El consejo de Ministros ha ratificado hoy una serie de reglas que garantizan las prerrogativas de las trabajadoras domésticas en España. Este paquete de medidas inaugura cinco nuevos derechos para estas empleadas. La valoración de peligros y la implementación de un procedimiento anti-acoso forman parte de los aspectos fundamentales de este nuevo reglamento para las trabajadoras del sector doméstico.
El día martes marcó un giro histórico para las empleadas domésticas de España conforme se reconocieron cinco derechos laborales fundamentales por medio de un decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y promotora de esta iniciativa, afirmó en una conferencia de prensa posterior al Consejo que esta regulación defiende a «quienes sostienen nuestras vidas, nos cuidan y hasta recientemente carecían de derechos».
Este hito representa una protección adicional para un sector que ha sido privado de derechos laborales que otros trabajadores sí han disfrutado. Los siguientes son los cinco derechos que significarán un cambio radical en las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas en España.
1. Derecho a la evaluación de los riesgos en el trabajo
Uno de los progresos significativos de este decreto es que concede a las trabajadoras del hogar el derecho a tener una evaluación de los posibles riesgos laborales en su lugar de trabajo. Ello significa que el empleador está obligado a identificar y tomar acción preventiva para minimizar los riesgos relacionados con las labores hogareñas, y se prohíbe enfáticamente trasladar estos costos a la empleada. El Gobierno proveerá una herramienta digital a los empleadores para facilitar este procedimiento.
2. Derecho a equipos de protección apropiados
Las empleadas domésticas tendrán garantizado el acceso a los equipos necesarios para desempeñar sus tareas de manera segura. No tendrán que lidiar con situaciones de peligro por escasez de recursos: es la obligación de los empleadores proveer dichos equipos y reemplazarlos cuando sea oportuno. Esto puede incluir, por ejemplo, guantes, mascarillas, o cualquier otro recurso que ayude a mitigar los riesgos en los trabajos domiciliarios.
3. Derecho a cesar el trabajo en casos de acoso o violencia.
Este es posiblemente uno de los derechos más cruciales. El último dictamen concede a las trabajadoras de servicio doméstico la autoridad para dejar su empleo en caso de acoso laboral, sexual o cualquier forma de violencia, sin que esto sea visto como una renuncia o un motivo para ser despedidas. Se contempla además establecer un protocolo especializado dirigido a atender estas situaciones en un ambiente hogareño, dándose un plazo de un año para que esté totalmente en funcionamiento.
4. Exámenes médicos gratuitos
Un progreso de suma importancia es la introducción del derecho a exámenes médicos regulares y gratuitos para evaluar la salud de las empleadas de hogar. Tales pruebas considerarán los riesgos a los que se someten en su trabajo y podrán realizarse a través del Sistema Nacional de Salud, liberando a los empleadores de la responsabilidad de costear este gasto. Este es un reconocimiento esencial para un grupo que hasta el presente no gozaba de este monitoreo de su estado de salud.
5. Derecho a parar la actividad ante un peligro serio
Finalmente, las trabajadoras de servicio doméstico tienen la opción de cesar su labor si perciben un riesgo grave y urgente para su salud o integridad física. En condiciones riesgosas, las empleadas podrán pausar sus tareas e incluso salir de la casa si lo ven necesario, sin temor a represalias de sus empleadores.
Además, si se identifican situaciones de peligro, los empleadores deben tomar acciones para salvaguardar a las trabajadoras. Para facilitar este procedimiento, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) creará una herramienta digital, disponible en un plazo de diez meses, que permitirá cumplir con estas evaluaciones. Sin embargo, los compromisos de prevención no se harán exigibles hasta seis meses luego de su publicación, lo que posterga la puesta en práctica de estas medidas hasta 2026.
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