El letrado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha interpuesto una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial alegando que el juez Pablo Llarena ha estado descuidando y retrasando sistemáticamente la gestión y solución de los recursos de reforma que presentó.
Boye se opone a la decisión del juez instructor del proceso de no amnistiar al ex presidente catalán Carles Puigdemont y al ex consejero Toni Comín, por no considerar aplicable la ley en caso del crimen de malversación agravada. En su denuncia, a la que El Confidencial ha tenido acceso, el abogado sostiene que el plazo legal para que el juez responda ha sido ampliamente sobrepasado.
Opina que es evidente que el juez ha cometido una infracción disciplinaria. En su denuncia, expone que el comportamiento del juez -un incumplimiento de los plazos establecidos legalmente- se ajusta incluso a una falta muy grave, que podría resultar en la suspensión de sus funciones.
En julio pasado, Llarena declinó revocar la orden de arresto nacional contra Carles Puigdemont, argumentando que la ley de amnistía no se aplica en su caso. Esto se debe a que la desviación de fondos del procés, con la cual se le acusa, resultó en enriquecimiento ilícito, un hecho que la ley no perdona. También se reconoció que se había perjudicado los intereses económicos de la UE. El primer movimiento de Puigdemont fue apelar la decisión de Llarena ante el Supremo. Una vez resuelta la apelación, el líder de Junts tendría la oportunidad de impugnar esta decisión ante el Constitucional.
Confirman que los recursos de reforma, que aún no han sido contestados, fueron presentados los días 8 y 9 de julio, «en el plazo legalmente estipulado». La Fiscalía, la Abogacía del Estado, la defensa de Marta Rovira y la exconseller Lluís Puig también presentaron recursos. Unas semanas más tarde, el 22 de julio, el abogado Boye presentó otro documento ante el TS, se queja del retraso en la resolución que ahora argumenta.
Puigdemont critica el hecho de que, pese a que Llarena pidió el 7 de agosto suspender sus vacaciones para atender el arresto del expresident, aún no ha habido respuesta. También sugiere que la decisión de Llarena (respaldada por la Sala de lo Penal en el caso de los condenados por el procés) es claramente ilegal.
Según su argumento, considerando las fechas en que se presentaron «los recursos de reforma interpuestos por los denunciantes deberían haberse resuelto antes de la segunda semana del mes de julio de 2024». Él insiste en que se trata de una violación flagrante de los plazos.
Presión y críticas al juez.
Durante mucho tiempo, Puigdemont ha estado desafiando constantemente al juez, lo que ha resultado en casi diez intentos de recusación, que fueron todos rechazados. No obstante, ahora está avanzando en sus acciones en contra del juez. Desde hace un tiempo, en el Tribunal Supremo se sospecha que Junts y otros grupos independentistas están preparando denuncias contra varios jueces por prevaricación.
La tensión ha aumentado después de que el TS decidiera que no se le puede conceder amnistía a Puigdemont, lo que ha provocado una serie de agresiones verbales hacia Llarena en específico y al Supremo en general. Puigdemont ha acusado a la justicia de liderar un «golpe de Estado híbrido» por no concederle amnistía, mientras que el portavoz de Junts en el Senado insultó al juez la semana pasada llamándolo «Tejero sin bigote».
El abogado de Carles Puigdemont ha presentado un documento al Consejo General del Poder Judicial en el que alega que el juez Pablo Llarena está mostrando una «desatención y retraso injustificado y continuo» en el manejo y resolución de las apelaciones que Gonzalo Boye presentó respecto a la decisión del instructor del procés de no conceder amnistía al ex presidente catalán y al exconsejero Toni Comín porque no considera que la ley sea aplicable al delito de malversación agravada.
