La segunda autoridad del Gobierno y del PSOE, Maria Jesús Montero, tendrá que trabajar más duro que nunca en las próximas semanas. Tendrá que conciliar dos conceptos fiscalmente opuestos: solidaridad y cupo, equidad y financiación particular. Ahora que Salvador Illa ha asumido el cargo de presidente, no hay más tiempo para dilaciones.
Es hora de demostrar y persuadir que el acuerdo entre socialistas y republicanos que hizo posible su nombramiento no causará daño a otros ciudadanos españoles.
Como vicepresidenta y ministra de Hacienda, y fiel custodia de los fondos del Estado, Montero se había mostrado rotundamente en desacuerdo con la cesión a la demanda de ERC sobre la recaudación de impuestos.
«No estoy de acuerdo con un concierto económico para Cataluña», declaraba a mediados de julio durante las negociaciones de investidura de su líder. Ahora que se ha firmado el acuerdo y que Illa ha logrado el Govern, la ministra deberá reconciliar esta postura con la que el presidente, Pedro Sánchez, ha mantenido durante la legislatura: cambiar de parecer. Circunstancias extraordinarias y objetivos políticos de mayor envergadura lo hacen necesario.
Montero ya ha dado un paso en esta dirección al asistir a la toma de posesión de Illa, celebrando el acuerdo y asegurando: «Estamos contentos con este acuerdo». También ha dado pistas sobre cómo piensa manejar su obligada adaptación a los electores y líderes socialistas al decir que «el acuerdo tiene una característica distintiva, que es la solidaridad con el resto de los territorios».
La ministra deberá ser ingeniosa y meticulosa para mantener la solidaridad entre los territorios, aún cediendo al cien por cien del IRPF a una de nuestras comunidades autónomas con mayor ingreso. También necesitará mucha negociación con los aliados parlamentarios y los barones. Una política de precisión y de auténtica supervivencia en la que Sánchez suele ser experto. Ahora veremos si su alumna más destacada puede seguir su ejemplo.
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