Sumar, el partido de Yolanda Díaz, tiene como objetivo restringir las subvenciones gubernamentales para la vivienda a aquellas regiones que no implementen restricciones de precios de alquiler, según su propuesta de ley de vivienda. Esta es una de las iniciativas que Yolanda Díaz llevará a las negociaciones con el PSOE para los Presupuestos Generales del Estado de 2025, aunque su aprobación sigue siendo incierta.
Esto conduciría a que sólo Cataluña, siendo la única region que sigue la ley sobre control de alquileres impulsadas por PSOE y Unidas Podemos, recibiría dicho apoyo financiero.
El conjunto de propuesta de Yolanda Díaz, presentado recientemente, da gran importancia a las políticas de vivienda, incluyendo la prohibición temporal de la venta de propiedades en «áreas tensionadas» a menos que sean el hogar principal de alguien o para alquileres «asequibles».
Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, Sumar sugiere incrementar al 21% el IVA de las viviendas turísticas y trabaja en la propuesta ya conocida de construir 500.000 viviendas para alquiler asequible entre 400 y 600 euros en áreas tensionadas. «Los jóvenes no pueden permitirse alquilar y vivir dignamente al mismo tiempo», afirmó la vicepresidenta segunda en el evento.
El plan para detener la asistencia prevé un enfrentamiento entre los socios, pues ninguna de las comunidades del PSOE ha implementado el control de precios en el alquiler, tal como lo contempla la legislación de vivienda. En Cataluña fue ERC quien implementó esta acción, y en Asturias y Navarra los mandatarios Adrián Barbón y María Chivite aún están evaluando su posible implementación. Mientras tanto, el gobierno de Emiliano García-Page ha precisado que su estrategia se concentrará en fomentar la construcción en conjunto con empresarios privados, una táctica similar a la de los líderes del PP en las 11 comunidades que lideran.
Yolanda Díaz mencionó una posible rebelión del PP, pero deberá desafiar a sus socios socialistas. Este lunes la ministra de vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, participó en Málaga en el inicio de un proyecto de construcción de viviendas junto al sector privado. Pero este no es el único punto de discrepancia que se perfila en las negociaciones presupuestarias; Díaz ha retomado la idea de introducir un impuesto sobre «grandes herencias» para gravar sucesiones que superen el millón de euros. Carlos Martín Urriza, portavoz económico de Sumar, propuso esta idea hace unos meses, pero fue rápidamente rechazada por el Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero, ya que dicho impuesto no estaba incluido en el acuerdo de coalición.
En el ámbito tributario, Sumar tiene planes de ajustar el IVA para disminuir su tasa sobre bienes y servicios «esenciales». Refiriéndose a sectores como las peluquerías, los pañales, la electricidad y los servicios veterinarios, Yolanda Díaz resaltó que «no puede ser un lujo» tener una mascota, teniendo en cuenta que 9 millones de personas poseen una. Díaz estaba acompañada de los otros miembros de su espacio político incluyendo a Ernest Urtasun, Sira Rego, Mónica García y Pablo Bustinduy.
Como contrapeso a esta reducción del IVA, Díaz hizo referencia a la necesidad de aumentar la tasa de IVA para los servicios privados de salud y educación. Además, Sumar sugiere incrementar el impuesto de sociedades y abolir los «privilegios» de la Iglesia Católica, con el objetivo de eliminar su exención del pago del IBI.
Díaz ha subrayado repetidamente su objetivo de disminuir la desigualdad, que es una parte esencial de las propuestas de Sumar en las negociaciones presupuestarias. Como parte de esto, Sumar propone una asignación de 200 euros mensuales por hijo hasta que cumplan 18 años.
Además, Sumar tiene la intención de limitar las ayudas estatales para la vivienda a las regiones autónomas que no implementen las medidas de control de alquiler previstas en la ley de vivienda. Esta propuesta formará parte de las negociaciones de presupuesto de Díaz con el PSOE para los Presupuestos Generales del Estado de 2025, a pesar de la incertidumbre sobre si el presupuesto será aprobado. De acuerdo con esta idea, solo Cataluña está actualmente calificada para recibir estos subsidios, siendo la única región que aplica el control de alquileres según la ley promulgada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura.
