La profesión de la abogacía se categoriza dentro de las profesiones liberales, lo que autoriza a los abogados para establecer las condiciones de su trabajo en relación con otros individuos. La fijación de tarifas legales es un asunto complicado, influenciado por factores varios que hacen cada situación particular.
Históricamente, se han implementado criterios ‘de referencia’ para el cálculo de estas tarifas, definidos por las Asociaciones de Abogados y aceptados por los propios juristas, cuyas directrices están plasmadas en la regulación del Código Deontológico y los Estatutos de la Abogacía en España.
Sin embargo, estos criterios solo ofrecen pautas generales y no determinan obligaciones específicas en cuanto al precio de sus servicios.
Fijación libre de tarifas
Las tarifas son pactadas libremente entre el abogado y su cliente, lo cual quiere decir que no hay tarifas estándar. Cada abogado tiene la potestad de determinar sus propias tarifas, considerando aspectos como su experiencia, especialidad y la dificultad del caso.
Por ejemplo, las tarifas para un divorcio por mutuo acuerdo generalmente son más bajas que las de uno contencioso. La especialidad también impacta el precio, por ejemplo, un abogado penalista, con una amplia experiencia en un área muy especializada, normalmente cobra más que un abogado de práctica general.
La experiencia del profesional también es un elemento vital. Un abogado con muchos años de experiencia y una reputación sólida generalmente cobra tarifas más altas. La prisa del caso puede ser un aspecto adicional que afecta al coste final. Si se requiere una solución rápida, el abogado podría aplicar un cargo extra por la urgencia.
Pero, ¿cómo se calcula realmente el precio?
La determinación de los costos legales puede variar considerablemente. La modalidad más frecuente es la de tarifa por hora, en la cual los abogados establecen un precio por cada hora invertida en la gestión de nuestro caso. Alternativamente, pueden cobrar por servicio especifico prestado, como consultas jurídicas o la redacción de documentos legales. Otra posibilidad es acordar una tarifa plana para la totalidad del caso, sin tener en cuenta las horas que se requieran para gestionarlo.
Adicional a los honorarios del letrado, pueden surgir gastos extras como los costos judiciales o fees de profesionales expertos. En ciertas situaciones, los abogados pueden brindar asesoría jurídica gratuita o con descuento, sobre todo a individuos con limitaciones económicas.
A continuación, se muestra una guía general de tarifas para algunos trámites habituales, basada en datos proporcionados por Mapfre:
– Juicios: Entre 250 € y 2.100 €, en función de la cuantía en disputa.
– Recursos: De 150 € a 1.200 €.
– Divorcios: Un divorcio consensuado puede costar entre 300 € y 1.200 €, mientras que uno litigioso puede llegar a tener un costo entre 800 € y 2.000 €.
– Desahucios: Varían entre 250 € y 900 €.
– Herencias: Pueden oscilar entre 2.000 € y 2.500 €.
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