La derogación de un artificio legislativo en Valencia complica la controversia respecto a la tasa turística propuesta por el PP en Andalucía. Según La Junta, la implementación de tal impuesto requeriría una ley nacional y relega la responsabilidad al Ministerio de Hacienda.
Mazón anuló una regulación autonómica que efectivamente autorizaba a los municipios a aplicarla.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, proporcionó una posible solución al gobierno andaluz de Juanma Moreno para tratar de aliviar la presión de la tasa turística.
Hace algunos días, el experimentado alcalde sugería un plan que parecía ideal a primera vista. De la Torre instó al gobierno central a instaurar un impuesto nacional que grava el hospedaje turístico. La estrategia es simple: reformar la Ley de Haciendas Locales para brindar a las municipalidades la capacidad de crear una tasa turística que se aplicaría en hoteles y apartamentos. Con esta solución, en San Telmo logran dos objetivos a la vez: enfocan la atención en el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y evitan repetidas solicitudes de los alcaldes de las ciudades que experimentan los «problemas» relacionados con el turismo.
El alcalde de Málaga lanzó una propuesta que rápidamente captó la atención de la Consejería de Turismo y Acción Exterior. Arturo Bernal, actual titular, es el mayor detractor de este impuesto y está respaldado principalmente por el sector hotelero de la Costa del Sol. El jueves, defendió el planteamiento de De la Torre utilizando un argumento simplista. Según él, la autonomía fiscal andaluza permite la creación de un impuesto regional, aunque los ingresos estarían bajo el control de la administración regional. Bernal argumentó que el proceso de transferencia de los fondos recaudados por la Junta a los municipios es complicado. Bajo este razonamiento, el cuestionado titular de Turismo señaló al Ministerio de Hacienda para solicitar una reforma en la ley de Haciendas Locales y crear un impuesto que los municipios puedan cobrar por sí mismos, similar al impuesto de basura o el de Bienes Inmuebles (IBI).
El problema para la Junta es que existe un giro legislativo que refuta las argumentaciones de Bernal y De la Torre, el cual se intentó implementar en la Comunidad Valenciana durante los últimos meses de gobierno de Ximo Puig. Los socios del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos) optaron por redactar una ley de alcance autonómico que permitiera eludir las restricciones de la ley de Haciendas Locales y facilitar a los municipios la decisión de implementar o no el impuesto turístico. También hubo diálogos con el Ministerio de Hacienda para modificar la ley nacional y permitir que los municipios pudieran establecer sus propias tarifas turísticas voluntariamente.
Después de un prolongado período de debates internos y falta de respuesta del departamento de María Jesús Montero, la presión intensa que el sector hotelero, especialmente en Benidorm y Costa Blanca bajo la asociación patronal Hosbec, ejercía sobre Ximo Puig y su círculo cercano, llevó a la creación de un impuesto autonómico. Este tributo, ya con limitaciones desde el principio, se creó respetando la autonomía de las municipalidades mediante la implementación de leyes novedosas. Ciudades como Valencia, que en ese entonces estaban bajo el gobierno de Compromís y los socialistas, apoyaban la introducción de este impuesto.
La ley fue denominada como «Ley para impulsar el turismo sostenible», y contemplaba el establecimiento del «impuesto valenciano sobre estancias turísticas» (IVET), un tributo perteneciente a la Generalitat Valenciana, aprobada en diciembre de 2022. Según este texto, se daba a los municipios la facultad de instaurar una tasa adicional sobre el impuesto autonómico como parte de su política turística, mientras que se otorgaba una bonificación del 100% sobre el tramo autonómico. De esta manera, el legislador había logrado entregar a los ayuntamientos el poder de decidir si aplicar o no un nuevo impuesto regional a través de la aprobación de una ordenanza local.
El monto del impuesto que los municipios podrían aplicar oscilaba entre los dos euros por persona y noche para hoteles de cuatro y cinco estrellas, y los 0,5 euros para albergues turísticos.
La Agencia Tributaria Valenciana, una entidad subordinada a la Generalitat, era la responsable de supervisar la recaudación de ingresos a través de los propios negocios turísticos por medio del sistema de autoliquidación. La regulación anticipaba la creación de un reglamento para establecer los tiempos y el método para realizar el pago correspondiente en beneficio de los ayuntamientos que aplicaran el recargo. Los ingresos recaudados podían destinarse para financiar diferentes actividades relacionadas con la sustentabilidad del sector turístico, como la accesibilidad, innovación, investigación en turismo, entre otras. Sin embargo, no se contempló ninguna mención específica sobre solucionar los problemas de acceso a la vivienda, un tema que hoy se encuentra bajo discusión.
La ley valenciana eximía completamente la tasa autonómica y daba la opción a los municipios de aplicar un recargo local propio. Sin embargo, el Impuesto de Valor Estimado Turístico (IVET) nunca se implementó en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig, quien se sintió presionado por la resistencia del sector hotelero, justificó la inclusión de una cláusula que retrasaba la entrada en vigor de la ley por un año mientras el sector se recuperaba del impacto de la pandemia de covid. Esta implementación quedó aplazada hasta diciembre de 2023, después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de ese año. Durante ese evento electoral, el Botànic perdió la mayoría y el Partido Popular y Vox eligieron a Carlos Mazón, un firme opositor a la tasa turística, como presidente.
En sus primeras acciones como barón conservador, decidió abolir la ley en Valencia y designó a Nuria Montes, anteriormente secretaria general de Hosbec, como la consellera de Innovación e Industria, cuyas responsabilidades incluyen el turismo. A pesar de ser una victoria significativa para los hoteleros, hay algunos en el PP que actualmente, con el sector alcanzando números sin precedentes y la discusión en desarrollo acerca de su impacto en las ciudades, consideran prudente repensar la decisión de rechazar una figura impositiva que se aplica en destinos alrededor del mundo. Por ejemplo, nadie considera eliminarla en las Islas Baleares, donde Marga Prohens, también miembro del PP, retomó el poder el año previo.
Por otro lado, en el PP de Andalucía, son un poco más progresivos que sus homólogos en Valencia. En febrero pasado, el debate salió a la luz pública. José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, causó alboroto al sugerir que se debería cobrar la entrada a la Plaza de España. Aunque la sugerencia recibió un rechazo rotundo de la sociedad y del Gobierno central, propietario del edificio, sirvió para que los alcaldes en las ciudades con más turismo de Andalucía comenzaran a exigir la formación de un impuesto al turismo. Las elecciones de mayo de 2023, las mismas que resultaron en la abolición de la ley valenciana, pintaron el mapa de las capitales de Andalucía de azul, lo que desencadenó un ligero conflicto entre miembros del mismo partido.
Tras la demanda del alcalde de Córdoba, José María Bellido, para un impuesto, Juanma Moreno se sintió forzado a intervenir, organizando una reunión entre la industria turística, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (también controlada por el PP) y la Consejería de Turismo. La reunión, que tuvo lugar en Málaga, concluyó con una afirmación en contra del impuesto turístico por parte del gobierno andaluz, calificándolo como «prematuro», en palabras de Arturo Bernal. Meses después, la conversación cambió y el Consejero optó por buscar una solución a través del Ministerio de Hacienda, argumentando que lo que Ximo Puig logró en Valencia, aunque a regañadientes, es casi un imposible. Sin embargo, un vistazo al Diario Oficial valenciano del 19 de diciembre de 2022, muestra que con algo de creatividad y azúcar legislativa, todo es posible.
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, presentó a Juanma Moreno una salida posible a la presión de la imposición de una tasa turística. Hace poco tiempo propuso la necesidad de crear un impuesto nacional para gravar el alojamiento turístico. Esta propuesta requiere una reforma de la Ley de Haciendas Locales que permita a los municipios crear su propio impuesto a aplicar en hoteles y apartamentos. Esta solución tiene un doble beneficio para San Telmo: dirige la atención hacia el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y al mismo tiempo elimina las demandas constantes de los alcaldes de ciudades que experimentan los «desafíos» del turismo.
