El Partido Popular (PP) ha reconocido que no es posible una reforma del sistema de financiación en la actual legislatura. Dicha postura se basa en la condición que han impuesto de que el Primer Ministro Sanchez revierta la cuota catalana.
Además, se oponen a la estrategia de «café para todos» que el gobierno propone para contrarrestar el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
Las regiones y ciudades autónomas bajo el gobierno del PP han formado un «bloque de resistencia» contra el enfoque de «café para todos» que Sánchez planea emplear para equilibrar la cuota catalana.
Esto fue el objetivo de la reunión de lideres autonómicos encabezada por Alberto Núñez Feijóo, que tuvo lugar en Madrid y culminó con el formalizado ‘acuerdo de los 14’. Este pacto tiene como objetivo desafiar la singularidad financiera de Cataluña, garantizar la unidad de acción en los asuntos financieros y definir los principales aspectos de su propuesta alternativa a las «ventajas» otorgadas a la independencia de Cataluña.
Uno de los aspectos cruciales del manifiesto conjunto es la «voluntad» de todas las autonomías del PP para «enfrentar juntas» la renovación de un sistema de financiación que ha estado obsoleto durante más de una década. Solicitan al gobierno que inicie este debate dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para tratar «todas las variables existentes en cada territorio» y hallar una solución compartida demandada por muchas regiones durante años, en particular aquellas que están más sub-financiadas.
Feijóo, en su intervención, enfatizó la importancia de la unificación en la revisión de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), asumiendo un rol activo en la búsqueda de un nuevo esquema de financiación territorial. No obstante, de manera privada, se percibe un escepticismo generalizado respecto a la posibilidad de que la anticipada reforma se concrete durante el actual período legislativo. «Es inviable en las circunstancias actuales», «no mantengamos falsas esperanzas» y «este Gobierno no ofrece alternativas», son solo algunas reacciones que varios representantes del Partido Popular han expresado en privado.
El modelo financiero actual, avalado por PSOE y ERC, fue implementado en 2009 con un límite de vigencia de cuatro años. Los gobiernos de Rajoy y Sánchez intentaron actualizarlo, pero sus esfuerzos se encontraron con las complejidades territoriales inherentes a un debate que se sitúa más allá de las afiliaciones políticas. Tras los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de 2023, el Partido Popular gobierna actualmente para el 70% del total de la población, lo que les otorga una mayor influencia y responsabilidad en las negociaciones.
Los miembros del Partido Popular advierten que cualquier negociación al respecto está sujeta inicialmente a que Sánchez revierta su promesa de conceder a Cataluña un estatuto propio. Si la propuesta catalana es aprobada en el Congreso, cualquier acuerdo se descarta. Todos los representantes del Partido Popular concuerdan en que la financiación especial catalana, prometida por Sánchez a cambio del apoyo a Salvador Illa, fractura el principio de equidad, desequilibra el sistema de entrega de servicios públicos y, en definitiva, socava el régimen general protegido por la Constitución.
Por lo tanto, el cupo catalán dificulta la posibilidad de forjar un acuerdo estatal en lo que a financiación se refiere. Este viernes, los líderes regionales del PP decidieron que no admitirán los recursos garantizados por Sánchez para aliviar su situación específica si no se abordan de manera «multilateral». A excepción de Ayuso, que no ha confirmado si asistirá o no a la Moncloa, los líderes regionales del PP participarán en las reuniones bilaterales propuestas por el presidente del Gobierno, aunque se niegan a negociar cualquier asunto relacionado con la tesorería autonómica. «Todos los presidentes se niegan a participar en un engaño bilateral en lo que respecta a la reforma de la financiación de los servicios públicos», declaró solemnemente Feijóo.
Este compromiso impide la opción de renegociar la deuda de las regiones que más deben al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), una oportunidad que anteriormente aceptaron tanto Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, como Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Ambos aceptan que este y otros debates deben enmarcarse en una reforma integral de la financiación autonómica, tal como lo indica la dirección de Génova. Sin embargo, el problema radica en que la actualización del sistema parece complicada, al menos durante el período legislativo de Sánchez.
Las fuentes consultadas también dudan que Sánchez pueda lograr un nuevo modelo de financiación sin su ayuda y con el apoyo de sus socios en el Congreso. El acuerdo firmado con ERC genera recelo en el mismo bloque de investidura. El apoyo de Junts, Coalición Canaria o Compromís es incierto, mientras que el PNV muestra malestar en el debate. Además, Sánchez tratará de apaciguar la disputa interna en el PSOE en su Congreso Federal.
El Partido Popular insiste en poseer una propuesta propia para optimizar el sistema de financiación, un plan que no han querido revelar, alegando que «las iniciativas deben provenir del Gobierno», y no de la oposición. Personas desde Génova aseguran que han resuelto sus diferencias después de varios meses, debido al conflicto de opiniones entre las regiones que sostienen la importancia de aspectos como la distribución territorial o el envejecimiento demográfico; frente a aquellas que sugieren que se considere el número de habitantes o el gasto en servicios públicos.
Sostienen que su «postura unificada» se basa en incrementar los recursos para las comunidades a través de la reducción de gastos innecesarios, sin entrar en detallar ninguna cifra. El viernes pasado, Feijóo hizo propias algunas de las demandas «ineludibles» de la Comunidad Valenciana: la formación de un Fondo de Transición para mitigar la insuficiente financiación de los valencianos, andaluces y murcianos hasta que se implemente la reforma del sistema de financiación. Sin embargo, evitan especificar la cifra para dicho «fondo suplementario», que algunas organizaciones como Fedea estiman en hasta 3.000 millones de euros. «Los cálculos deben ser hecho por Montero», reafirman.
La totalidad de ciudades autónomas y regiones dirigidas por el PP han formado un «muro de oposición» al que se enfrentará el intento de Sánchez de equilibrar el subsidio catalán con su propuesta de ‘café para todos’. Este fue el objetivo de la reunión de líderes regionales que Alberto Núñez Feijóo organizó en la capital el pasado viernes. Dicho evento se llevó a cabo con gran solemnidad en el Palacete de los Duques de Pastrana, donde se consolidó el denominado ‘pacto de los 14’. El propósito de este acuerdo es cuestionar la exclusividad financiera de Cataluña, garantizar la unificación de medidas en términos de financiación y esbozar los fundamentos de su opción alternativa a las «ventajas» otorgadas al secesionismo.
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