Vox solicita que se interrogue a los cercanos aliados de Marlaska y al segundo al mando del departamento de Interior en relación con el caso Koldo. Además, piden tomar declaración al oficial de policía involucrado en la adquisición de máscaras de protección y registrar su residencia en busca de la acta de la reunión en la que supuestamente se decidió contratar al grupo investigado.
Vox ha enviado un informe al juez encargado del caso Koldo solicitando que se interrogue como testigo a Rafael Pérez, el Secretario de Estado de Seguridad, y a José Antonio Rodríguez, uno de los hombres de confianza del Ministro Grande-Marlaska.
Esta solicitud se hace después del testimonio de Daniel Belmar, el oficial de policía que gestionó el contrato del departamento de Interior con el grupo investigado. Este jueves Belmar, ahora retirado y antiguo subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad del Ministerio del Interior, informó que su departamento dependía directamente de la Secretaría de Estado y vinculó a Rodríguez con la operación bajo investigación. A pesar de que ha pasado la edad de retiro, Rodríguez sigue asesorando al ministro en su papel de responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios. De acuerdo con la investigación, Belmar fue quien llevó a cabo la compra de mascarillas, aunque en su declaración indicó que contó con la aprobación de Rodríguez. Vox sostiene que en el testimonio de Belmar se ha evidenciado «una clara negación de los hechos consignados por la UCO en diversos informes», así como «obvias contradicciones entre los documentos presentados en los autos en los que su intervención está demostrada, pero fue negada en el testimonio practicado».
Belmar ha testificado al magistrado que gestionó personal y exclusivamente estos contratos en nombre del Ministerio del Interior, algo que Vox enfatiza dada la multitud de individuos involucrados en la gestión de contratos similares en otros Ministerios como el de Transportes y el de Salud. Santiago Abascal, líder del partido político Vox, destaca que las respuestas de Belmar han sido ambiguas y a menudo evasivas, citando fallos de memoria que, en su opinión, contrastan con la seriedad del escenario, cuya relevancia y urgencia debería haber dejado una impresión duradera en todos los participantes. Vox hace hincapié en que Belmar, según informó El Confidencial, aseguró a los agentes de la UCO que tenía información e incluso mostró evidencia de un acta de una reunión interministerial, pero no permitió su lectura. Este hecho está documentado en un sumario estudiado por el periódico mencionado. Dicha acta nunca se entregó a la Guardia Civil, razón por la cual Vox solicita que se investigue la vivienda de Belmar en un intento por ubicarla, así como cualquier dispositivo móvil que posea. Belmar, este jueves, ha negado conocimiento de la misma, a pesar de la existencia de pruebas documentales y numerosas referencias a esta reunión interministerial durante los testimonios. Fuentes legales presentes respaldan que Belmar ha llegado a negar por qué los investigadores incluyeron esto en sus informes y ha sugerido que pudo ser malinterpretado. Vox, en consecuencia, insta a inculpar a este ya retirado oficial de policía y a remitir al juzgado todos los documentos en poder del Ministerio del Interior relacionados con el acuerdo con la empresa de la trama Soluciones de Gestión, que ascendió a casi 3,5 millones de euros.
El grupo político ha pedido la declaración como testigo de José Manuel Fraile Azpeitia, exadministrador de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior, organismo encargado de la compra de material. Según la UCO, Fraile Azpeitia ya ha señalado que las decisiones de compra fueron tomadas previamente por la dirección de Belmar. Además, se ha solicitado al juez que investiga el caso conocido como Koldo, la inclusión de las minutas de los Consejos de Ministros realizados entre el 2 de enero y el 31 de agosto de 2020 con referencia a las contrataciones realizadas durante el periodo covid-19, así como las minutas del Comité de Evaluación y Seguimiento de COVID-19 y del Comité de Coordinación Interministerial por la amenaza a la Salud Pública por el coronavirus. También se ha solicitado el testimonio del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y del comisario José Antonio Rodríguez, aliado de Grande-Marlaska, tras la declaración del policía Daniel Belmar, quien gestionó el contrato de Interior con la trama investigada. Este último ha señalado en su declaración que su departamento dependía directamente de la Secretaría de Estado e involucró al comisario Rodríguez en la operación.
