El PP intenta hacer que el PSOE reafirme en el Congreso el cambio de postura de Sánchez acerca de aumentar la repatriación de personas en situación irregular. El PP pide la activación de Frontex y propone la declaración de una crisis migratoria.
El PP se ha aliado con el Gobierno de Canarias para presionar a Sánchez con la esperanza de que acepte su propuesta en la política migratoria. Se busca resolver la tensa situación en las Islas Canarias, donde los servicios de asistencia se encuentran desbordados debido a la rigidez del pacto nacional.
Durante su reciente gira por África, Sánchez describió por primera vez como «indispensable» el retorno de la población migrante irregular a sus países, indicando que a pesar de las diferencias políticas, las posturas del PSOE y el PP están más alineadas de lo que se percibe.
Tanto el PP como la Coalición Canaria han mantenido canales de comunicación abiertos y esperan que el Gobierno acceda a sus términos para poder aprobar juntos una modificación de la Ley de Extranjería. Esta modificación agilizaría la distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas. La falta de respuesta por parte del Gobierno ha llevado al PP a tomar la iniciativa y buscar la validación del PSOE en el Congreso al cambio de política de Sánchez, con la intención de explorar las posibilidades de acuerdo en el corto plazo.
El 28 de agosto pasado, el Partido Popular (PP) presentó una proposición no de ley, instando al Gobierno a implementar estrategias para aumentar las deportaciones de inmigrantes irregulares a sus países de origen. De acuerdo con la más reciente estadística de Eurostat, en el primer trimestre de 2024, España ocupó el quinto puesto entre los países de la UE que más repatriaciones de inmigrantes no comunitarios llevó a cabo, con más de 500 devoluciones y 1.505 órdenes de salida del país. Sin embargo, el PP considera que estos números son insuficientes dada la actual crisis migratoria y las sombrías expectativas para los meses venideros.
El documento al que El Confidencial ha tenido acceso, sugiere incrementar el personal administrativo para acelerar «el procesamiento de las solicitudes de devolución» y revisar los convenios de cooperación con países como Marruecos, Mauritania y Senegal. Esto permitiría una colaboración efectiva en la gestión de los flujos migratorios y aseguraría una respuesta efectiva por parte de España en la ejecución de las repatriaciones de inmigrantes irregulares tramitadas por las autoridades españolas, al «mejorar los recursos humanos y el personal administrativo para ello».
A pesar de algunos desacuerdos, el PP respalda la propuesta de «migración circular» que Sánchez anunció durante su visita a África, y defienden la idea de atraer a inmigrantes siempre que esté vinculado al mercado laboral. Fuentes del liderazgo del PP destacan su disposición a colaborar con Sánchez y ven incluso la posibilidad de un acuerdo. Sin embargo, buscan que el Gobierno se comprometa con una votación en el Congreso, a pesar de las críticas de sus socios. La postura del presidente del Gobierno en torno a la repatriación de inmigrantes irregulares ha causado considerable disgusto entre algunos de sus socios parlamentarios, como Sumar, Podemos o Bildu.
Despliegue del Frontex.
La propuesta legislativa del Partido Popular incluye varias de sus peticiones para conformar conjuntamente una política de inmigración que controle las constantes olas de botes llegando a la frontera sur. Una de las demandas es la petición persistente de que las entidades europeas desplieguen la iniciativa Frontex y la Agencia Europea de Asilo para asistir a las fuerzas de seguridad españolas en la supervisión de las costas. Asimismo, buscan potenciar los equipos y medios técnicos de la Guardia Civil Marítima y Aérea, como también del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE).
Según El Confidencial, el Gobierno ha decidido, por el momento, no solicitar la ayuda de Frontex para asistir a Canarias, una decisión que ha provocado críticas desde el equipo de Fernando Clavijo y ha conducido a la Coalición Canaria a considerar acciones legales contra el Gobierno. Las islas claman ayuda desesperada para solucionar la peor crisis migratoria que enfrenta el archipiélago, con 25.554 inmigrantes llegados este año, un 123% más que en 2023.
En su propuesta no vinculante, el Partido Popular también señala que solo en este año han ingresado a España 12.140 inmigrantes irregulares más que durante el mismo periodo del año pasado, un aumento del 66%. El aspecto más trágico, recalcan, es que estas cifras solo representan a las personas que logran llegar vivas a las costas, ya que un informe de Caminando Fronteras señala que más de 6.000 personas perecieron el año anterior intentando alcanzar territorio nacional, 300 de las cuales eran menores.
La insistencia de Génova en proclamar una emergencia migratoria nacional y habilitar un fondo de reacción rápida para la rápida asignación de recursos nacionales o autonómicos está destinada a mejorar la capacidad de respuesta a las solicitudes de asilo y reubicación de inmigrantes, con un enfoque particular en Canarias, Ceuta y Melilla. Esta propuesta cuenta con el apoyo de Fernando Clavijo, lo que une a Coalición Canaria y PP en un esfuerzo conjunto para presionar al Gobierno para que atienda estas solicitudes.
El Gobierno canario se ha convertido en un aliado del PP en su intento de presionar al presidente Sánchez para que acepte sus principios en política migratoria y resuelva la tensa situación que atraviesan las islas, cuyos servicios de asistencia están sobrecargados debido al estancamiento de un acuerdo a nivel nacional. El cambio de tono del presidente del Gobierno, que durante su viaje a África calificó por primera vez como «esencial» el retorno de los inmigrantes irregulares a sus países de origen, indicó que, más allá de las discusiones políticas, socialistas y populares están más alineados de lo que parece.
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