La Guardia Civil arresta a cinco individuos en un negocio fraudulento de gas de refrigeración. El gas se producía en China y se transportaba a España a través de una compañía polaca. El producto se almacenaba en un área industrial en Madrid.
Diversas empresas se encuentran en el polígono industrial de Collado Villalba, en el noroeste de la Comunidad de Madrid, cerca de la Sierra de Guadarrama: se incluyen un centro recién inaugurado de Crossfit, estaciones de servicios económicas, concesionarios de coches, bares con menús a 7,5 € e instalaciones de reparación de coches y neumáticos.
Los negocios en la calle Calibre están cerrando a mitad del día: es casi la hora de almuerzo y tienen un par de horas de pausa.
No obstante, uno de esos locales está señalado con cinta del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. En julio, se encontraron 700 cilindros de gas para refrigeración ilegal en su interior. La operación, dirigida por la rama de Barcelona de la Guardia Civil, resultó en cinco arrestos y 12 investigados, todos de nacionalidades rusa y ucraniana. Las detenciones se llevaron a cabo en una casa en Barcelona.
El beneficio era inmenso. El gas se producía en China por un costo muy bajo; cada cilindro cuesta alrededor de 20 a 50 euros. Una empresa polaca actuaba como intermediario para traer el producto a la Unión Europea, y una vez en España, lo vendían por unos 300 euros. Los miembros de la organización evadían todas las regulaciones ambientales, reduciendo enormemente los costos totales de producción. Los ingresos podrían haber superado los 240.000 euros, según las estimaciones de los agentes.
A simple vista, nadie hubiera imaginado que detrás de la venta de este gas se ocultaba un fraude. Algunos de sus compradores en España, incluyendo talleres, empresas de aires acondicionados y refrigeración y fabricantes de sprays de diferentes tipos, ignoraban que estaban adquiriendo un producto ilícito. Actualmente se está inspeccionando la documentación confiscada para determinar qué entidades tenían conocimiento de la ilegalidad y cuáles no.
Las personas que compartían el espacio de almacenamiento, como se ha descubierto en este informe, no tenían ninguna idea de lo que sucedía. Los miembros de la mafia del gas solo aparecían en verano, cuando la demanda de este producto era más alta, y solo se quedaban unas pocas horas. Llegaban con un enorme remolque, abrían la bodega y descargaban todos los cilindros de gas.
Cuando alguna operación tardaba un poco más, el conductor del camión, un hombre de alrededor de 60 años que solía ir encuerado, se quedaba a dormir en el lugar. De vez en cuando, cruzaba la calle hasta el bar, pero su limitado español dificultaba la comunicación con las personas locales. Los otros dos o tres hombres que a veces lo acompañaban tampoco hablaban español: simplemente descargaban el gas y uno de ellos se quedaba vigilando la puerta. «El más mayor se daba una ducha con una manguera de vez en cuando», señala otro trabajador, aludiendo al hombre que pasaba la noche en las instalaciones.
Cuando la Guardia Civil llegó inesperadamente, todos quedaron asombrados. Un grupo de agentes llegó y comenzó a abrir la puerta del almacén. Cuando se enteraron de la redada, lo que les sorprendió fue que ese negocio fuera ilícito. «Hace dos años, vimos varias cilindros pequeñas de gas acumuladas», comenta otro individuo, pero no sospechó ninguna ilegalidad.
La Guardia Civil detectó por primera vez en 2019 la venta ilegal de un determinado gas en la red. Sin embargo, la operación nombrada Gascra que tuvo lugar recientemente, se ejecutó en un lapso de seis meses. Las acusaciones que pesan sobre los cinco sospechosos detenidos incluyen delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contrabando, fraude fiscal y pertenencia a un grupo delictivo. La investigación está siendo manejada por el Juzgado de instrucción número 3 de Barcelona. En el momento de proporcionar esta información, no hay constancia de una acusación formal por parte de la fiscalía y podría tomar años dada la complejidad de los hechos.
Los presuntos delincuentes evitaron la legalidad para ahorrar costos. El refrigerante que vendían ilegalmente era hidrofluorocarburo (HFCs), también conocido como gas fluorado o de efecto invernadero. La Unión Europea tiene regulaciones rigurosas en lo que respecta a estos gases. Solo personal cualificado puede manipular, almacenar y transportarlos. Además, una legislación reciente que entró en vigor en febrero del año en curso pretende reducir drásticamente su comercialización a partir de 2030 y eliminarla por completo para 2050. El sitio web oficial de la Comisión Europea aconseja la reducción del consumo de estos gases, sugiriendo alternativas eficientes, seguras y con un impacto más amigable al medio ambiente como los refrigerantes naturales de propano y amoníaco.
En 2022, una banda delictiva considerablemente parecida fue desarticulada; esta operaba en Barcelona y Girona. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en conjunto con Europol, ejecutaron una operación que resultó en el arresto de cuatro individuos de procedencia rusa. La corporación indica que «El floreciente mercado negro relacionado al comercio ilegal de gases para refrigeración en Europa, representa una tendencia delictiva en crecimiento».
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