por el tribunal unos días atrás. La mujer aseguró que, durante sus declaraciones a la policía y la aplicación de asilo, se vio forzada a mentir en defensa de las acusadas debido a la coacción. Una vez en su país, reiteró su historia añadiendo que se le obligó a hacer trabajos agrícolas sin compensación. También reveló que se le ordenó dormir en un sofá para no ensuciar las sábanas que eran «de alta calidad».
El texto original revela que Carmen Carballo se humilló a menudo, como se reportó que se ponía yogur en sus zapatos y lo forzaba a lamerlos, declarándole que «es la forma en que un animal debería comer». Alegadamente, después de dos años lejos de Ourense en su país natal, ella relató que la agredieron por hablar con otras personas: «Me arrancaron el cabello, me arrojaron contra un mueble, me patearon en la cabeza, recibí montones». Alega que las golpizas que continuamente recibía le causaron una lesión en la espalda que dificulta su búsqueda de empleo.
El juez decidido en el caso se mostró más propenso a creer en la historia contada por las acusadas que en lo que declaró la víctima. El magistrado mencionó que ninguno de los testigos examinados durante las investigaciones «vio a las acusadas maltratando». Además, añadió que «nadie sugirió que, a su entender, la chica estaba trabajando para las acusadas y todos estuvieron de acuerdo en que se notaba normal en términos de nutrición, vestimenta y apariencia externa».
Según el dictamen judicial, la chica mexicana mencionó en una declaración hecha mientras su familia la buscaba que noestaba sufriendo ninguna actividad criminal, en cambio, sus declaraciones sugieren una verdadera cordialidad. Sin embargo, la joven insistió en que estas eran las declaraciones que hizo bajo amenaza.
El juez finalmente concluyó que si la ex concejala y su madre le dieron un lugar para vivir durante once años, sería lógico que ella ayudara tanto a Carmen Carballo como a su madre, pero eso no significaría en ningún caso que estuviera sufriendo un trato despreciativo y humillante, y mucho menos la existencia de una relación laboral. Este dictamen puede ser impugnado con una apelación.
El caso en contra de Carmen Carballo, ex edil del Partido Popular, que se llevaba a cabo en el Primer Tribunal de Instrucción de Orense, ha sido cerrado. Carballo fue previamente implicada tras haber sido señalada por una supuesta esclavización de una chica mexicana por un periodo de once años en su residencia. Dos años después de que El Confidencial diera a conocer que la joven huyó y buscó refugio en la Embajada de México en Madrid, en medio de la noche, se declara el cese provisional del caso. Tanto Carballo como su madre fueron acusadas de cometer tráfico de personas, delitos en contra de los derechos laborales y los ciudadanos extranjeros, y amenazas.
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