Desde enero pasado, todos los estudiantes que realizan prácticas formativas, ya sea en empresas privadas o instituciones del estado, están obligados a contribuir a la Seguridad Social. Esta normativa formaba parte de la revisión de las pensiones acordada entre 2021 y 2023, pero su implementación se postergó mediante solicitudes por parte de las universidades que requerían más tiempo para adaptarse al nuevo sistema.
Ahora, al final del año académico, es posible analizar el impacto de este primer encuentro entre los estudiantes y el mundo laboral.
Datos compartidos por la Seguridad Social con Elma Saiz, ministerio de La Información, revelan que entre enero y julio, hubo 693,581 estudiantes inscritos en prácticas que no recibieron ninguna remuneración por su colaboración.
Esta cifra, que analiza los primeros siete meses del año, demuestra que hay una cantidad significativamente mayor de practicantes sin compensación económica en comparación con aquellos que la reciben. En realidad, son más del triple, ya que durante ese mismo período solo 196,648 estudiantes inscritos recibieron pagos por su trabajo.
La contribución obligatoria a la Seguridad Social no es novedosa para aquellos que estaban siendo remunerados. Esta medida fue implementada ya en 2011 como parte de la revisión de las pensiones, permitiendo a antiguos becarios recuperar tiempo contribuido a sus futuras jubilaciones. Independientemente del caso, todos los aportes son contabilizados para la cobertura de enfermedades o accidentes. Sin embargo, no les concede derecho a recibir beneficios de desempleo ni contribuyen al Fondo de Garantía Salarial o a la formación.
Estos contratos, más formativos que laborales, son una excepción debido a que contribuyen a incrementar los años trabajados para la jubilación. El Gobierno señala que este sistema vincula a los jóvenes con el sistema público. Se instauró un método de ‘adquisición’ para recuperar hasta cinco años de prácticas, aunque esto causó una rebelión inicial entre los grupos universitarios y sindicatos. La ley que regula este acuerdo especial fue finalmente ajustada y promulgada el 1 de agosto.
La cotización de estos jóvenes se negoció con empleadores y sindicatos, extendiendo el subsidio público al costo que la empresa tenía que pagar, fijándolo en el 95% de tal manera que el total no superara los 10 euros al mes. Tanto los delegados sindicales como una parte del Gobierno esperaban reforzar esta disposición con la aprobación del Estatuto del Becario, propuesto en junio de 2023. El texto final obligaba a las empresas a cubrir los costos ocasionados por el estudiante para llegar a su lugar de formación (como transporte o comidas). No obstante, el documento aún no ha sido evaluado por el Consejo de Ministros.
A pesar de que la reforma laboral de 2021 establece un plazo de seis meses para iniciar negociaciones sobre el Estatuto, las discusiones comenzaron más tarde de lo previsto. Una vez que se llegó a un acuerdo con CCOO y UGT, se decidió reanudar las negociaciones para intentar incluir a los empresarios en el texto. Sin embargo, CEOE y Cepyme no respaldaron el último documento, que además limitaba las horas extraordinarias de prácticas (que no son evaluadas porque no forman parte del itinerario educativo) de un estudiante a 480, y también restringía que estos jóvenes constituyeran más del 20% del personal. Joaquín Pérez Rey, Secretario de Estado, ha expresado su deseo de consultar de nuevo a los protagonistas antes de remitir la norma al Parlamento de manera inmediata. Comentarios
