El Constitucional retoma las contiendas internas: «Buscan frenar a las comunidades rebeldes»

El Tribunal Constitucional se encuentra en medio de una creciente tensión interna: «Quieren frenar a las regiones rebeldes»
El sector conservador del TC argumenta que, hasta ahora, la legitimidad autonómica ha sido manejada de manera «muy flexible», y que cualquier alteración de este enfoque sería «una vuelta de tuerca difícil de defender»
Los escrúpulos del Tribunal Constitucional frente a las apelaciones presentadas por las regiones autónomas del PP contra la amnistía están a punto de incitar un nuevo conflicto interno que pondrá frente a frente a las facciones conservadoras y progresistas.

La idea de pedir un informe para verificar si tienen el derecho legítimo de apelar ha suscitado la ira de las regiones que lideran las apelaciones. Los conservadores, que no se opusieron a la elaboración del informe, ven ahora una táctica para sofocar argumentos contra la ley.

«El mensaje que se envía es que se encargarán de frenar a las regiones rebeldes», aseguran fuentes cercanas al sector de la derecha.
Desde esta facción, ven como una «manipulación» de la doctrina constitucional la posibilidad de que se rechacen las apelaciones o se de por finalizado el tema de esta manera, declarando a los 16 presentados, incluyendo uno del socialista Emiliano García-Page. Las fuentes consultadas indican que, hasta ahora, la conexión directa con las competencias autonómicas de las apelaciones presentadas desde las regiones ha sido manejada de manera «muy flexible» y que cualquier desviación de este enfoque sería «una vuelta de tuerca difícil de defender».

Los cuestionamientos que han llevado a la relatora del primer recurso autonómico planteado, Laura Díez, a solicitar un informe con la idea de que el criterio sea aplicable a todos los casos, surgen de la interpretación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Según esta ley, las regiones autónomas pueden entablar un recurso de inconstitucionalidad cuando la ley cuestionada «pueda influir en su propio área de autonomía».

Hasta ahora, varios liderazgos autonómicos han rechazado enérgicamente la medida. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, se ha quejado de que «ahora el TC» empiece a «dudar de todo». Desde Andalucía, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, ha sido incluso más crítico, refiriéndose a la medida como «atrocidad jurídica» y «estrategia para ganar tiempo». Estos comentarios han sido mal recibidos en el TC. La mayoría progresista lamenta el falta de respeto hacia la autonomía e independencia de la totalidad del tribunal que esto representa.

El hecho es que desde el sector conservador, se percibe la iniciativa como algo «innecesario». Las fuentes consultadas aseguran que hay una «doctrina consolidada» en varias sentencias que respaldan a las comunidades autónomas que se oponen a las leyes estatales. Recuerdan, por ejemplo, la sentencia de 2021 en respuesta al recurso de inconstitucionalidad del Parlament de Cataluña contra la Ley de Seguridad Ciudadana. En esta se aludía a resoluciones pasadas y se recordaba que la expresión que ahora ha dado lugar a la solicitud del ya controversial informe «no es tanto la preservación o definición del propio campo competencial, sino la depuración objetiva del orden legal mediante la invalidación de la norma inconstitucional».

En sentencias anteriores, ciertas datadas de la década de 1980, se ha llegado a afirmar que «las restricciones materiales a la legitimación de las comunidades autónomas para objetar las leyes estatales son en realidad una excepción». De acuerdo a esta tesis sostenida anteriormente, la facultad de las comunidades autónomas para presentar un recurso de inconstitucionalidad no estaría únicamente enfocada en la reivindicación de una competencia transgredida.

Estos recursos hacen hincapié en la relevancia del fallo 48/2003, el cual aceptó la legitimidad del gobierno vasco en oposición a la ley de partidos políticos «con la simple relación de que también existen partidos políticos en el País Vasco». «Basta aquí con reconocer la presencia de una vinculación material significativa entre la Ley Orgánica 6/2002, referente a los partidos políticos, y la jurisdicción de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aunque sea solo porque dicha ley establece las pautas legales que determinan la existencia y estructura de los partidos políticos», afirmaba dicho veredicto.

La suposición general es que el informe intentará indicar a los jueces «lo que deben hacer» y que será «algo distinto a lo que se ha practicado siempre». Fuentes del ámbito progresista interpretan la solicitud como una medida de estructuración interna del tribunal concebida para «ahorrar tiempo» y acelerar, por ende, la resolución final. El análisis de la amnistía apenas está en su inicio y ya está generando tensiones.

El Tribunal Constitucional parece vacilar frente a los recursos interpuestos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP contra la amnistía, una situación que podría reavivar una lucha interna entre los grupos progresistas y conservadores. La decisión de pedir un informe que verifique la legitimidad de las comunidades para presentar dichos recursos ha desatado el enfado de las regiones que están al frente de los reclamos. Los conservadores, a pesar de no haberse opuesto a la creación de este informe, perciben en ello un plan para sofocar los argumentos en contra de la ley. «El mensaje que se transmite es que se encargarán de poner freno a las comunidades rebeldes», declaran fuentes allegadas al sector derechista.