Pedro Sánchez, en su séptimo ciclo político, iniciará un nuevo modelo de financiación con «recursos incrementados» para equilibrar el cupo catalán, a pesar de no tener garantías de la aprobación de los presupuestos. Asegura que el Fondo de Compensación Interterritorial se «duplicará», una medida de solidaridad del sistema, y anticipa una serie de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos.
Su promesa es proporcionar «más recursos», superando lo que se otorgaba durante la administración del PP, a todas las autonomías.
Sánchez afirma que llevará a cabo lo que se había asumido en el PSOE, la implementación del acuerdo económico con ERC, mediante una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que mejorará la situación de todas las regiones.
Esto es a raíz del acuerdo que excluye a Cataluña del régimen común y le concede el poder de recaudar, administrar y liquidar el 100% de sus impuestos, pero hay un plan alternativo si no es factible. Adicionalmente, esta estrategia calmará a las demás regiones y a su propio partido que ve el nuevo cupo catalán como un privilegio.
En un evento realizado en el Instituto Cervantes que marcó el inicio de la nueva temporada política, el presidente prometió establecer un sistema de financiación más equitativo. Este sistema aseguraría la suficiencia del gasto público e impondría responsabilidad fiscal a los gobiernos autonómicos. En su evaluación inicial del concierto catalán, mencionó la necesidad de avanzar en la federalización de España. «Creemos que la descentralización, que es intrínseca al ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, puede coexistir con la garantía de solidaridad y equidad entre los territorios», afirmó. Sin embargo, esto solo es posible si las regiones asumen «una mayor responsabilidad fiscal», lo que implica terminar con las reducciones de impuestos autonómicos y el denominado ‘dumping fiscal’.
El jefe del ejecutivo aún no ha concretado mucho su propuesta. Lo más específico que ha revelado es que se duplicará el Fondo de Compensación Interterritorial, un mecanismo clave del sistema de solidaridad. Tener estas ideas le permite enfrentar con más tranquilidad la reunión del Comité Federal del PSOE, donde se espera que los líderes territoriales que han criticado el concierto para Cataluña expresen sus rechazos públicamente.
Además, Sánchez anunció una serie de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos que serán realizadas, según confirman fuentes de la Moncloa, antes de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Aunque no se ha establecido una fecha exacta, se espera que esta conferencia se realice este trimestre y se centrará en el problema de la vivienda, según fuentes del gobierno.
En medio de la tensión creciente con Junts, cuyo apoyo es vital para la aprobación del presupuesto del próximo año, el presidente ha afirmado que «pondremos todo de nuestra parte» para lograr su respaldo. Este enunciado suaviza la postura oficial del Gobierno, que ha mantenido en las últimas semanas que «se presentará el presupuesto». Sin embargo, Sánchez ha adelantado que el próximo martes el Consejo de Ministros ratificará el límite de gasto. Ya se había adoptado esa medida, pero fue vetada por el partido de Carlos Puigdemont en el Congreso. La decisión respecto al límite de gasto en la Cámara, es un indicador importante. Si Junts lo respalda, podría ser un señal de su predisposición a dar su visto bueno a los gastos para 2025, una controllería vital para el gobierno. Pero si vota en contra, es improbable que se presenten a las negociaciones sobre los PGE.
Las conversaciones con ERC para la investidura de Salvador Illa y el consenso sobre un concierto catalán, junto con el déficit de aplicación de la ley de amnistía al excluir el delito de malversación, han distanciado a Junts del PSOE. La posible renovación del entendimiento entre las dos formaciones se discutirá en una reunión, probablemente de nuevo en Suiza, este mes de septiembre.
A pesar de estos desafíos, el líder del Gobierno ha intentado transmitir solidez y convencer a todos de que el mandato será prolongado, prometiendo fortalecer el estado de bienestar, mantener el cambio en el modelo productivo, abordar el problema de la vivienda, reducir la jornada laboral a 37,5 horas en acuerdo con sindicatos y empresarios, renovar el pacto contra la violencia de género y organizar la primera cumbre bilateral entre España y Palestina (después de su reconocimiento como estado), entre otras medidas. «Tenemos un Gobierno para mucho tiempo», afirmó.
Este es el séptimo período político en el que Pedro Sánchez se encuentra a la cabeza. Cada uno de los anteriores ha representado sus propios desafíos y este otoño no es la excepción. Con una situación particularmente compleja debido a la incertidumbre sobre si serán aprobados los presupuestos. A pesar de este obstáculo, el presidente del Gobierno arranca este otoño con fuerza y la promesa de proponer un renovado sistema de financiamiento autonómico que proveerá «más recursos» para todas las comunidades autónomas, un incremento con respecto al que se proporcionó durante la administración del Partido Popular.
