La administración está nuevamente enfocada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) después del receso de verano. Este martes, los miembros del Consejo de Ministros han reafirmado su compromiso con los objetivos de estabilidad, a pesar de la oposición que enfrentaron en julio en el parlamento.
También han anunciado el límite de gasto para la administración central. Ambos movimientos son teóricamente requisitos previos para la elaboración del borrador de la Ley de Presupuestos, cuyo proceso de aprobación se espera complicado debido a la delicada situación de apoyos parlamentarios al gobierno.
Los objetivos de déficit se presentarán de nuevo al Congreso, lugar en el que fueron rechazados en julio debido a la negativa del partido Junts. Para prevenir otra derrota en el parlamento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas más reluctantes a la iniciativa (PP y Junts), advirtiéndoles que tendrán que justificar su oposición si deciden votar en contra nuevamente.
La vicepresidenta ha alertado tanto a los populares como a los independientes de que rechazar los objetivos resultaría en un recorte de 11.550 millones de euros destinados a las comunidades y los ayuntamientos (la diferencia entre la ruta fiscal actual y la que se busca reintroducir). La ministra de Hacienda ha destacado que los objetivos sugeridos permitirían a estos territorios pasar tres años sin realizar ajustes fiscales, en contraposición al gobierno central que tendría que hacerlos.
Montero también ha criticado a Junts y a la oposición por obstaculizar el proceso. «Aquellos que se oponen a que el país tenga un presupuesto tendrán que justificarlo. En lugar de buscar soluciones a los problemas financieros, solo están creando obstáculos que impiden que el gobierno desarrolle su plan político», afirmó.
En cualquier circunstancia, la vicepresidenta enfatiza que aunque el Congreso rechace nuevamente los objetivos del déficit, el Gobierno prosedera a seguir adelante con los presupuestos. Seguirán el sendero del déficit remitido a Bruselas, el cual es más restrictivo para la administración local y regional. Mientras tanto, Montero ha llevado a cabo esta táctica con los fallidos balances de 2024, aunque nunca llegó a implementarla debido a la deserción del Gobierno. El movimiento tiene el respaldo de un informe de Abogacía del Estado, aunque su validez legal ha sido impugnada por algunos expertos.
El Gobierno ha propuesto las mismas metas para el déficit y la deuda de todas las administraciones, a pesar de ser rechazadas hace menos de dos meses. Las regiones autónomas pueden generar un déficit máximo del 0,1% durante los próximos tres años sobre el PIB, mientras los municipios deben equilibrar sus finanzas. Estos objetivos permiten un poco más de margen fiscal a estos subsectores en comparación con la ruta actualmente en vigor.
El límite de gasto se mantiene en 195.353 millones (sin considerar los fondos europeos), señalando un aumento modesto del 3,2% en un contexto de requerimientos de ajustes fiscales por parte de Bruselas. Sin embargo, a diferencia del déficit, el tope presupuestario no se someterá a votación en el Congreso.
En este estado de atasco con la senda del déficit, lo aprobado por el Gobierno este martes no es más que una preparación para la presentación de un anteproyecto de ley de presupuestos. El Gobierno permanece atascado en esta fase durante todo el año y ya ha pasado por ella en cuatro ocasiones (dos veces con las cuentas fallidas de 2024 y dos más con las de 2025).
Aún quedan numerosas negociaciones por sortear tanto dentro de la administración gubernamental como con los grupos parlamentarios tras la reciente barrera superada. El objetivo es conseguir un consenso en el Parlamento para un nuevo texto y las partes más difíciles de persuadir son ERC y Junts, quienes, para complicar aún más la situación, estarán llevando a cabo importantes congresos internos durante este otoño.
El gobierno sigue teniendo la intención de presentar los Presupuestos a tiempo. «Voy con la voluntad de que sean aprobados. Eso es lo que debería ser la prioridad para el equipo de Hacienda, que tiene mucho en su plato», expresó Montero.
No obstante, si las cuentas públicas de este año no son aprobadas, el Gobierno dejó en claro que eso no sería una razón suficiente para adelantar las elecciones. El Ejecutivo está convencido de que es posible gobernar con las cuentas extendidas de 2023, como ya ha sucedido en años anteriores. Un ejemplo notable fue la extensión de los presupuestos de Rajoy de 2018, que continuaron vigentes en 2018, 2019 y 2020.
