Carles Puigdemont, ha declarado este jueves que el Gobierno debe hacer una transferencia «completa» de las competencias de inmigración para poder «progresar» más con el Gobierno. El Gobierno, a través de Marlaska, ha insistido en que las responsabilidades sobre la seguridad y la entrada en las fronteras españolas son del Ministerio del Interior «y no pueden ser transferidas».
Para llegar a nuevos acuerdos y mejorar las relaciones, Puigdemont ha presentado condiciones claras. Con la necesidad del Gobierno de los votos de Junts para aprobar los próximos presupuestos, los socialistas intentan reconstruir el diálogo con los independentistas. De hecho, ayer se establecieron contactos entre el Ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
Adicionalmente, se espera una reunión de la mesa de diálogo con un mediador internacional en Suiza. Ninguno de los partidos da información sobre estas citas, por lo que es posible que la reunión de septiembre ya se haya llevado a cabo. En el contexto de estos intentos de reconstrucción, Puigdemont ha declarado en las redes sociales que solo «progresarán» si el Gobierno ejecuta primero la transferencia «completa» de las competencias de inmigración. Este anuncio del expresidente catalán es en respuesta a una noticia del Periódico de Catalunya que afirma que PSOE y Junts están trabajando en este tema, que debe ser aprobado por una ley orgánica. El Gobierno llegó a un acuerdo con Junts sobre este asunto en enero pasado para poder aprobar tres reales decretos (uno de ellos fue rechazado por el voto en contra de Podemos). Sin embargo, hay desacuerdos entre socialistas e independentistas sobre el contenido real del acuerdo. Puigdemont insiste en que la transferencia debe ser «completa» y, por supuesto, no sería el precio para aprobar el presupuesto del próximo año, sino el pago de una cuenta pendiente.
Durante una reunión matutina, Fernando Grande-Marlaska, titular de la cartera del Interior, afirmó categóricamente que la responsabilidad en términos de seguridad y control fronterizo en España pertenece al Estado, y por ende, no puede ser delegada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre ha mantenido una postura similar. En una entrevista en RNE, declaró que la política sobre fronteras y deportación de inmigrantes recae en la Administración General del Estado, aclarando así las competencias que pueden ser otorgadas y las que no. Aún está por definirse qué se delegará, ya que el Gobierno nunca ha dado una respuesta concreta, pero ha afirmado que esta responsabilidad no puede ser transferida. En cambio, Junts ha expresado su deseo de que el Govern pueda tomar decisiones sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes y tener influencia en la distribución de extranjeros en toda España. Aunque el compromiso de los socialistas es presentar los presupuestos, están emocionalmente listos para no hacerlo. Sin embargo, después del verano, han vuelto a entablar conversaciones con Junts, a pesar del descontento del partido debido a que Puigdemont no haya sido amnistiado y el pacto entre PSC y ERC para nombrar a Salvador Illa como presidente. Este jueves, Carles Puigdemont estableció condiciones claras para el Gobierno para retomar las conversaciones y llegar a nuevos acuerdos. Con el Gobierno necesitando los votos de Junts para aprobar el próximo presupuesto, los socialistas buscan reanudar las conversaciones con los independentistas.
