Las exmonjas clarisas de Belorado se encuentran en medio de una controversia religiosa y jurídica. El Arzobispo de Burgos, Mario Iceta, las excomulgó en junio tras anunciar su separación de la Iglesia católica y el Vaticano.
Ahora, la situación ha cambiado, ya que el Arzobispado presentó una demanda el lunes para expulsar a las exmonjas de su convento.
Las exmonjas, sin embargo, están preparando su defensa. Florentino Aláez Serrano, uno de sus abogados, denuncia el intento de desahucio y ha enviado una misiva a El Confidencial en la cual expresa sus razones para disputar algunas de las alegaciones del Arzobispo.
Titulares de periódicos anuncian el desahucio de las monjas de Belorado por parte del Arzobispo de Burgos. No obstante, es evidente que el litigio será largo y tomará varios años para alcanzar su meta. Hasta que no se revele la demanda (¿por qué no es pública?), solo se pueden hacer conjeturas sobre sus argumentos y factibilidad.
El 16 de septiembre, la archidiócesis publicó un comunicado de prensa conciso sobre el acontecimiento. La nota requiere una lectura cuidadosa para entender tanto lo explícitamente dicho como lo implícito. Confirma que la abadesa entregó un documento en representación de la comunidad expresando su decisión voluntaria de renunciar a la Iglesia católica. De esta afirmación, se puede inferir que la comunidad monástica fue la que dejó la Iglesia. Eso es cierto, ya que en ese momento, la abadesa tenía la representación legal de la entidad según sus estatutos y llevó a cabo una decisión unánime del capítulo conventual.
El «derecho de libre elección para abandonar la Iglesia católica» es un derecho fundamental que el artículo 16.1 de la Constitución concede a las individuos y comunidades. Este acto rompe el lazo de dependencia que hasta entonces ligaba a la entidad monástica con la religión madre. Tras esta separación, queda la interrogante: ¿Cómo puede un arzobispo (católico) dirigir una entidad no católica? Esa es la pregunta que se está esperando que se responda.
«Nos interesa conocer las justificaciones del arzobispo para iniciar una batalla implacable contra quienes una vez fueron sus hermanas»
Es verdad que, igual que la comunidad puede optar por desligarse de la Iglesia, el Arzobispo tiene el derecho de excomulgar a su elección. Prosigue el comunicado afirmando que una vez decretada la excomunión, «como resultado, desde ese instante, las antiguas religiosas dejan de tener un estatuto legal que les permita residir en las propiedades de los monasterios que habitaban». Según su autor, la excomunión va más allá de ser una acción puramente religiosa o interna de la Iglesia, dado que tiene implicaciones legales, hasta el extremo de desposeer a prácticamente todas las monjas que componen la comunidad de los derechos que esta, la comunidad, posee conforme a las leyes españolas. Además, se espera que este efecto sea ratificado por un juez e impuesto con su autoridad en contra de los deseos de sus habitantes legítimas, que forman parte de la entidad propietaria del monasterio desde al menos el siglo XIV. Esta situación sólo es viable en un estado confesional, como lo era España antes de la promulgación de la Constitución.
Si alguien intenta desalojar a quienes tienen un derecho legítimo, ¿qué autoridad le permite solicitar la intervención judicial? La nota no proporciona ninguna claridad. Existe un malentendido común de que las partes enfrentadas están o estarán debatiendo acerca de la posesión de la propiedad. Esto no es correcto. Sabemos por comunicados anteriores que el arzobispo admite la entidad legal del monasterio y que solo este (no la Iglesia Católica, ni la archidiócesis de Burgos, ni la Orden de Santa Clara) posee el edificio y los demás bienes que constituyen su patrimonio. En otras ocasiones, ha mencionado estos bienes como eclesiásticos o de propiedad eclesiástica, términos poéticos o figurativos que no tienen relevancia legal en España. Es similar a hablar de bienes familiares. No existen tales bienes ya que la familia no tiene personalidad jurídica y por ende, no puede poseer nada.
«Si alguien intenta desalojar a quienes tienen un derecho legítimo, ¿qué autoridad les permite solicitar la intervención judicial?»
Entonces, ¿por qué el arzobispo se entromete en una propiedad que no es suya? No es la primera vez que sucede. Varias diócesis han registrado propiedades de comunidades monásticas a su nombre, como el monasterio jerónimo de Santa Isabel en Mallorca, por el cual el obispo continúa luchando ante el Tribunal Supremo a pesar de dos sentencias desfavorables.
El prelado se identifica como el encargado y delegado del claustro. No obstante, se calla sobre su papel de comisario papal asignado por la Santa Sede, que ha citado en otras instancias, aunque este puesto no tiene efecto en un país laico referente a un colectivo que, cuando fue designado (23 de mayo), ya no formaba parte de la Iglesia católica (desde el 8 de mayo).
El texto se refiere también al rechazo inicial del Departamento de Interior de registrar las entidades surgidas de la transformación de los monasterios, algo que denominan «legalmente imposible». Tiempo al tiempo para ver si realmente es insostenible. En cualquier caso, aunque no esté registrada, la asociación se crea, adquiere personalidad jurídica, sus órganos estatutarios trabajan normalmente y su presidente y comité ejecutivo ejercen todas las funciones de gestión y representación inherentes. El artículo 22.3 de la Constitución afirma que «las asociaciones formadas al amparo de este artículo deberán registrarse solo para fines publicitarios». Y para aclarar, el Departamento no tiene autoridad para decidir la validez y efectividad de la transformación, que en su caso, se debatirá ante los tribunales.
Nos gustaría conocer más sobre las motivaciones del arzobispo para desatar un conflicto sin tregua contra aquellos que no representan ninguna amenaza para él, quienes durante mucho tiempo han sido sus fieles seguidores y que, como cualquier individuo libre, desean seguir su conciencia (o el Dogma de la Iglesia Católica, en la que aún creen) y ser dignos de respeto. Si quisieran, él o sus representantes legales, podrían discutir públicamente… (o en privado).
La tensión religiosa y jurídica persiste en el monasterio de Belorado. A finales de junio, Mario Iceta, el arzobispo de Burgos, excomulgó a diez clarisas del convento tras declarar su separación de la Iglesia Católica y la Santa Sede de Roma.
