Diversas localidades del Maestrazgo modificaron sus esquemas urbanísticos para facilitar la implementación de energía renovable. El gremio de ingenieros protesta por las concesiones otorgadas a las energías renovables, alegando que se están bloqueando otras infraestructuras esenciales. El fondo danés ha transferido a Forestalia la responsabilidad de cumplir con las compensaciones ofrecidas a los municipios.
En el Maestrazgo, donde se planea el desarrollo de proyectos de energía renovable, se han alterado los planes urbanísticos para eliminar la protección que estaba establecida. Son villas con normas diseñadas para preservar su patrimonio natural y cultural que han sido alteradas para facilitar los proyectos de parques de energía renovable aprobados por el gobierno español durante el verano.
Un estudio de urbanismo del 2021 indicó que era inviable implementar energías renovables en extensas áreas debido a que eran Zonas de Interés Paisajístico, Geológico y Rústico Forestal. En respuesta, las autoridades decidieron cambiar las normativas urbanísticas para permitirlo. Esto ocurrió en ciudades como Fortanete, La Iglesuela del Cid y Cantavieja. Para 2022, en La Iglesuela, se revisó el artículo 123 de las normas urbanísticas que restringía los usos en terrenos no urbanizados de protección especial “Zona de Interés Paisajístico y/o Geológico”, permitiendo aquellos de utilidad pública o interés social, para facilitar la implantación de parques de energía renovable. La misma situación se dio en Cantavieja. A pesar de que ambos municipios comparten áreas de la Red Natura 2000, LIC/ZAC o ZEPA, en Cantavieja, las autoridades han sido más cautelosas exigiendo trámites que finalizaron este año.
La validación del mayor proyecto de energía eólica en España está siendo rechazada por varios sectores de la sociedad que cuestionan su viabilidad en un espacio donde generalmente se ha priorizado la protección ambiental. Muchos de los municipios involucrados en dicho proyecto son parte del Geoparque de Maestrazgo, un área reconocida por su diversidad de fauna y flora y por poseer poblaciones con encanto debido a su arquitectura y belleza natural. De hecho, un significativo número de estas poblaciones son considerados Bienes de Interés Cultural (BIC), como Cantavieja, Castellote, Fortanete, La Iglesuela, Mirambel, Miravete y Villarroya de los Pinares. De acuerdo a los ajustes urbanísticos planteados, estos sólo se efectuarán si no se comprometen los elementos a proteger y si cumplen con la legislación ambiental vigente. Sin embargo, gran parte de la sociedad expresa escepticismo frente a esto debido al arribo de 20 parques eólicos, compuestos por 122 turbinas eólicas de 200 metros de altura, más dos parques solares, con carreteras de acceso y líneas eléctricas que modifican significativamente el paisaje de los pueblos BIC y de otros municipios como Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo, ocupando más de mil hectáreas. Diversos partidos políticos como Teruel Existe, Vox, Chunta, Podemos e IU están buscando, a través de diversas propuestas, persuadir al Gobierno de Aragón para la protección de Maestrazgo y solicitar al Gobierno de España reconsiderar la autorización del proyecto.
La fusión de voto del PAR y el PSOE, principales impulsores de la revolución de energías renovables en Aragón, y el PP, que se esfuerza por mantener su atractivo para las empresas ahora que ha asumido el gobierno, ha resultado en el rechazo de las PNLs. Organizaciones tales como Teruel Existe y Paisajes de Teruel no solo han presentado denuncias en los tribunales contra este proyecto, sino que también han puesto a disposición del público general modelos en sus sitios web para que los individuos puedan contribuir. Además, han diseñado infografías mostrando cómo las torres impactarán el paisaje. Incluso aunque sea el parque de renovables más grande de España, este hecho no ha sido promocionado. El proceso de aprobación ha detenido los planes de construcción de los daneses, quienes tienen las grandes aspas de los aerogeneradores almacenadas en un hangar del aeropuerto de Teruel. Mientras tanto, los dueños de las tierras ya están siendo convocados para firmar contratos. Pero si no llegan a un acuerdo con estos, las compañías pueden recurrir a la expropiación, un derecho que se les concede al ser clasificadas como de «utilidad pública», un término que normalmente solo se aplica a infraestructuras gubernamentales y no a empresas privadas. De manera previa a este controvertido proyecto, la escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón se posicionó en contra, citando múltiples dudas en cuanto a la magnitud y la forma en que se está implementando.
Rafael López Guarga, decano, destaca que, a diferencia de grandes proyectos como represas, ferrocarriles o carreteras, que son impulsados por el estado con planificación previa, las energías renovables se han promovido sin legislación adecuada y sin una planificación apropiada, a pesar de que éstas transforman el paisaje de manera equivalente. Estas iniciativas han sido encomendadas a inversores privados que compiten entre ellos para cumplir con los plazos rigurosos establecidos por el RD 23/2020. Este reglamento establece una serie de metas cuyo incumplimiento resulta en la expiración de los permisos y en la puesta en marcha de las garantías económicas brindadas. Por lo tanto, el tiempo para el desarrollo del proyecto es muy limitado y, con frecuencia, se ejerce presión durante el proceso de evaluación ambiental para simplificar el proceso y reducir los plazos.
Además, debido a las restricciones de conexión a la red eléctrica, la localización de estas instalaciones está altamente condicionada. Todo esto dificulta la compatibilidad con los Planes de Ordenación, los cuales requieren un tiempo mayor para su desarrollo. López Guarga hace énfasis en que, al igual que existen un Plan Nacional de Carreteras y un Plan Hidrológico Nacional, debería haber consideraciones similares para las energías renovables.
Plantea que la implementación de las energías renovables, que ya se percibe como una invasión, se está realizando sin previsión, sin definición de procesos de exposición pública, sin un modelo de ordenación territorial que evalúe su implementación, y sin un mecanismo de distribución equitativa de beneficios y cargas. En muchas ocasiones este desarrollo se realiza sin el debida consideración del interés público, de manera apresurada y con el riesgo latente de causar daños irreparables.
Como ejemplo de esta práctica, menciona la reciente aprobación de más de cien aerogeneradores en el Maestrazgo, en áreas de importancia para la comunidad y zonas de conservación especial, que potencialmente tendrán un impacto negativo en la agricultura, la ganadería y el turismo de la región. A esto se suma la creación de decenas de kilómetros de caminos con impresionantes movimientos de tierra basados en estudios demasiado superficiales. Según López Guarga, «esto es una flagrante violación que deberíamos poder prevenir».
Forestalia, en esfuerzos de compensar a las comunidades locales, ha enfrentado críticas sobre la falta de un método uniforme para distribuir tanto cargas como beneficios. Esta problemática, señalada por el decano de los Ingenieros de Caminos, ha resultado en distribuciones desiguales y conflictivas dentro de la implantación. En un giro reciente, el CEO de la empresa danesa explicó en una entrevista con el Diario de Teruel que el acuerdo sobre la reducción de la factura eléctrica para los residentes locales en los pueblos era un pacto previamente establecido por Forestalia. Según fuentes de Forestalia, continuarán cumpliendo con sus compromisos con los ayuntamientos de Viento Alto, independientemente de la venta de activos a CIP. «Actualmente, estamos en conversaciones con los ayuntamientos para la implementación técnica y administrativa de este descuento, que será aplicado al consumo de los residentes de estos municipios”, mencionaron. En respuesta, CIP afirmó que se mantendrán como los encargados de las obligaciones del proyecto con los ayuntamientos, incluyendo los pagos de impuestos y tasas. Aseguran que mantienen una excelente relación con los ayuntamientos, salvo Mosqueruela, y que existe un apoyo unánime de la Asociación Viento Alto, donde se situarán los activos de generación. El Proyecto Teruel Clúster Maestrazgo fue desarrollado por Forestalia Renovables, S.L, catalogado como un ‘proveedor local’ y CIP es actualmente el gestor de fondos en energías renovables más grande a nivel global.
La empresa CIP se encargará de la edificación, inauguracion y administración futura del proyecto, convirtiéndose en su única dueña. La autonomía de Viento Alto en decidir su destino es ineludible. Durante la votación contra el Cluster en las Cortes, varios regidores de la zona asistieron para respaldarlo. Fernando Safont, regidor de La Iglesuela y líder de la Asociación de Viento Alto, especificó que los municipios recibirán 136 millones de euros durante los 30 años de existencia del parque y que se generarán 98 empleos fijos para el mantenimiento de los aerogeneradores. «Residen 3.000 personas en una región donde los ayuntamientos son los principales empleadores; es crucial que comprendan nuestro derecho inalienable a decidir nuestro destino, que hasta este punto ha recibido poco apoyo,» afirmó. Ahora, se espera el cumplimiento de las compensaciones energéticas prometidas por Forestalia. No obstante, la contestación externa está en aumento, ya que aquellos que se oponen y los afectados sostienen que la autonomía municipal que estos regidores reivindican no puede ejercerse cuando el impacto supera ampliamente al municipio. Diversos pueblos del Maestrazgo donde se planean las energías renovables del Clúster modificaron sus planes de desarrollo urbano para eliminar la protección establecida en sus planes. Estos son pueblos que tenían regulaciones para mantener el equilibrio de su patrimonio natural y cultural, que fueron alteradas para facilitar los parques que el Gobierno de España autorizó este verano.
