El Gobierno ha esbozado una serie de medidas para combatir las ‘noticias falsas’ y regular el financiamiento de los medios de comunicación. Entre ellas se encuentra la creación de un registro de medios, controlado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, para transparentar la propiedad de los mismos y la inversión publicitaria que perciben.
Esta iniciativa se enmarca en un plan de democracia más amplio que busca la regeneración y la transparencia de los medios, algunas de estas medidas siguen la línea del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Sin embargo, estos son solamente planes iniciales para futuras reformas legales que desatan una serie de debates.
Por ejemplo, la distinción entre medios y pseudomedios, terminología introducida por el Gobierno, todavía necesita ser definida, pero la voluntad es llegar a un acuerdo con las asociaciones profesionales y los grupos parlamentarios. El presidente Pedro Sánchez ha argumentado que los medios de comunicación no deberían recibir más financiación que su cantidad de lectores y ese financiamiento no debería depender del gobierno. Este planteamiento lleva también a impulso de una reforma de la ley de Publicidad Institucional.
Incluso si el Gobierno no divulga la información, ahora se compromete a mostrar transparencia y pretende que las autonomías también lo hagan. Apuntan indirectamente a las regiones del PP de financiar a medios con posturas conservadoras para desestabilizar al ejecutivo. El texto señala la necesidad de establecer límites sobre cuánto pueden aportar las administraciones públicas a los medios, evitando que cualquier medio de comunicación dependa fundamentalmente de tales administraciones. Esta propuesta alentaría al Gobierno para legalmente revelar cómo se utiliza la publicidad institucional. Cuando la ley se modifique, los criterios para distribuirla deberían ser ‘transparentes, proporcionales y no discriminatorios’. Con el objetivo de alcanzar esta meta, el ejecutivo implementará un sistema de medición de la audiencia, que deberá prevenir distorsiones en las cifras reales de visitas. FEélix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura, están encargados de desarrollar este plan, que la Moncloa impulsará según le convenga. De acuerdo con Urtasun, el objetivo es ‘hacer que la distribución de la publicidad institucional sea más justa, y prevenir que se financien medios sospechosos que fomentan la desinformación y la propagación de ‘noticias falsas’. Además, se planea cambiar las leyes que protegen el derecho al honor y a la rectificación. A pesar de que no se han observado problemas al implementar estas leyes y de que de hecho su uso genera dudas entre los periodistas, el Gobierno considera que su regulación es ‘obsoleta’ ya que se adecúa al entorno de los medios de comunicación de los años 80, y requiere actualizarse.
Bolaños destacó la necesidad de proporcionar a los ciudadanos afectados por falsedades o información dañina una respuesta rápida y eficaz de los tribunales. Según fuentes gubernamentales, esta reforma surge a raíz de los ataques a la privacidad y la persecución sufrida por algunos ministros y sus familias por parte de seguidores de medios extremistas y políticos como Alvise. El plan de acción democrática también aborda aspectos electorales, como la obligatoriedad de realizar debates entre los candidatos. Sin embargo, los detalles específicos aún no se han detallado. Se menciona que en el período previo a unas elecciones se requerirá la inclusión de microdatos en las encuestas. En la Moncloa, están convencidos de que ciertas empresas demográficas, o aquellos que las contratan, intentan influir en las elecciones, generando una atmósfera de opinión contra el gobierno. No se hace referencia a los efectos de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que suelen favorecer a los partidos de izquierda. Todavía no se sabe en qué punto del proceso electoral se exigirá la publicación de microdatos junto a las encuestas. No se ha discutido levantar la prohibición de publicar encuestas en la última semana de campaña. Las medidas propuestas incluyen cambios en el Código Penal para abordar una reforma completa de los delitos contra la libertad de expresión que afectan a las instituciones estatales y a la Corona. Sin embargo, no se aclaró si se eliminará o modificará el delito de difamación contra la monarquía. Bolaños no lo confirmó, dejándolo a la aprobación del Congreso. Fuentes de Sumar aseguran que se ha acordado, con el consentimiento de los socialistas, retirar este tipo de protección.
La iniciativa de restauración democrática del Gobierno involucra la adopción de mayores salvaguardas para la independencia de los medios de comunicación. El documento aboga por la implementación de nuevas medidas para evitar influencia política o empresarial en los profesionales de los medios, para salvaguardar la independencia editorial y los derechos de dichos profesionales. Asimismo, se planea impulsar la ley que protege el secreto profesional de los periodistas, reforzando así su protección contra interferencias externas. Sin embargo, estas propuestas salen a la luz al mismo tiempo en que surgen informes de que el PSOE ha recolectado información en contra de jueces y periodistas.
Las iniciativas principales incluyen:
1. La aprobación de la nueva Estrategia de Gobierno Transparente y la presentación al Parlamento del Anteproyecto de Ley de Administración Pública Abierta. Este plan se enfoca en la intensificación de la transparencia, fortalecimiento del control sobre los funcionarios públicos, y ampliación de la participación del público y de la sociedad civil en asuntos de estado.
2. La organización de la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Transparente que se realizará en Vitoria-Gasteiz en el otoño de 2025, con la participación de expertos y líderes gubernamentales globales.
3. Conclusión de la implementación del IV Plan de Gobierno Transparente (2020-2024) y preparación del V plan conjuntamente con la sociedad civil.
4. Sanción del Acuerdo que aprueba el Sistema de Integridad de la Administración Pública Nacional.
5. Inclusión de una obligación legal para las administraciones de informar cada seis meses sobre su gestión.
Se ha aprobado una táctica enfocada en mejorar la transparencia y reforzar la lucha contra la corrupción como parte de la Ley 2/2023. Se ha validado el Real Decreto para la instauración de la Autoridad Independiente para la Protección del Informante, tal como se detalle en la Ley 2/2023. También se ha dado luz verde al Real Decreto para reforzar la estructura orgánica del Ministerio Fiscal mediante la creación de dos divisiones especializadas dentro de la Fiscalía General del Estado con el objetivo de combatir la corrupción, tanto pública como privada. Además, se ha reformado la Ley 9/1968, concerniente a los secretos oficiales y se ha creado un registro para medios de comunicación, proporcionando acceso público a la información de su propiedad e inversión publicitaria. Se ha establecido la obligación de que todas las administraciones públicas publiquen anualmente sus inversiones publicitarias. La Ley de Publicidad Institucional ha sido modificada para establecer criterios de transparencia, equidad, y no discriminación en su asignación, garantizando que los sistemas de medición de audiencia y la metodología utilizada observen los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Además, se prestará apoyo a los medios de comunicación que operen completamente en lenguas oficiales distintas al castellano. Se ha impulsado la ley de secreto profesional para proteger las fuentes de los periodistas. Por último, se ha adoptado la Directiva anti-SLAPP para salvaguardar a los periodistas de acoso externo.
Se llevó a cabo la reforma del artículo 36, inciso 23, de la Ley Orgánica 4/2015, fechada el 30 de marzo, la cual se centra en la cuestión de la penalización relacionada con el uso de imágenes de las fuerzas del orden públicas. En adicion a ello, se enfatizó el fortalecimiento de la autorregulación de los medios digitales y las plataformas en el contexto del código de buenas prácticas a nivel europeo. Se establecieron restricciones en cuanto a la cantidad de financiamiento que las entidades gubernamentales pueden proporcionar a los medios de comunicación, con el objetivo de evitar que los medios sean controlados o dependan de estas instituciones. Se llevó a cabo una revisión del esquema regulatorio para garantizar la diversidad mediática, evitando la consolidación de los medios de comunicación. Se aprobó un plan nacional en contra de las estrategias de desinformación. Se reformó la Ley Orgánica 1/1982, del 5 de mayo, para mejorar el proceso y hacer efectiva la rectificación de noticias falsas o de carácter tendencioso, con compensaciones y periodos de tiempo adecuados. Se propuso una reforma completa de los artículos del Código Penal que podrían incidir en el derecho a la libre expresión y a la creación artística, entre otros aspectos, cuando se refiere a las instituciones del Estado, a delitos contra los sentimientos religiosos, o a la ridiculización pública u otros temas, con el objetivo de adaptar su redacción a los estándares de países de nuestro entorno y acatar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación a difamaciones y su adecuación legal.
Se ha puesto en marcha un programa de subsidios con un presupuesto de 100 millones de euros destinado a impulsar la digitalización de los medios de comunicación. Esto se logrará mediante la creación de bases de datos, el avance de herramientas para perfeccionar la productividad y calidad de información y el fortalecimiento de la ciberseguridad. Se implementará una reforma en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para adquirir habilidades en áreas de servicios digitales y medios de comunicación, alineándose con la creación a nivel europeo del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación.
Además, se instaurará una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación e igualmente anuncian reformas tanto en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General como en el Reglamento del Congreso. Estos cambios establecerán la obligación de celebrar debates electorales entre los candidatos, la publicación de microdatos de las encuestas electorales de manera anónima y el fortalecimiento de las sanciones por no declarar bienes o proporcionar información falsa o incompleta por parte de los miembros del congreso.
A todo esto, se suma la aprobación de la Ley de Grupos de Interés que regulará su código de conducta y permitirá monitorear el proceso legislativo. Este plan de acción democrático, que incluye medidas de regeneración y transparencia mediática y que se presenta en medio de debates constantes sobre la duración de la legislatura y la estabilidad del apoyo parlamentario del Gobierno, fue presentado hoy por el Consejo de Ministros.
Este es simplemente un bosquejo preliminar de posibles modificaciones legislativas que generan una variedad de discusiones, varias de las cuales todavía no están definidas. Debido a su debilidad parlamentaria y la falta de comunicación con el PP, el Gobierno no puede asegurar que estas propuestas prosperen. En total, se anticipan alrededor de treinta iniciativas en diversas áreas, que serán aprobadas durante los próximos tres años.
