Entramos en la recta final del año en España sin la aprobación de los presupuestos generales. Pablo Bustinduy, el Ministro de Derechos Sociales, admitió hoy los impactos iniciales de un gobierno con prórrogas presupuestales: una disminución de 600 millones para la Dependencia.
En el contexto de la campaña electoral de Cataluña, el gobierno decidió detener las conversaciones sobre los presupuestos públicos en marzo pasado, debido a las complicaciones para conseguir el respaldo de Junts y ERC, y extender los de 2023. Bustinduy, durante una presentación ante la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad en el Senado, fue enfático: «Es imposible cumplir sin los PGE».
A su vez, reconoció la pérdida de 600 millones para la Dependencia, aceptando que no acordar presupuestos son las «estrategias, intereses y lógicas de cada grupo» y también que son «válidas», pero destacó que «tienen efectos» como la importante pérdida para este sector de los Derechos Sociales. Bustinduy endosó la responsabilidad a los grupos por la falta de aprobación de los PGE. No tardó en producirse una respuesta del grupo popular. La representante de Feijóo en el Senado, Alicia García, negó a través de la plataforma social X que la oposición sea la culpable, atribuyéndola al líder del gobierno: «Fue Sánchez quien rechazó presentar los presupuestos para 2024 por estrategia electoral». García sostuvo que esto es «gobernar sin el parlamento» para «mantenerse en Moncloa a costa de los españoles». La reducción financiera para los servicios públicos no es la única repercusión de no aprobar los presupuestos.
La Autoridad Fiscal advirtió hace tiempo que las extensiones representan un método de gobierno bastante inescrutable, dado que el gobierno no se ve forzado a especificar el propósito de los aumentos de crédito que se realizan sobre las sumas extendidas y, además, estas no requieren aprobación del parlamento. Sin un presupuesto general aprobado, España se encamina hacia el último segmento del año. Hoy, el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha admitido las primeras repercusiones de un gobierno con presupuestos extendidos: una reducción de 600 millones para la Dependencia. En medio de las elecciones de Cataluña, el gobierno, en marzo pasado, optó por obstruir las negociaciones del presupuesto público debido a la complicación de obtener respaldo de Junts y ERC, y optó por prorrogar los presupuestos del 2023.
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