La recente abolizione della tutela contro i licenziamenti per coloro che avevano richiesto un adeguamento del loro orario di lavoro o permessi per malattie gravi, ospedalizzazioni o interventi chirurgici ha colto di sorpresa gli uffici legali e gli esperti accademici in materia.
La neo promulgata legge sulla parità (proposta dal Governo e approvata dal Parlamento) ha introdotto modifiche a una versione obsoleta dello Statuto dei Lavoratori, eliminando la nullità automatica applicata in casi come il telelavoro per la conciliazione, a causa di un «errore tecnico» che stanno ora cercando di correggere.
«Il cambiamento effettuato è di fondamentale importanza, poiché comporta l’abolizione di due motivi di nullità oggettiva o automatica che erano stati introdotti dal decreto reale 5/2023», spiega all’agenzia l’avvocata Estela Martín di Sincro, sottolineando che l’articolo 34.8 proteggeva le richieste di telelavoro, la formula più utilizzata nella pratica. I suoi effetti diventeranno effettivi il prossimo 22 agosto, a meno che non venga approvata un’altra modifica prima, creando una situazione di incertezza legale in un mese con meno personale e in cui queste richieste sono comuni data la prossimità dell’inizio dell’anno scolastico.
La letrada señala que los bufetes han notado un incremento en las peticiones de modificación de horarios laborales (tanto en cuanto a la cantidad de horas como a su distribución y modo de prestación, ya sea en persona o remoto). Sin embargo, la legislación vigente establece únicamente 15 días para que las empresas respondan a estas solicitudes, luego de lo cual se aprueba la petición del trabajador si no se ha recibido respuesta. Actualmente, hay incertidumbre sobre cómo afectaría a los trabajadores que ya estén beneficiándose de esta modificación de horarios y sean despedidos tras la implementación de la ley. Por ello, Martín prevé que este tipo de situaciones acabarán en los tribunales.
La cartera de Ana Redondo se ha comprometido a resolver este asunto tan pronto como la legislatura reinicie sus actividades, lo que implica que esta situación podría prolongarse hasta principios de septiembre. Por su parte, el Ministerio de Trabajo lamenta este problema, responsabilizando al Ministerio de Igualdad y aguardían su solución. El nuevo texto no impide que el despido se considere nulo (lo cual implicaría la readmisión y pago de salarios pendientes), pero sí complica el proceso y podría dar lugar a un mayor número de litigios para demostrar que el despido ha sido injusto.
«Es todavía factible disputar un despido por violar la garantía de indemnidad (lo que prohíbe las represalias contra un trabajador que ha ejercido sus derechos), aunque es un camino más complicado y requiere una mayor carga de prueba», aclara Francisco Trujillo, profesor de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universitat Jaume I, en entrevista para La Información. Trujillo cree que esta situación es problemática, ya que genera incertidumbre tanto para las empresas como para los empleados, lo que podría llevar a un debilitamiento de la protección laboral en estos casos específicos.
Por otro lado, los trabajadores embarazadas, aquellos en licencia de maternidad, paternidad, lactancia o adopción, o los que están en un año posterior a cualquiera de estos eventos, no se verán afectados, ya que estos están cubiertos en la sección del artículo 53 que se refiere a los casos de contrato de trabajo nulo. También, la nueva redacción proporciona una protección especial a las víctimas de violencia sexual, adicionándose a la protección existente para las víctimas de violencia de género que ya estaba contemplada en la versión anterior.
Los especialistas solicitan urgentemente al Gobierno y a los partidos políticos que corrijan este error, que ha intensificado la sensación de inseguridad legal en el ámbito laboral, a la cual ya se hacía referencia en varios despachos tras los anuncios de reformas sobre la indemnización por despido y las decisiones de varios tribunales superiores de justicia que superaban los 33 días establecidos por la ley. En este entorno, algunas compañías habían empezado a observar que las reducciones de horas de trabajo, que ahora quedan desprotegidas, también habían sido empleadas por empleados en período de prueba para protegerse contra el despido, así como las licencias por incapacidad temporal, como informó este medio.
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