En respuesta al más reciente escape de Carles Puigdemont, Junts solicita al Gobierno asegurar que se le otorgará finalmente una amnistía al ex-presidente. El gobierno dirigido por Pedro Sánchez es perfectamente consciente que poco puede hacer al respecto dado que el Tribunal Supremo mantiene su orden para arrestarto a nivel nacional, pues no considera el delito de malversación, por el cual Puigdemont está siendo enjuiciado en ausencia, como condición para amnistía.
Sin embargo, en vista del riesgo de perder el apoyo de los siete miembros de Junts en el Congreso de los Diputados, crucial para la estabilidad de la legislatura, los socialistas están considerando la posibilidad de que el Tribunal Constitucional revise esta decisión del Tribunal Supremo.
Inicialmente, el gobierno decidió no comentar sobre la nueva huída del líder de Junts`, responsabilizando a los Mossos por el incidente. La atención de ese día estuvo principalmente centrada en la investidura del nuevo presidente Salvador Illa, aunque este acontecimiento fue en cierta manera ensombrecido por el ajetreo judicial de Puigdemont. No obstante, Junts rápidamente demostró su fuerza tras haberla perdido en el Parlamento luego del acuerdo entre PSC-ERC, ahora exige acciones por parte del gobierno que aseguren la amnistía para Puigdemont, aunque sin detallar cuáles se requieren.
En cualquier caso, la respuesta llegó este lunes en lo que podría ser considerado el primer movimiento en ese sentido. El Ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó la nueva huída de Puigdemont, que ya lleva siete años evadiendo justicia, como un «performance» y «ruido», aludiendo indirectamente al error policial del cual el gobierno se deslinda y responsabiliza a la Mossos d’Esquadra por no haber logrado detener al ex-presidente en el centro de Barcelona.
El titular de Transportes no ha titubeado en argumentar que las leyes deberían ser interpretadas por los jueces según su significado literal. Aun haciendo énfasis en que el Gobierno ha ejecutado lo que «era posible y debería» en relación con la ley de amnistía, opinó que el Tribunal Supremo «excedió sus límites» al interpretarla y rechazar la inclusión de la malversación del procés, lo que impide el retorno de Puigdemont a España sin ser arrestado. Puente, en particular, reprobó que el Tribunal Supremo entendiera que «los independentistas se guardaron en sus bolsillos el dinero que habrían gastado en la campaña por la independencia o en el referéndum ilegal».
Según el Gobierno, estas decisiones del Supremo solo lograrán «postergar» la adopción e implementación de la ley de amnistía, que, en su opinión, es «explícita y decisiva» y debería marcar el fin de la cuestión del procés. El Gobierno hace referencia a la formulación del artículo 1.4 de la medida de gracia, que señala que para que exista malversación, debe haber una intención de obtener un beneficio personal «patrimonial», mientras que el Supremo sostiene que este delito es cometido por cualquiera que se apropie de bienes ajenos, sin importar el uso del dinero obtenido.
En cualquier caso, tras la decisión del Alto Tribunal de no absolver a Puigdemont del delito de malversación que se le imputa, el líder de Junts todavía tiene opciones para lograr que se le aplique la amnistía. Queda pendiente el recurso que presentó contra la decisión del Tribunal Supremo, y también tiene a su disposición el Tribunal Constitucional y la Justicia europea.
Puigdemont debe agotar la opción del Tribunal Supremo antes de recurrir al tribunal de garantías y al sistema judicial europeo. Una vez que el Supremo emita su fallo, será posible que Puigdemont presente un recurso de amparo ante el Constitucional argumentando la infracción de sus derechos básicos. Si no tiene éxito, entonces podría recurrir a la corte europea.
El Gobierno espera que el Tribunal Constitucional juegue un rol crucial, ya que consideran que existen discrepancias en cómo se aplica la amnistía. Este hecho se hizo evidente con el veredicto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el 25 de junio, cuando otorgó la amnistía a Miquel Buch, exconsejero de Interior de la Generalitat, y a Lluís Escolà, quien acompañó a Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) siendo fugitivo. Los jueces del TSJC excusaron su delito de malversación argumentando que no hubo ganancia personal.
El apoyo de Junts al Gobierno en el Congreso sigue siendo incierto. A pesar de la intención de la agrupación de desestabilizar el ciclo legislativo y su intento de recuperar su influencia en Cataluña, el Gobierno sospecha que Puigdemont seguirá respaldándolos en la misma medida en que lo ha hecho hasta ahora, consciente de que Junts es un partido «conservador». Como dijo Óscar Puente el lunes, «continuarán apoyando ciertos temas y otros no porque no están en línea con sus ideas políticas».
Por otro lado, se prevé un giro en la estrategia interna hacia una perspectiva más «práctica» tras el escape de su líder y la asunción de Illa. «Creo que es la única opción viable», señaló el titular de Transporte. En este contexto, horas después, el partido de Puigdemont anunció un congreso para finales de octubre con la finalidad de emerger como una «alternativa» al Govern de Salvador Illa y consolidarse como la única oposición independentista en contraposición a un ERC que colabora con el PSC y los comunes. Esto podría incidir directamente en los apoyos que los posconvergentes brindan al Gobierno del PSOE y Sumar en el Congreso, enfrentando el gran desafío de ratificar un nuevo Presupuesto General para 2025, para el cual necesitan el respaldo de los siete diputados de Junts.
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