Las Islas Canarias, que han estado solicitando asistencia del gobierno central para lidiar con una de las peores crisis de inmigración que se recuerdan, han recibido más de 25,000 personas por acceso ilegal este año. Sin embargo, el gobierno no ha respondido a estas solicitudes, ni a los intentos de llegar a un acuerdo para el cuidado de los menores migrantes.
El Mayor Desacuerdo surgió recientemente cuando el Ministerio de Defensa anunció que proporcionaría dos instalaciones para la atención de estos menores. Sin embargo, una de estas instalaciones, el antiguo polvorín de Tabares, está en completo estado ruinoso.
Hace unos meses, el gobierno de Canarias solicitó al gobierno nacional que cediera tres instalaciones para cuidar a los casi 6,000 menores bajo su protección y recibió un rechazo debido a «motivos estratégicos».
Ahora, sin embargo, después de una llamada de la ministra Margarita Robles al presidente canario Fernando Clavijo, el gobierno ha decidido ceder dos centros en Tenerife: el antiguo polvorín de Tabares, propiedad del Ejército de Tierra, y el antiguo cuartel de artillería Acuartelamiento de San Francisco, ambos en San Cristóbal de La Laguna.
Este gesto ha causado malestar entre las instituciones de Tenerife y el gobierno canario, quienes exigen a Pedro Sánchez que «deje de engañar a los canarios». Además, ha causado controversia ya que uno de los municipios beneficiados es uno de los pocos en Tenerife gobernados por el PSOE, en alianza con la Coalición Canaria.
El concepto inicial podría ser viable, si no fuera porque el Polvorín de Tabares en su estado actual de degradación impediría cualquier actividad en él, durante un largo periodo de tiempo para su reconstrucción, que podría extenderse desde meses hasta varios años. Es un lugar que no podría ser habitable para ninguna persona, independientemente de la edad. Este lugar, que ha estado desocupado desde el decenio de 1990, tendría como única alternativa su demolición y la instalación de tiendas de campaña, al igual que se realizó en el Campamento Las Raíces, que está en el mismo municipio y es propiedad de Defensa, y que actúa como refugio para los inmigrantes adultos. Las escasas construcciones que aún se mantienen en pie están tapiadas, con techos colapsados y vandalizadas con grafiti.
El presidente Clavijo criticó esta situación, afirmando que el objetivo no debería ser encontrar espacios para acomodar a estos niños, sino proporcionar una atención digna e integrarlos en la sociedad, ofreciendo oportunidades de educación y adaptación a su entorno. «Agradezco la llamada de Robles, primer aliento de apoyo por parte de un miembro del Gobierno tras el Consejo, quien demostró empatía. Sin embargo, la cesión de lugares no es la solución correcta.», reprobó Clavijo.
Insistió en que el objetivo principal no debería ser abrir más centros, sino cambiar la legislación para que los menores sean situados en lugares donde puedan ser integrados en la sociedad dentro de los primeros 15 días. Concluyó que la cesión de estos dos espacios serían soluciones temporales que no resuelven el problema subyacente.
En cuanto al estado del polvorín, Clavijo mencionó que el Gobierno de las Islas dialogaría con las ONGs para determinar si el lugar cumple con las condiciones adecuadas para acoger a niños. Posteriormente, el consejo tendría que evaluar si realmente se cumplen las condiciones mínimas para permitir el acogimiento de los menores, además de organizar encuentros con el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
Las respuestas han surgido inmediatamente. Dávila ha sido una de las primeras en expresar su total rechazo a los albergues para menores migrantes sugeridos por Defensa: «Están decididos a transformar La Laguna, Tenerife y las Canarias en un extenso campamento de refugiados y no lo permitiremos, hemos llegado al límite», reprochó.
Dávila recalcó que «Defensa parece no entender. No captan la magnitud del problema, no se trata de encontrar más lugares, es que no disponemos de más ayuda: las ONG están totalmente desbordadas». Por eso, solicitó que «el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometa con esta crisis que nos concierne a todos y deje de engañar a los ciudadanos canarios». Además, afirmó que «no solo se trata de la dignidad de los migrantes, sino también de los derechos de los residentes canarios quienes no deben enfrentar esta responsabilidad solos».
La líder del Cabildo de Tenerife lamentó que las Islas estén etiquetadas como »el campamento de refugiados de España». La Federación Canaria de Islas (FECAI) coincide con esta perspectiva y tildó la asignación de un espacio en ruinas como un «menosprecio hacia los migrantes y los canarios».
El primer edil de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, miembro del PSOE, es uno de los pocos que ha respaldado los espacios prestados. «Las pocas soluciones existentes, son las que el Ministerio está ofreciendo,» refutó, en un momento en que sus compañeros de la Coalición Canaria en la administración municipal se abstienen de hablar. «Alojamiento no significa hacinamiento, La Laguna ya no puede soportar más, el gobierno nacional debe proporcionar recursos a las Islas, pero también debe buscar otros lugares en todo el país,» criticó el líder local del PP, Juan Antonio Molina. El partido de la oposición, Unidas Se Puede, coincide con él, añadiendo que «parece que nuevamente se espera de La Laguna que asuma un desafío mucho mayor que el de otros municipios, convirtiéndonos en el área con los mayores espacios de alojamiento en el archipiélago después de agregar estos a los dos que ya teníamos».
Paralelamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizó una visita al archipiélago el martes para reunirse con Clavijo y discutir asuntos migratorios. Ambos llegaron a un acuerdo migratorio para presionar al Gobierno central a negociar una reforma de la Ley de Extranjería. Según fuentes del PP, se acordó una «hoja de ruta conjunta» en respuesta a la «falta de acción» de Sánchez, a quien culpan de no haber respondido aún a la propuesta que el líder canario presentó en agosto al Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
A pesar de las constantes peticiones de ayuda del archipiélago canario al Gobierno central para lidiar con una de las crisis migratorias más graves registradas, parece que estas demandas están cayendo en oídos sordos. Esto incluye las propuestas para llegar a un consenso en cuanto al alojamiento de menores. Este año, más de 25,000 personas han ingresado de manera irregular al archipiélago. En un clima lleno de presiones, el último anuncio del Ministerio de Defensa ha causado indignación entre las autoridades de Tenerife y el Gobierno canario: se han asignado dos recintos para albergar a menores, uno de los cuales se encuentra en estado de ruina total.
