Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo, presidente de Canarias, han concluido un acuerdo migratorio para instar al Gobierno a llevar a cabo la reforma de la Ley de Extranjería bajo sus términos. Como parte de este «plan de acción» conjunto, el PP asume el liderazgo en la crisis migratoria, culpando al gobierno por su «inactividad» y por no haber respondido a la propuesta presentada por Coalición Canaria a mediados de agosto en una reunión trilateral con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El citado Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio se enviará al Gobierno, en un esfuerzo por forzar un diálogo con el PP y el gobierno de Canarias para resolver el colapso asistencial que aflige particularmente a las islas. «Nuestro compromiso es enfrentar y cooperar en este problema, y buscar una solución.
El PP se encuentra entre la inacción del Gobierno y la falta de solidaridad de otros grupos que se niegan a todo», destacó Feijóo, en una referencia sutil a Vox. La propuesta incluye, entre otras cuestiones, establecer nuevos criterios para la distribución de menores entre las comunidades autónomas, declarar la emergencia migratoria nacional y convocar una Conferencia de Presidentes.
La demanda de Canarias de una distribución equitativa de los migrantes menores de edad a lo largo de todo el país y las condiciones que el Partido Popular (PP) propuso en julio pasado, se integran en una propuesta conjunta que busca actualizar la Ley de Extranjería. El PP y la Coalición Canaria solicitan la convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes, la declaración de una crisis migratoria a nivel nacional y la implementación de la Policía Nacional en los países de origen de los migrantes.
El documento principal del PP pide acciones específicas para frenar la crisis de inmigración ilegal, proponiendo medidas como establecer un pasaporte de tránsito para controlar la migración ilegal en los aeropuertos, proporcionar más recursos a la Comisaría General de Extranjería, pedir a la Unión Europea que implemente Frontex, y aumentar el personal encargado de procesar la devolución de migrantes ilegales a su país de origen.
Canarias adopta las condiciones que el PP ha introducido para llegar a un «acuerdo de estado» sobre migración. Ambas partes, además, exigen que el Gobierno asegure la «suficiencia económica» para las regiones autónomas a fin de afrontar los desafíos que supone la acogida de migrantes, particularmente de los menores no acompañados. Por lo tanto, proponen la creación de un fondo de contingencia en colaboración con las regiones, confiando al Ejecutivo la responsabilidad de concretar este proyecto.
Clavijo ha logrado involucrar al PP en sus principios de distribución de los numerosos menores no acompañados que abruman los centros de atención en Canarias. El texto propone una reforma del artículo 35 de la Ley de Inmigración para que el gobierno se comprometa a financiar los recursos excepcionales de aquellas regiones cuyas capacidades de atención están sobrecargadas.
Específicamente, el acuerdo firmado en Santa Cruz de Tenerife dicta que hasta el 100% de la capacidad de los centros, la administración corresponde a las regiones; de 100% a 150%, las competencias seguirán siendo autonómicas, pero el gobierno central deberá manejar el 50% adicional de ocupación; y cuando se supera el 150%, el estado asumirá la «gestión directa» de la tutela y financiación de los menores, desde su llegada hasta su emancipación.
El texto también incluye una sugerencia para activar herramientas en la UE y firmar acuerdos con otros países para enviar inmigrantes desde España, un tipo de contrato que ya han firmado países como Italia o Reino Unido. El pacto también hace hincapié en fortalecer la colaboración con Mauritania, Senegal o Marruecos para supervisar los movimientos migratorios, acelerar las deportaciones e incluso establecer penalizaciones en caso de incumplimiento de estos términos.
El Gobierno se retira del acuerdo.
El Ministro de Asuntos Territoriales, Ángel Víctor Torres, ha minimizado el alcance del acuerdo, definiéndolo como «una especie de pacto partidista» hecho entre dos partidos políticos. «Coalición Canaria apoya la postura del PP, que a su vez ha respaldado el punto de vista de la extrema derecha», expresó mientras cerraba temporalmente las posibilidades de un pacto nacional. Durante una declaración en el Congreso, Torres recordó que fue el PP quien bloqueó la reforma de la Ley de Extranjería en julio pasado, firmada entre el gobierno y Clavijo, y acusó a Feijóo de usar la inmigración como instrumento político.
Lo que el ministro no dejó claro es si tiene planeado convocar a Miguel Tellado, portavoz del PP, y al presidente canario, Fernando Clavijo, en los próximos días para seguir buscando un acuerdo que sea aprobado por las Cortes. La participación del PP es esencial para que se apruebe la propuesta, ya que el gobierno no cuenta con el apoyo de Junts y los populares administran 14 regiones autónomas, incluidas Ceuta y Melilla. Torres afirmó que el intercambio de comunicación con el PP es «permanente», aunque los populares responden que siguen esperando que el ministro establezca una fecha para un nuevo encuentro.
Alberto Núñez Feijóo ha llegado a un acuerdo sobre migración con el presidente canario, Fernando Clavijo, como estrategia para presionar al Gobierno a negociar según sus términos la revisión de la Ley de Extranjería. Este acuerdo representa un plan común por el cual el PP toma el control de la crisis migratoria frente a la «falta de acción» del gobierno. Critican al Ejecutivo por no haber respondido aun a la propuesta presentada por la Coalición Canaria en un encuentro tripartito con el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en mediados de agosto.
