El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sugiere que podrían haber otros implicados en la evasión de Puigdemont. Ha enviado a los tribunales de Barcelona los informes de los Mossos d’Esquadra y del Ministerio del Interior referentes a las razones por las cuales Carles Puigdemont no fue arrestado cuando apareció en público en Barcelona el 8 de Agosto pasado.
Llarena señala que estos documentos no identifican obstáculos específicos que pudieron haber llevado al fracaso del intento policial de arresto. Por lo tanto, ha remitido toda la información para cualquier trámite legal apropiado, indicando que la implicación de otros individuos no evidentes en la fuga de Puigdemont no se puede descartar.
Llarena identifica en particular dos posibles infracciones. La primera indica que cualquier autoridad o funcionario que, de manera intencional, no promueva la persecución de un delito del que ha sido informado, podría enfrentar la pena de inhabilitación para desempeñar un empleo o cargo público por un plazo de seis meses a dos años. La segunda señala que cualquier individuo que, después de la comisión de un delito tras estar al tanto de la misma y sin haber participado directa o indirectamente, asiste a los presuntos criminales a evitar la investigación de las autoridades o a eludir su captura, podría enfrentar una sentencia de prisión de seis meses a tres años.
El juez envía estos informes a los tribunales de Barcelona ya que no tiene potestad para investigar los incidentes. Pese a que el informe autónomo destaca las complicaciones para llevar a cabo la detención del acusado durante la gran concentración de personas a la que se unió, y a pesar de mencionar la posible implicancia de tres individuos en la huida, los informes no revelan obstáculos que impidieran que la operación policial pudiera detectar al acusado fugitivo en su paso hacia el lugar donde se unió al gran grupo de personas que esperaban por él, y, además, no vulneran la incapacidad para llevar a cabo efectivamente su consecuente seguimiento y captura», advierte.
Cuando Llarena menciona a «tres individuos», se refiere a los tres oficiales de los Mossos d’Esquadra que habían sido detenidos previamente por supuestamente ayudar al ex presidente catalán, y luego plantea la posible «implicancia de otros culpables», añadiendo la frase de «no aparente».
Como se informó en El Confidencial el anterior 18 de agosto, el Ministerio del Interior también evitó identificar a los responsables de la operación sobre Puigdemont. Su informe resumía en apenas cinco páginas las explicaciones que el juez había requerido, aunque no contestaba a sus preguntas sobre quién ordenó las acciones posteriores a la huida ni quién las aprobó.
El 8 de agosto, ante la posibilidad de que el antiguo presidente pudiera hacer su aparición en el Parlamento para unirse a la porción restante del acto de investidura y votación por el candidato Salvador Illa, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil implementaron un operativo conjunto alrededor del Parlament. Sin embargo, el operativo resultó infructuoso ya que el prófugo no fue localizado, según el informe.
Además, a lo largo del día, los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior llevaron a cabo numerosas verificaciones de diversa información en circulación. El documento oficial también detallaba los sitios precisos donde se realizaron controles de carretera con el fin de capturar al líder secesionista durante su huida. Se mencionaban hasta 15 puntos entre Lleida y Girona, aunque no se especificó la organización policial asignada para dichos controles.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, envió a los tribunales de Barcelona los reportes de los Mossos d’Esquadra e del Ministerio del Interior sobre las razones que impedieron la captura de Carles Puigdemont cuando se presentó públicamente en Barcelona el pasado 8 de agosto. Llarena señaló que estos informes no muestran «obstáculos» específicos que justifiquen el fracaso del operativo policial, y por ello, ha remitido la información “para los correspondientes efectos legales», con la advertencia de que no se puede descartar la «participación de otros responsables no obvios» en la fuga.
