El gobierno de la Generalitat ha asignado a Núria Parlon, una política socialista y ex alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, como la nueva consellera del departamento de Interior. Hereda de su predecesor, Joan Ignasi Elena, una complicada carga que incluye la gestión de los Mossos d’Esquadra.
La fuga del ex presidente Carles Puigdemont el pasado jueves, mientras los agentes policiales observaban sin poder evitar su partida luego de su discurso en el centro de Barcelona, ha dejado a Parlon la tarea inicial de rehabilitar la reputación del cuerpo policial, que ha sufrido un golpe debido a los errores en el operativo para capturar al líder del ‘procés’.
Aún así, su labor no finaliza ahí, ya que también debe Reconstruir la unión dentro de la policía. Luego del suceso la semana pasada, algunos altos funcionarios argumentaron que simplemente hubo un fallo en uno de los objetivos del operativo, y trataron de explicar la no captura del ex presidente por un cambio repentino de sus planes. Sin embargo, alguna parte de la policía criticaron el resultado, calificándolo de «ridículo», y lamentaron la carencia de autocritica por parte de los jefes, exigiendo que haya responsabilidades.
No obstante, Parlon no afrontará estas tareas sola. Josep Lluís Trapero, ex comisario jefe de los Mossos, retornará como director general para colaborar en la recuperación del prestigio del cuerpo policial.
Una situación fingida.
El 8 de agosto, los Mossos d’Esquadra establecieron un operativo con tres objetivos principales: asegurar el orden cerca del parque de la Ciutadella, donde se habían programado eventos por parte de Junts y Vox para recibir al expresidente; garantizar que la investidura de Salvador Illa transcurriera sin interrupciones en el Parlament; y finalmente, detener a Puigdemont, quien había anunciado su retorno tras evadir la justicia durante más de siete años y contra quien existe una orden de arresto.
No obstante, según los Mossos, el «comportamiento inapropiado de quien antes lideró este país» dificultó la captura. Manifestaron que Puigdemont llegó en compañía de altos funcionarios públicos, añadiendo dificultad al arresto. Puigdemont pronunció un breve discurso de 4 minutos y descendió rápidamente del escenario. «Nuestros agentes intentaron acercarse al señor Puigdemont, pero un grupo de personas lo impidió», explicó Elena en una conferencia de prensa posterior.
Esta intervención no alivió la presión sobre la fuerza policial. Sindicatos como el SAP-FEPOL y el SMEFEPOL pidieron a la institución una autocrítica y lamentaron que ningún líder asumiera responsabilidad por lo sucedido. Criticaron especialmente la «Operación Jaula» que se desató tras la salida de Puigdemont, calificándola de «injustificable» y una maniobra para justificar el fracaso en su detención. Estas afirmaciones subrayan una crisis interna evidente en la policía catalana.
El juez del Tribunal Supremo encargado del caso del procés, Pablo Llarena, ha emitido un par de requerimientos tanto a los Mossos como al Ministerio del Interior para que proporcionen detalles sobre su operativo a fin de arrestar al líder de Junts y las razones por las cuales no tuvo éxito.
El cuerpo policial ha enfrentado una serie de críticas internas y externas desde que se produjo el incidente. Los sindicatos profesionales han caracterizado la actuación de los Mossos como un «espectáculo lamentable», responsabilizando al Ministerio del Interior de idear un operativo que resultó ser «estéril y lleno de incertidumbres». De acuerdo con CCOO, este incidente ha causado un «agotamiento mental» en los miembros del equipo, el cual, afirman, «tomará décadas en subsanar». Advirtieron que este nivel de desánimo en la policía catalana se presenta en un momento en el que ya están al límite.
Los sindicatos SAP-FEPOL y SMEFEPOL han declarado que estaban obligados a cumplir con la orden judicial sin cuestionarla y que las fallas en su implementación afectan la imagen del cuerpo policial. «Puede haber fallas en el operativo, pero no comprendemos la falta de autorreflexión y revisión», observó Pepe Garcia, secretario general del sindicato, refiriéndose a los comentarios del ex conseller de Interior y al jefe de policía, Eduard Sallent.
No obstante, desde la dirección de los Mossos se sostuvo que su actuación no fue humillante. «No logramos detener a Puigdemont, pero no nos humillamos. Nos mantuvimos firmes, fallamos en uno de los objetivos, pero los Mossos están viviendo uno de sus mejores momentos en muchos aspectos», afirmó Sallent, comisario jefe de la policía, el pasado viernes.
Sallent afirmó que los tres oficiales detenidos por supuestamente colaborar con la fuga del ex-presidente, no son dignos de portar el uniforme. Además, expuso que en 2019 ya había declarado que los Mossos no deberían haber viajado a Bélgica para garantizar la protección de Puigdemont, tarea que corresponde a la autoridad belga. Los sindicatos han asegurado recientemente que cada mosso está en su derecho de actuar como le plazca en su vida personal y tiempo libre, no obstante, deben estar conscientes de que tendrán que enfrentar repercusiones disciplinarias o penales si sus acciones perjudican al cuerpo de policía.
Por otra parte, han subrayado que el sistema público debe ser fundado en la confianza, ya que no es posible tener control sobre 18,000 agentes. Han dejado claro, no obstante, que corresponderá a un juez pronunciarse sobre el incidente para determinar la posible «responsabilidad penal o disciplinaria».
En cuanto al retorno de Trapero, ex comisario jefe de los Mossos, está confirmado, aunque aún se desconoce si Parlon modificará parte de la estructura policial. Trapero ha sido comisario jefe de los Mossos en dos oportunidades, la primera en 2017 y la segunda entre 2020 y 2021; durante su primer mandato tuvo que hacerse cargo de la gestión policial relacionada a los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils, así como el referéndum del 1 de octubre. Fue destituido tras la aplicación del Artículo 155 de la Constitución.
El antiguo líder de los Mossos fue acusado en el juicio del procés, con la Fiscalía solicitando una sentencia de 10 años de cárcel y un año de inhabilitación para el principal líder de la policía catalana. Sin embargo, fue exonerado de todos sus cargos de acuerdo a la resolución de la Audiencia Nacional. Poco tiempo después de ser absuelto, el consejero de Interior lo reinstauró en su cargo en noviembre de 2020, pero renunció a su puesto un poco más de un año más tarde, en noviembre de 2021.
