El Primer Ministro Pedro Sánchez ha asignado a la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, la tarea de restaurar la tensa relación con Junts. Luego de un conflicto explosivo entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Carles Puigdemont, la conexión sufrió un fuerte impacto.
En un tweet, Puigdemont advirtió que cualquier intento de usar incumplimientos pasados como una vía para ganar en las negociaciones presupuestarias, sería un error.
María Jesús Montero, encargada de la interacción con JxCAT, asume el control incluso en cuestiones de migración.
La razón detrás de esta asignación radica en que la vicepresidenta está a cargo de todas las transferencias de competencias a las comunidades autónomas según fuentes del Partido Socialista Obrero Español. No obstante, las mismas fuentes no especifican si finalmente habrá una transferencia completa o simplemente una delegación de competencias.
Anteriormente, Grande-Marlaska había afirmado que el estado no permitirá una total cesión de jurisdicción en asuntos de inmigración a la Generalitat, como lo quiere JxCAT. En el marco de este cambio de postura del gobierno con respecto a la política migratoria, miembros del equipo de Grande-Marlaska han estado manteniendo encuentros en el Congreso con Míriam Nogueras, portavoz de Junts, y Gonzalo Boye, abogado de confianza de Puigdemont.
De acuerdo con fuentes socialistas y de Junts, el grupo de Carlos Puigdemont presentó al PSOE un esbozo de un bill de ley orgánica. Este esquema incluía la habilidad de la Generalitat de fijar los límites de inmigración, la autoridad para tramitar permisos de trabajo, el papel crucial del catalán en la integración de los inmigrantes recién llegados, y la formación de una Agencia Catalana de Inmigración. Sin embargo, estos deseos fueron rechazados por los equipos de Interior, un hecho resaltado por las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska. Ahora, la tarea de llegar a un acuerdo recae sobre María Jesús Montero.
Fuentes políticas que tienen conocimiento sobre estos diálogos inter-partidistas sostienen que las conversaciones siguen en curso, pero piden discreción mientras continúan. Junts ha desaprobado gran parte de la propuesta del grupo de Pedro Sánchez, que busca ligar el acuerdo de inmigración con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Precisamente, este es el curso de acción que está adoptando el PSOE al delegar las negociaciones a María Jesús Montero, la encargada de llevar adelante las cuentas de 2025.
Los principios de ambas formaciones políticas son disímiles, no solo en cuanto al desafío de llegar a un consenso respecto a la inmigración, sino también en relación a la metodología. Para el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez es crucial unir un posible acuerdo de inmigración a los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Pero para Junts, las negociaciones de inmigración deben realizarse de manera independiente, algo que Puigdemont ha defendido desde sus redes sociales durante meses. Para Junts, es prioritario mantener la capacidad de rechazar los presupuestos.
Junts no está dispuesto a dar el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado. Con esta postura, quieren poner de manifiesto su poder sobre Pedro Sánchez y cobrarse su apoyo a la presidencia de Salvador Illa en la Generalitat. La reunión del miércoles en Madrid entre Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, y Míriam Nogueras para discutir sobre el límite de gasto acabó sin llegar a ningún acuerdo.
Regulación de inmigración
Para Puigdemont y su partido, la inmigración es un asunto distinto. Pretenden quitarle la posición de autoridad en temas de inmigración a Aliança Catalana, partido de la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, de la extrema derecha. Al ser lo que más preocupa a esta nueva formación, JxCAT comparte muchos votos con ellos, principalmente en la Cataluña más rural.
Por otro lado, el PSOE tiene una opinión completamente contraria. En general, cuando han tomado posiciones en contra de posturas políticas que buscan limitar la inmigración, esto ha resultado en un beneficio electoral. En esta situación, ante la falta de un acuerdo, que parece probable dadas las declaraciones de Grande-Marlaska, podrían verse afectados en su reputación ante Europa por tener que aplazar nuevamente los presupuestos, pero a largo plazo puede redundar en una ganancia de votos.
Pedro Sánchez ha asignado a María Jesús Montero, vicepresidenta de Hacienda, para tratar de reparar la deteriorada relación con Junts, que ha sufrido grandes daños, especialmente tras la reciente confrontación entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Carles Puigdemont. Puigdemont advirtió en la red X que aquellos que planean usar incumplimientos pasados a su favor en las negociaciones de presupuesto están equivocados.
