Antes de que la regla existiera, se había anticipado que la legislación de amnistía sería llevada al Tribunal Constitucional. Las discusiones sobre su constitucionalidad han sido un tema recurrente entre juristas, políticos y medios durante varios meses. Sin embargo, con el inicio del nuevo año judicial, este debate finalmente llega al ente garante, quien tendrá la decisión final sobre cómo encajar la ley en la Constitución.
Como resultado, el Tribunal Constitucional se prepara para examinar este tema de manera tranquila. El tribunal no tomará una decisión directa ya que se deben responder varias preguntas. Según fuentes del tribunal, la votación sucederá entre seis a nueve meses a partir de ahora.
Y previo a la toma de una decisión definitiva, el Pleno del Tribunal Constitucional estudiará las objeciones de algunos de sus miembros. Por ejemplo, el antiguo Ministro de Justicia y actual magistrado, Juan Carlos Campo, ha anunciado su intención de abstenerse de la discusión. Esta decisión radica en que firmó varios informes sobre los indultos a los líderes del procés durante su tiempo en el Ministerio de Justicia, en uno de los cuales afirmó que la amnistía es «claramente inconstitucional». Campo cree que este pronunciamiento previo impide que se le vea como imparcial en debates sobre la medida de gracia. Por otro lado, el Partido Popular planea objetar a varios jueces del TC, incluyendo a Laura Díez y al presidente Cándido Conde-Pumpido. También se cuestiona si José María Macías debería participar en la discusión. Como parte de un acuerdo para renovar el Consejo General de Poder Judicial entre el PSOE y el PP antes del verano, se acordó nombrar a Macías como magistrado del Constitucional.
A lo largo de los más de cinco años de obstrucción del CGPJ, Macías se hizo un nombre prominente entre la facción conservadora del Consejo, manteniendo una postura crítica frente a la administración de Pedro Sánchez. Cuando finalmente se despejó el camino al CGPJ, el PP propuso a Macías para llenar la vacante en el Tribunal Constitucional dejada por Alfredo Montoya en 2021, debido a problemas de salud. Este viernes, Macías ha asumido el cargo oficialmente.
En el pasado año, Macías ha mantenido una posición firme contra la amnistía en diversas ocasiones públicas, argumentando que esta no está permitida por la Constitución. A pesar de las voces discordantes, Macías no ve razón para excusarse, según informaciones corroboradas por fuentes cercanas al Tribunal Constitucional. Dichas fuentes cuestionan la afirmación realizada por Juan Carlos Campo, quien declaró que la amnistía es “abiertamente inconstitucional”, como una razón válida para recusar a Macías. Además, citan el auto 107/2021 del Tribunal Constitucional para sustentar su punto de vista, que señala que “las recusaciones de un juez no se pueden basar simplemente en que cuenta con una postura jurídica previa sobre los temas que ha de resolver. No solo el Tribunal Constitucional, sino los demás tribunales jurisdiccionales asimismo deben estar conformados por jueces que no carezcan de criterio sobre los asuntos jurídicos a su consideración”.
En dicho auto, el Tribunal Constitucional declara que sus miembros deben ser «juristas de demostrada habilidad con más de quince años de práctica jurídica”. De esta manera, no debería causar sorpresa que estos hayan expresado su parecer, ya sea voluntaria o forzadamente, sobre temas jurídicos que podrían enfrentar en su posición en el organismo de garantías.
El Tribunal Constitucional se prepara para centrar su atención en la cuestión de inconstitucionalidad presentada en julio por el Tribunal Supremo, una vez resueltas las objeciones. Esta cuestión se planteó por la Sala de lo Penal, que también juzgó a los protagonistas del procés independentista, al negarse a concederles amnistía por el delito de malversación, por el cual aún está en investigación el antiguo presidente, Carles Puigdemont. De acuerdo con la Sala Segunda, esta ley de amnistía infringe el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional. Al analizar el caso de dos acusados por disturbios públicos durante las protestas contra el veredicto del procés, el Tribunal Supremo optó por consultarlo con el constitucional para ver la viabilidad de aplicarles el indulto. En el ente de garantías se da por supuesto que se admitirá para su estudio la cuestión enviada desde el Supremo, a la que se dará preferencia frente a las apelaciones presentadas. Entre estas últimas se encuentra la presentada por el Partido Popular el mismo día que comenzó el año judicial. Será José María Macías quien se encargará de la ponencia en respuesta a esta apelación. Por su parte, las trece regiones gobernadas por el PP también presentarán su recurso antes de que termine el plazo, el 11 de septiembre. El 24 de septiembre, el Constitucional decidirá si admite estos recursos para su revisión.
