Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, ha desestimado las apelaciones presentadas por Carles Puigdemont, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en contra de su resolución del 1 de julio, la cual establece que la ley de amnistía no se aplica al crimen de malversación y por ende, continúa en vigor la orden de arresto nacional en contra del ex líder catalán.
Aunque se anticipaba el desecho de estas apelaciones, Llarena ha aprovechado la resolución para comunicar un mensaje al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
En su fallo, el juez hace referencia a las palabras que García Ortiz pronunció el pasado 5 de septiembre durante la inauguración del año judicial, donde destacó la relevancia de la «previsibilidad» en el sistema de justicia.
Según García Ortiz, un entorno jurídico predecible es garantía tanto para los ciudadanos a la hora de ejercer y proteger sus derechos, como para la administración pública.
Aunque García Ortiz no mencionó de forma explícita la ley de amnistía ni el hecho de que la Corte Suprema no haya interpretado esta normativa como él y Puigdemont defienden, Llarena no ha dudado en citar sus palabras para justificar el desestimamiento de las apelaciones, incluyendo la de la propia Fiscalía.
El juez supremo Pablo Llarena ha desestimado las apelaciones presentadas por Carles Puigdemont, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en respuesta a su fallo del 1 de julio, en el que afirmó que la ley de amnistía no se aplica al delito de malversación. Por lo tanto, se mantiene el mandamiento de captura nacional contra el ex presidente catalán. La desestimación de las apelaciones era anticipada, pero Llarena utiliza esta resolución para enviar un mensaje a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del estado.
Según Llarena, su negación de otorgar total amnistía a Puigdemont no infringe la «previsibilidad de la ley» a la que se refería García Ortiz en el informe que dio para dar inicio al nuevo año judicial el pasado 5 de septiembre. Explica que la «previsibilidad de la ley» no necesariamente significa que se debe aplicar conforme a las expectativas de un acusado que afirma haber redactado y sugerido la ley con la intención de conseguir su propia impunidad. En otras palabras, la ley no será aplicada como Puigdemont anticipaba, simplemente porque ese fuera su resultado predecido.
