El Tribunal Constitucional tiene reservas acerca de la validez de los recursos interpuestos por las comunidades regidas por el PP en oposición a la legislación de amnistía, y solicita un informe para dilucidar la cuestión. Cuestiona la aseveración que la ley impacta directamente su ‘ámbito de autonomía’, un requisito imprescindible para que cualquier comunidad pueda introducir un recurso de inconstitucionalidad.
Fuentes legales sugieren que el tribunal tiene serias dudas de que la ley en cuestión influya en dicho ámbito de autonomía, por lo que ha acordado encargar un informe preliminar para decidir si pueden o no introducir recursos en contra.
Según el artículo 162 de la Constitución, tanto los gobiernos como los parlamentos autonómicos tienen la capacidad general de introducir recursos de inconstitucionalidad, aunque se refiere a la ley orgánica que rige la operación del Constitucional, que especifica las condiciones necesarias para este tipo de acciones. El artículo 32 de este reglamento concede únicamente la legitimación plena para introducir estos recursos al Gobierno, al Defensor del Pueblo y a no menos de cincuenta diputados o senadores. Adicionalmente, dicho artículo establece que ‘para apelar la inconstitucionalidad de las leyes, reglas o actos con fuerza de ley del Estado que puedan impactar en su propio ámbito de autonomía, los órganos ejecutivos colegiados y las asambleas de las Comunidades Autónomas están también legitimados, previo un acuerdo adoptado para tal propósito’. Según informan El País y El Confidencial, el Constitucional disiente en que el requisito de ‘afectar a su propio ámbito de autonomía’ se cumple con la ley de amnistía.
Las 12 regiones bajo el gobierno del PP ya han impugnado la legislación citando su infracción a la igualdad y seguridad legal. Sin embargo, queda pendiente si el tribunal finalmente desechará estas objeciones sin evaluar la sustancia de sus argumentos. En este debate se iniciará con la apelación presentada por Aragón, que ha sido asignada a la jueza progresista Laura Díez. En caso de que la mayoría del tribunal decida no aceptar las apelaciones de las 12 regiones, el PP aún puede apoyarse en la apelación presentada por sus más de 50 legisladores. El Tribunal Constitucional pone en tela de juicio la legitimidad de las regiones gobernadas por el PP para disputar la ley de amnistía. Fuentes legales sugieren que el tribunal cuestiona si la legislación impacta su ‘esfera de autonomía’, y por consiguiente, ha acordado la elaboración de un informe preliminar para determinar si pueden o no presentar apelaciones contra ella.
