En un intento de hacer frente a la considerable alza del impuesto de basura, llamado ‘tasazo’ por muchos alcaldes, estos y los usuarios están en conflicto con la Xunta. El impuesto ha subido en un 64% y el Presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha respondido a las manifestaciones anunciando que su gobierno cubrirá una porción del incremento, atribuyendo la totalidad del aumento al Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero esta medida ha sido calificada de «tramposa» e insuficiente por la oposición y los alcaldes, por entender que perjudica a otras partidas del Fondo de Cooperación Local.
Este aumento en el canon que los ayuntamientos pagan a la empresa mixta que administra los residuos – y que a su vez afecta a los usuarios – será efectivo a partir de 2025 y afectará a 2.2 millones de gallegos residentes en 295 municipios.
Todos menos 18 tratan sus residuos a través de Sogama, una empresa con participación mayoritaria de la Xunta (51%) y una participación minoritaria de Naturgy (49%). El coste que estos municipios tendrán que pagar por cada tonelada de residuos aumentará de 66 a 108 euros. No obstante, el Gobierno gallego asumirá 24 de los 48 euros de la subida, según lo declarado por su presidente en la reciente sesión de control en el Parlamento.
Ana Pontón, la portavoz nacional del Bloque Nacional Gallego (BNG), exigió a Rueda que deje de usar «soluciones de parcheo» y «anuncios engañosos». Acusó a Rueda de no tener intención de eliminar el alza del canon de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), sino de pasar el costo adicional a los municipios y a los ciudadanos, quienes ya están afrontando el creciente costo de vida.
Por otro lado, la fracción socialista en el parlamento insta a la Xunta a cubrir completamente el canon con sus propios recursos, en lugar de hacer más recortes a los servicios sociales de los municipios o de hacer que los habitantes sean los que pagan por la mala gestión del Partido Popular.
La propuesta de aumento del canon fue presentada por primera vez por el presidente de Sogama, Javier Domínguez, en julio ante el Parlamento y se detalló en una carta a los miembros del consejo de administración a fines de agosto. Domínguez señaló que en el último año y medio, Sogama asumió por sí sola y sin trasladarlo a los municipios un costo adicional de 39 euros por tonelada de gestión de residuos debido al impacto de las decisiones unilaterales del Gobierno Central.
Una de estas decisiones es la nueva ley de residuos y suelos contaminados que entró en vigor en enero de 2023. Esta ley unifica los impuestos en los vertederos en todo el país para prevenir la competencia desleal en la gestión de residuos entre diferentes regiones autónomas. Galicia es una de las regiones que no aplicaba impuestos a la eliminación de residuos, lo que ha exasperado la crisis de su modelo de gestión de residuos. La nueva ley introduce un impuesto nacional sobre la disposición e incineración de residuos, concebido para desalentar estas dos prácticas en favor de otras más ecológicas, como el reciclaje.
Los alcaldes de las ciudades más perjudicadas, que están bajo la administración de partidos socialistas o nacionalistas excepto Ferrol, atribuyen el aumento de la tasa a lo que consideran un manejo incompetente de los residuos por parte de Sogama, que se basa principalmente en la incineración y el vertido. Sogama y la Xunta, por otra parte, señalan al gobierno como responsable del incremento de la tasa. Esta no solo se debe a la implementación de una nueva ley, sino también a la eliminación de la compensación que Sogama recibía por la central termoeléctrica de Cerceda – el centro de las actividades industriales de la organización – y al impuesto estatal sobre la producción de energía.
El presidente de Sogama explicó al consejo que la organización había ajustado el canon para 2024 en un intento de mitigar su efecto tanto como fuera posible con el Fondo de Cooperación Local. Esta decisión evitó que las cuotas subieran en muchos municipios. Sin embargo, ante la perspectiva de que la situación actual persista en el futuro, se realizó un análisis financiero que recomendó el incremento del canon. «El actual solo cubre la mitad del costo real», afirmó Domínguez, quien calculó un costo de 120 euros por tonelada.
«El único causante del incremento del canon es el gobierno central debido a sus acciones unilaterales», afirmó el presidente de Sogama, expresando su sorpresa por las «declaraciones bruscas» de los alcaldes del PSdeG y del BNG. «Ellos son los que aprobaron la ley de residuos y de suelos contaminados, que impuso nuevos impuestos sobre el vertido», acusó Domínguez, que estima en 39 euros el cargo de este impuesto en la tasa. Su postura es similar a la expresada por Alfonso Rueda en la Asamblea Autonómica. Su decisión se califica como una «manera autoritaria de actuar».
La Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) se ha unido en apoyo a las manifestaciones iniciadas por los alcaldes. A través de una misiva dirigida al presidente de Sogama, Alberto Varela, presidente de la Fegamp, expresó su descontento por el reciente anuncio de incremento y por la ausencia de notificación previa. Varela recalca el gran efecto que esta decisión unilateral puede tener en las entidades locales gallegas.
En relación a la justificación del incremento del canon a los consistorios, Varela, que también es el alcalde socialista de Vilagarcía, ve como una excusa el impuesto estatal sobre los vertidos e incineración. Según Varela, Sogama sostiene que asumió esta contribución estatal en 2023 sin repercutirlo a los consistorios, pero dejó de mencionar que este fue recaudado en su totalidad por la Xunta de Galicia tras haberle cedido la administración y cobro de este impuesto desde 2022.
Galicia se encuentra al borde de lo que muchos alcaldes denominan como «tasazo» en la factura de la basura: una subida del 64% en el canon que los ayuntamientos pagan a la empresa encargada de gestionar los residuos, coste que finalmente repercute en los usuarios. Los principales consistorios achacan esta decisión a la Xunta pero esta a su vez responsabiliza al gobierno de Pedro Sánchez. Por ahora, Alfonso Rueda se ha visto forzado a anunciar que asumirá parte de esta alza, una medida que la oposición y los alcaldes tildan de insuficiente y hasta de «embustera».
