La magistrada del Tribunal Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona confirmó la suspensión de la práctica de la eutanasia a una chica de 23 años que padece de un trastorno obsesivo compulsivo, sumado a una lesión medular surgida de un intento de suicidio en 2022.
En la resolución, consultada por 20minutos, la juez alega que no se cumple con la presencia de «un sufrimiento grave, crónico e incapacitante, tal como es descrito legalmente, aludiendo a restricciones que impactan inmediatamente sobre la autonomía física y las tareas cotidianas, de tal manera que no le permite cuidar de sí misma, así como sobre la capacidad de expresarse y relacionarse, generando un dolor físico o emocional constante e insufrible para quien lo sufre, considerándose cierta o probablemente persistente sin oportunidad de cura o mejoría significativa».
Por estas razones, se negó a revocar la suspensión precautoria instaurada tras la acusación del grupo ultraconservador Abogados Cristianos, en nombre del padre de la chica. La decisión definitiva estará en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En el documento presentado por los letrados del padre, se señala que la chica ha variado su postura varias veces en los últimos días, lo que llevó a que la doctora asignada para la eutanasia y la psicóloga decidieran abandonar el procedimiento.
En una carta redactada por la joven el 29 de julio pasado se expresó que «quería reflexionar acerca de su decisión debido a que tenía planes importantes para su futuro, como mudarse a vivir con un pariente», declaró a Europa Press José María Fernández, abogado de la Fundación Española de Abogados Cristianos.
Polonia Castellanos, presidenta de la asociación, aplaudió la reciente resolución, asegurando que «la legislación sobre la eutanasia no beneficia a nadie, todo lo contrario». Agregó también que Abogados Cristianos se compromete a representar en la corte a aquellas familias que necesiten apoyo contra esta ley, la cual podría resultar en la muerte de sus seres amados.
La joven ya había recibido el permiso para practicar la eutanasia por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y se suponía que se iría a cabo el pasado 2 de agosto.
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