La confrontación en torno a la ley de amnistía se ha llevado al Tribunal Constitucional, con respuestas iniciales ante los recursos dirigidos por el PP y la lucha sobre recusaciones siendo los puntos centrales de la discusión. Un tira y afloja tensionado parece inminente en el Tribunal Constitucional, entre sus dos facciones, que terminaran más equilibradas que nunca antes.
Por una parte, la alianza entre el PSOE y el PP para reformar el sistema judicial ha causado la incorporación de un nuevo juez perteneciente al bloque conservador, José María Macías. Por otra, se anticipa que la abstención del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ahora forma parte del TC, sea confirmada el martes.
El convencional siete contra cuatro, el conteo de votos más común en las decisiones de esta entidad progresista, se transformará en un seis contra cinco.
Hasta ahora, el PP y sus regiones autónomas han encabezado el primer impulso con casi diez recursos. El enfoque de la amnistía se realizará en etapas y cada una amenaza con transformarse en un pequeño conflicto. Antes de considerar la evaluación de los recursos y de la cuestión de inconstitucionalidad, será necesario resolver los plazos. La clave radica en si las deliberaciones y las resoluciones son detenidas mientras se aguarda el veredicto de la justicia europea, a la que se ha apelado tanto desde la Audiencia Nacional como desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal de Cuentas.
Todos los Estados miembros han reconocido el principio fundamental de la supremacía del derecho de la UE, que ha evolucionado a través de una amplia jurisprudencia establecida por el TJUE. De hecho, el Ministerio de Exteriores lo explica en su sitio web, en la sección destinada a informar a los ciudadanos sobre el derecho de la UE, afirmando que este tiene preeminencia respecto a las normas nacionales para asegurar su aplicación homogénea en todos los países miembros.
Según diversas fuentes, esta supremacía es una necesidad vital para la existencia del derecho de la UE y debe ser implementada plenamente, por encima de todas las legislaciones nacionales, independientemente de su nivel o asunto. Esto condiciona los marcos jurídicos nacionales e incluso las leyes. La primacía requiere que se esperen las resoluciones de la UE. Esto significa que el Tribunal Constitucional debe esperar a que el TJUE se pronuncie, un proceso que suele tardar al menos un año.
Sin embargo, fuentes del ala conservadora del Tribunal Constitucional no descartan que pueda haber un «esfuerzo de aceleración» por parte de sus colegas progresistas, encabezados por el presidente Cándido Conde-Pumpido. Incluso sugieren que se podría acelerar o ralentizar el proceso en función de lo que más convenga al Gobierno en ese momento. Por ejemplo, si el objetivo es minimizar a Carles Puigdemont para reducir su influencia en Junts, quizá el Tribunal Constitucional no tenga tanta prisa como si el Gobierno necesita tenerlo satisfecho.
Otra fuente consultada afirma que precipitarse es erróneo. Sin embargo, gran parte del control de la iniciativa recae en los ponentes, resultando beneficiados dos magistrados conservadores con dos de las ponencias más importantes. Ricardo Enríquez se encargará del problema de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo contra la ley de amnistía, mientras que la apelación del PP ha sido asignada a Macías, un nuevo miembro del tribunal. Se cree que estos casos serán atendidos en un pleno respaldado por todos y admitidos oficialmente en los próximos días. Aun así, esto es el alcance del acuerdo.
Las impugnaciones presentadas son otro aspecto presente en esta situación. Las impugnaciones son especialmente interesantes cuando las fuerzas están equilibradas. La primera en la lista no es una impugnación, sino una elección personal. Juan Carlos Campo reveló hace un año su creencia de que su papel en la revisión de los indultos del procés durante su tiempo como ministro de Justicia hace que no sea apto para emitir una opinión ahora. Campo ha solicitado ser excluido y probablemente no será considerado.
Han habido cuestionamientos sobre otros magistrados, pero todas las fuentes consultadas están de acuerdo en que no habrá más exclusión, ni de un lado ni del otro. El PP ha impugnado al presidente Conde-Pumpido y a la magistrada Laura Díez, anterior funcionaria de Moncloa. Se ha destacado su «clara dependencia jerárquica” tanto del presidente del Gobierno como del ministro Félix Bolaños, quién negoció la ley. Macías, por otro lado, ha criticado la amnistía desde su anterior cargo como miembro del CGPJ.
Pese a que Campo no participe, las cifras siguen siendo ajustadas. «Ganar de manera marginal le resulta bastante incómodo a Conde-Pumpido», señalan algunas voces consultadas, que no olvidan la opinión mayoritaria de la comunidad académica respecto a la inconstitucionalidad de las amnistías en general, y de esta ley en concreto. Esta fue planteada por razones distantes del bien común y para consolidar el respaldo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. «Son pocos los que sostienen que esta ley se ajusta a la Constitución», reiteran dichas fuentes.
Al analizar las abstenciones, se tomará en cuenta el caso previo de la jueza Concepción Espejel con respecto a la ley del aborto. En tal instancia, el Pleno rechazó la propuesta de que se excluyera, a pesar de haberse opuesto a la medida en una enmienda propuesta en 2009 como miembro del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, el umbral es bastante elevado.
La contienda sobre la implementación de la amnistía y su legitimidad ya ha llegado al Tribunal Constitucional, donde parece que habrá un reñido juego de poder entre los dos conjuntos que lo componen, quedando más equilibrados que nunca. Por un lado, el acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación de la judicatura ha propiciado la incorporación de un nuevo juez del grupo conservador, José María Macías. Por otro lado, este mismo martes se espera que se confirme oficialmente la recusación del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, actualmente miembro del TC. El tradicional siete a cuatro -el recuento más común en las decisiones de la mayoritaria garantía progresista- cambiará a un sesenta a cinco.
