El Partido Popular (PP) de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, está delineando una estrategia para enfrentarse al polémico nuevo impuesto de residuos, a menudo llamado el ‘tasazo’ de basuras. Los municipios gobernados por el PP en toda la región están cerca de implementar recortes tributarios y concesiones fiscales como respuesta al nuevo impuesto, que se hará efectivo en abril del próximo año.
El objetivo es subrayar que este impuesto no es responsabilidad de los municipios, y usarlo como una herramienta política contra Pedro Sánchez.
Instituido por la Ley 7/2022 del 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, el plazo para la implementación del impuesto se acerca rápidamente, y los gobiernos locales están empezando a evaluar las repercusiones de la medida.
El enfoque es tanto contable como político. Existe evidente preocupación en todas las administraciones, sin importar su orientación política, ya que es un impuesto que ha surgido repentinamente y se percibe como altamente impopular. Cabe recordar que el PP lleva un tiempo denunciando el ‘tasazo’, y ahora se prepara para pasar a la acción, justo cuando se están preparando los presupuestos municipales y las ordenanzas fiscales.
La estrategia está en vigor en toda la comunidad. Esta semana, Alcalá de Henares introdujo una serie de acciones que, según calculan, reducirán la presión fiscal en aproximadamente 5 millones de euros. Bajo el liderazgo de Judith Piquet, el consistorio implementará recortes en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), junto con otras medidas. Por otro lado, José Luis Martínez-Almeida en Madrid está contemplando concesiones similares para balancear el nuevo tributo, según informan desde el área de Economía y Finanzas. «Indudablemente todos aquellos municipios en condiciones de reducir impuestos lo harán para contrarrestar la obligación del Gobierno», señalan desde el Partido Popular (PP) de Madrid, enfocados en la contienda fiscal con Sánchez y con una estrategia propia.
El tributo, que cumple con una directiva europea, es un deber de todos los ayuntamientos españoles y tiene plazo hasta abril. «(…) Dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigor de esta ley, las entidades locales establecerán una tarifa o, si corresponde, una contribución de carácter no tributario, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita la implementación de sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de la recolección, transporte y tratamiento de residuos», según la Ley 7/2022.
Sin embargo, aún persisten varias incógnitas en torno a la aplicación. Incluso los principales ayuntamientos dirigidos por el PSOE propusieron en la Federación de Municipios de Madrid (FMM) que se fijara una tarifa única para todas las ciudades, pero fue rechazada por el PP, que veía en esta propuesta un intento de «blanquear» la obligación impuesta por el gobierno del PSOE y Sumar.
La táctica del Partido Popular (PP), a escala nacional, pasa por alto la carga fiscal y tiene como meta asociar el nuevo impuesto con el Gobierno. Señalan que «Sánchez debe hacerse cargo». Informantes de Génova señalan a El Confidencial que se concentrarán en este asunto, basándose en el hecho de que no es un requerimiento de la Unión Europea, sino una de las opciones que se propuso. «Es una tarifa impuesta por Sánchez en la ley de economía circular. Lucharemos para que todo el mundo sea consciente de que es el impuestazo de basura de Sánchez», exponen desde la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible, dirigida por Paloma Martín, antigua consejera de Ayuso en la Comunidad de Madrid.
El panorama es incierto y las peticiones aumentan en todos los ámbitos. La Federación Madrileña de Municipios y Provincias (FEMP) celebró una reunión el viernes con la Federación Española de Familias Numerosas, en la que el tema principal era la insistencia de que no sean castigados por producir más volumen de basura.
Los inspectores de Hacienda municipales también han expresado en repetidas ocasiones sus interrogantes técnicos en torno al ‘impuestazo’. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local sostiene que el impuesto podría estar en conflicto con la autonomía que la Constitución Española otorga a los municipios para su governo, administración y gestión, así como con la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que les concede la capacidad de establecer sus propios impuestos. En términos prácticos, según informó este periódico, podría desembocar en una avalancha de demandas en los tribunales.
Isabel Díaz Ayuso, liderando el PP de Madrid, se está preparando para lanzar un ataque contra lo que se conoce como ‘tasazo’ de basuras. Los ayuntamientos bajo el control de los populares en toda la región están finalizando recortes de impuestos y beneficios fiscales para equilibrar el nuevo impuesto, que se implementará en abril del próximo año, sobre la gestión de residuos. La estrategia está bien definida: hacer evidente que este impuesto no es responsabilidad de los municipios y usarlo políticamente contra Pedro Sánchez.
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