El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado a Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso Koldo, que le permita intervenir en el caso como persona afectada. Esto se debe a que, aunque no está implicado en la investigación, sigue siendo el blanco de noticias e informaciones que le impactan personal y directamente.
Además, se ha conocido que el juzgado ha pedido un informe del Ministerio, actualmente bajo la dirección del ministro Óscar Puente, sobre la adquisición y distribución de mascarillas durante la crisis sanitaria de la pandemia de 2020.
En un documento al que Europa Press tuvo acceso, Ábalos señala que ese informe era privado y que su divulgación pública por parte del Ministerio fue deliberada.
Opina que la publicación del informe en el sitio web del Ministerio fue inapropiada y anunció que ya ha solicitado otro informe pericial contradictorio que refuta todas las declaraciones hechas en el informe original y que están relacionadas con Ábalos.
También se señala que el informe del Ministerio fue solicitado después de que el Tribunal de Cuentas ya había auditado el proceso de compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos recuerda que este organismo no encontró ninguna ilegalidad y que cualquier posible error en los contratos estaba justificado por el Real Decreto de Estado de Alarma.
Según Ábalos, la decisión de realizar esa auditoría interna en el Ministerio en febrero de 2024 se tomó con el único propósito de atribuirle responsabilidades.
Por ello, desde su perspectiva, debido a que el juez Ismael Moreno desea incluir el informe en el caso, y en vista de «la ilegalidad e ilegitimidad» del mencionado documento, se sitúa ahora «como una parte afectada en el proceso», ya que el informe se centra «directamente en su actuación», con el único propósito de causarle daño.
La pericia cuestiona la auditoría
Dicho informe de pericia, presentado por el representante de Ábalos y al cual también tuvo acceso esta agencia de noticias, sostiene que «el informe de auditoría no se adhiere a los principios básicos de auditoría debido a la presencia de sesgos claros». «Las alegaciones presentadas no están adecuadamente justificadas y el informe contiene subjetividades, comprometiendo su objetividad y fiabilidad», indica.
El documento sostiene que en la auditoría «no se han respetado los principios» habituales de las mismas, «como la independencia, objetividad y evidencia suficiente». Además, se resalta que no se ha proporcionado «la documentación necesaria para respaldar los descubrimientos y conclusiones» obtenidas.
El informe acusa al Ministerio de Transporte de «deficiencias» por no haber «documentado los protocolos específicos usados para desarrollar la investigación». Insiste, además, en la «falta de justificación de las personas interrogadas», ya que la auditoría «no incluye las razones por las cuales se seleccionaron estas personas y no otras».
En este escenario, afirma que en la auditoría no está registrado «si se informó a las personas interrogadas que se estaba realizando una inspección de control interno». También, se añade, «que se haya comunicado a las personas interrogadas sobre sus derechos ni sobre las posibles implicaciones de sus declaraciones».
Pero además, insiste, tampoco se han «realizado interrogatorios a personas relevantes que desempeñaban roles de la máxima responsabilidad dentro del Ministerio en el momento de las contrataciones de mascarillas».
Finalmente, el reporte proporcionado por Ábalos resalta la falta de verificación o confirmación de las declaraciones presentadas en la auditoría.
El antiguo ministro de Transporte, José Luis Ábalos, le ha pedido al juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Koldo, Ismael Moreno, que le reconozca como afectado, a pesar de no estar implicado directamente en la investigación. Ábalos argumenta que «continúan surgiendo informes y noticias que lo perjudican personal y directamente». Además, se ha revelado que el tribunal ha solicitado un informe del Ministerio que actualmente preside el ministro Óscar Puente en relación con la adquisición y distribución de mascarillas durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia en 2020.
