Las exclarisas están listas para luchar ante el Arzobispado en un intento por retener el monasterio de Belorado, lo cual ellas afirman es suyo. Este desacuerdo ha provocado una demanda y amenaza con un desalojo inminente. Florentino Aláez, el abogado que representa a las ex-religiosas, advierte que si la situación continua en este camino, podrían enfrentarse al embargo del convento, y ya no será propiedad de nadie.
Este histórico convento se ha convertido en el objeto de una contienda mayor entre el Arzobispado de Burgos y las exclarisas, ambos declarándose los legítimos propietarios. Lo que inicialmente fue un conflicto religioso ha evolucionado a un litigio jurídico que se está dirimiendo en los tribunales, y podría resultar en un monasterio sin dueño.
Aláez está trabajando en una respuesta legal para intentar evitar un desalojo potencial, ya que afirma que las monjas aún no han sido oficialmente notificadas del desahucio. Argumenta que ésta no es la manera adecuada de manejar la situación, y que deberían negociar antes de llegar a esta situación lamentable.
El portavoz de las ex clarisas recientemente hizo pública una carta dirigida al Arzobispado en El Confidencial, intentando refutar varias de sus alegaciones judiciales. Acepta ciertos eventos narrados por la archidiócesis, como que el 6 de junio algunos de sus representantes se acercaron al monasterio para dialogar con las monjas y negociar, pero según ellos, ni fueron escuchados ni se les permitió ingresar. Sin embargo, el letrado de las arrendatarias de Belorado proporciona una explicación: poco tiempo después, las antiguas clarisas establecieron una especie de comité, del cual él, junto con otros abogados y «personas de confianza», formaba parte, para discutir su postura legal para negociar con la Iglesia. «Es el procedimiento usual: en estos asuntos normalmente son los abogados los que hablan, no las partes involucradas», afirma.
En la carta en la que defendía la postura de las ex monjas, se realizaron severas críticas al Arzobispado, al cual acusaron de «intrometerse en propiedad ajena», refiriéndose al monasterio, cuya propiedad, afirman, no pertenece a la archidiócesis. Su principal argumento responde al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, quien afirmó que la abadía pertenece a la comunidad eclesiástica. En este último punto ambas partes están de acuerdo, pero discrepan en quién representa exactamente a dicha comunidad. Según el abogado de las ex clarisas, y así lo manifestó en la carta, serían sus representadas y todas las habitantes del lugar desde el siglo XIV.
La defensa de las ex monjas
La argumentación destaca que la abadesa, en este caso, sor Isabel, una de las desobedientes, es la que tiene la potestad legal sobre las monjas de Belorado, y no la orden religiosa de Santa Clara (a la que antes pertenecían) ni el Arzobispado. Aláez argumenta en su texto que la excomunión de las clarisas no sólo tiene un significado puramente religioso o eclesiástico, sino que trae consigo consecuencias legales al grado de despojar a casi todas las monjas de los derechos que poseen según la ley española. Es tarea del tribunal decidir si esto es o no verídico. El asunto actualmente está en el Juzgado de Briviesca, en Burgos, ya que la archidiócesis levantó una demanda en contra de las nueve desviadas.
El representante legal de las exmonjas reconoce el derecho de los católicos de hacer acto de presencia en el convento a su consideración, pero opina que sus representadas tienen el derecho de negarles la entrada para reconsiderar la situación. «Después de ese episodio les enviamos un burofax en el que nos presentábamos como sus defensores e intermediarios legales e insistimos en que nos informaran quiénes serían los suyos para así, poder iniciar negociaciones. Sin embargo, el arzobispo decidió no colaborar», afirma el abogado de las antiguas monjas. El documento, muy recientemente expuesto a este diario, fue enviado dos semanas después de que miembros del Arzobispado visitaran el lugar.
Las habitantes de Belorado propusieron a la contraparte determinar una fecha, lugar y tiempo para que sus representantes pudiesen encontrarse y conversar. Todo esto fue firmado por todas las exclarisas, incluyendo a Teresa Roca (Hermana Paz), la única que ha dejado el convento hasta la fecha. Posteriormente, la archidiócesis presentó una demanda. ¿Lograrán tener éxito y retomar el control del convento, o las monjas serán capaces de permanecer allí?
Los célebres dulces, un comercio en ruinas
Si no se llega a un acuerdo, una de las alternativas es que el monasterio pase a manos del gobierno y se le aplique un embargo, para luego ponerlo a la venta en una subasta pública. Especialmente porque muchas de las facturas todavía están a nombre de la diócesis, que ha dejado de pagar a los proveedores desde que las monjas se separaron de la Iglesia. Previamente a la rebelión interna y la notoria ruptura con el Vaticano, este convento era famoso por su repostería, elaborada de manera artesanal y tradicional, en el obradorio del lugar: trufas, bombones, cajas con surtidos variados… «Además de ser un espacio para la contemplación, el monasterio era un negocio que ellas mismas utilizaban para cubrir los gastos de la abadía y saldar otras deudas», afirma su representante. «Sin capital ni proveedores, el negocio está en decadencia».
Independientemente de la situación, una preocupación predominante entre las hermanas religiosas es la percepción pública «retorcida» del asunto que, según ellas, está surgiendo. «La gente está convencida de que han tomado el convento y habitan allí a pesar de no tener derecho a hacerlo», destaca su letrado, argumentando que el auténtico propietario «no es la archidiócesis, ni la orden religiosa, sino solo la comunidad de Santa Clara de Belorado». Es decir, las 14 monjas restantes: «Es nuestro». Sin embargo, incluso con este alegato, hay otro factor a considerar: no todas las monjas están unidas. Entre ellas, solo nueve han sido excomulgadas y excluidas de la Iglesia, mientras que poco más se sabe sobre las demás, excepto que están «indispuestas» o son demasiado ancianas y «dependientes», según el arzobispado. No obstante, cada una firmó el burofax enviado al arzobispo el 20 de junio, como resultado de la separación.
«La gente piensa que han usurpado el convento», protestan las monjas exclarisas a través de sus defensores.
A pesar de que sus abogados siguen esperando la demanda anunciada por el arzobispo para entender sus argumentos y preparar su defensa, se ciñen al artículo 16 de la Constitución Española como su principal defensa. Este principio garantiza la libertad religiosa y rechaza la «naturaleza estatal» de cualquier credo, lo que según los abogados también implica que la Iglesia las está castigando legalmente por una elección vinculada a su fe. Anticipan que esto será una de las estrategias de defensa y sostienen que persistirá la lucha para constituirse como una asociación civil.
Las ex-clarisas se dirigieron al Ministerio de Interior, el cual maneja el registro de entidades, con algunas peticiones. Sin embargo, sus solicitudes no fueron concedidas. Incansables, han presentado diversas apelaciones para cambiar su situación. Si esto no da resultados, ellas tienen planes de acudir a otra instancia legal, la del contencioso-administrativo, como último recurso. No obstante, son conscientes de que el proceso puede ser largo ya que tales objeciones generalmente toman varios meses para solucionarse. Sin importar lo que suceda, se mantienen firmes y aseguran desde Belorado que lucharán con la verdad de su lado.
