El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha enfrentado un nuevo conflicto durante su reunión habitual del lunes. El grupo conservador solicitó agregar a la agenda una discusión sobre la defensa de la independencia judicial ante posibles agresiones procedentes del ejecutivo.
Esta iniciativa surge como respuesta a las recientes declaraciones gubernamentales, incluyendo las acusaciones de «extralimitación» lanzadas por el ministro Óscar Puente hacia el Tribunal Supremo. No obstante, el bloque progresista se opuso a esta propuesta, argumentando que la misma no representa una situación de «urgencia» justificable.
En consecuencia, la propuesta no fue ni considerada ni debatida.
El grupo progresista, más alineado con el Gobierno, defendió que la reunión fue planificada inicialmente para tratar temas urgentes e impostergables, tal como indica el informe del Gabinete Técnico acerca de las competencias actuales del órgano de gobierno judicial. A pesar de esto, los conservadores presentaron un documento para defender su punto. Los progresistas recalcaron que este asunto «sobrepasa las competencias de un consejo sin presidencia, por no ser una cuestión reglada ni urgente». Ante tal negativa, el sector conservador expresó su «decepción».
El contenido del texto se centraba específicamente en los recientes comentarios que hizo Puente acerca de la interpretación del Tribunal Supremo sobre la amnistía en el caso de Puigdemont. El documento presentado criticaba el argumento de que el Tribunal Supremo se excede en su interpretación de la ley, “junto con las demás críticas realizadas ante la prensa”, se encuentra “fuera de los límites establecidos por la división de poderes y el respeto mutuo entre ellos”.
Las declaraciones solo contribuyen al desgaste de la Justicia y a poner en duda su independencia. No existe democracia ni estado de derecho sin un poder judicial independiente que sea percibido así por los ciudadanos. Es especialmente grave las mencionadas declaraciones no solo porque provienen de personas con altos cargos institucionales, sino que también pasan por alto las alertas que tanto el Pleno como la Comisión Permanente de este organismo han estado haciendo, y que fueron reflejadas en el Informe sobre el Estado de Derecho en España en 2024 de la Comisión Europea del 24 de julio de 2024, según los 10 vocales conservadores.
Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial han acordado, sin embargo, hacer un nuevo intento para seleccionar a su nuevo líder el próximo 2 de septiembre. La entidad ha programado su próxima reunión en 15 días, solo tres días antes del inicio del año judicial programado para el día 5.
En medio de una situación claramente polarizada, se busca un nuevo liderazgo para la presidencia, después de que los tres intentos previos no hayan tenido éxito. Según las fuentes jurídicas consultadas, en las próximas semanas, las discusiones entre los representantes seguirán para resolver el impasse. El grupo conservador del organismo, compuesto por 10 miembros, respalda a Pablo Lucas para la presidencia, mientras que el sector progresista, también de 10 miembros, apoya a una candidata femenina: Pilar Teso o Ana Ferrer.
De acuerdo a las fuentes que han participado en las negociaciones y que este medio ha estado reportando, las chances de llegar a un acuerdo son mínimas pero no descartadas. Los miembros conservadores argumentan que la insistencia en Teso o Ferrer parece una «imposición» y que sus colegas progresistas no permiten otras soluciones alternativas. Por otro lado, el grupo progresista critica a sus compañeros por insistir en que la presidencia debería ser ocupada necesariamente por una mujer con una orientación claramente progresista. Ellos recuerdan que durante 38 de los 44 años de existencia del Consejo, este ha estado controlado por el sector conservador y ninguna mujer ha tenido la oportunidad de ser su presidenta.
Hoy, la Asamblea ha ratificado un total de 112 decisiones acerca de asuntos de importancia urgente e ineludible, conforme a lo propuesto por el informe encargado al Equipo Técnico sobre los posibles lineamientos del órgano de supervisión de los jueces hasta que su presidente/a sea electo y tome la posición. Según lo planteado en el informe, la inclusión de estas cuestiones en la agenda se realizó con el acuerdo unánime de los miembros de la Asamblea, quienes también dieron su aprobación unánime a todas las decisiones. La gran mayoría de las medidas aprobadas se relacionan con el estatuto legal de jueces y magistrados: licencias voluntarias para el cuidado de los hijos, reingreso al servicio activo en el Poder Judicial, solicitudes de inclusión en planes anuales de sustitución; permisos por cuestiones personales, por estudios vinculados a la función judicial o por enfermedad; solicitudes de compatibilidad, retiros y prolongaciones del servicio activo.
La sesión del lunes en el CGPJ no estuvo exenta de controversia. El equipo conservador solicitó la inclusión en la agenda de un nuevo ítem relacionado a la defensa de la independencia judicial frente a los ataques recibidos por miembros del Poder Ejecutivo. En su pedido, solicitaban el apoyo frente a varias declaraciones públicas realizadas por miembros del Gobierno en días recientes, como las críticas de «extralimitación» que hizo el ministro Óscar Puente contra el Supremo. No obstante, la propuesta fue rechazada por el equipo progresista, que no vio las razones de «urgencia» necesarias para ello. Por lo tanto, el problema no fue discutido ni incluido.
– El CGPJ anticipa que se deberán buscar nuevos candidatos para presidente fuera del Supremo. Beatriz Parera.
Buxadé ha comentado con respecto a la demanda de Sánchez contra Peinado, que solicitarán al CGPJ que brinden protección al juez. Al mismo tiempo, Puigdemont ha señalado al CGPJ que Llarena está «demorando» su apelación referente a la amnistía. Un informe por parte de Andrea Farnós y Beatriz Parera.
