Tras una investidura desafiante y cargada de dudas, Salvador Illa asume el papel de presidente de la Generalitat con numerosos desafíos por delante en los próximos años. En su oratoria después de su investidura, se comprometió a gobernar para todos, tomando en cuenta la diversidad y las diferencias dentro del país, con un enfoque constructivo y positivo.
El viernes se reunió con el presidente saliente, Pere Aragonès, para llevar a cabo la transferencia institucional de los deberes presidenciales. Con esto, Illa comienza a implementar su agenda política, resaltando la meta principal de una nueva estructura de financiamiento para Cataluña.
Esta nueva estructura fiscal fue uno de los términos aceptados por Illa para alcanzar un acuerdo con ERC, permitiendo la recolección y administración de impuestos a nivel de la comunidad catalana.
En relación con el acuerdo con los Comunes, Illa aseguró impulsar estrategias para mejorar el acceso a la vivienda, incluyendo la construcción de 50,000 nuevos hogares asequibles, y regular las viviendas turísticas. Además, desbloqueó uno de los principales obstáculos que impidieron la aprobación de los previos presupuestos catalanes: el edificio del Hard Rock. Los socialistas acordaron no avanzar con el proyecto del macrocasino, eliminando así la línea roja de Jéssica Albiach en Tarragona.
Asimismo, se esforzará por «unir y servir» a los catalanes -como parte de su eslogan de campaña- y cerrar el capítulo de lo que él califica como «una década perdida», en la que los gobiernos independentistas estuvieron al mando y la era estuvo dominada por el «personalismo» de Carles Puigdemont. Además, se comprometió a fomentar la resolución del conflicto político entre España y Cataluña mediante la creación de una Convención Nacional.
Illa, tras lograr la mayoría absoluta en la investidura por el soporte recibido de los republicanos y los Comuns, es plenamente consciente de que para implementar las transformaciones que ve como necesarias, necesita la colaboración de «todos». Pese a esto, el jueves reafirmó que se avecina una nueva era «histórica» con el PSC encabezando la Generalitat.
El principal objetivo de su gobierno será implementar un innovador sistema de financiación especial para Cataluña. Esto, que fue una promesa que le ganó el apoyo de ERC, permitirá a la comunidad progresar hacia «la plena soberanía fiscal», basada en la relación bilateral con el Estado.
Este plan presupone que la comunidad abandonará el régimen común y que la Agencia Tributaria Catalana será la encargada de recaudar, administrar, investigar y liquidar todos los impuestos. De esta forma, se garantizará que las instituciones catalanas cuenten con «los recursos necesarios para enfrentar la Cataluña de los ocho millones».
Sin embargo, este aspecto pueda resultar controvertido, dado que casi todos los gobiernos regionales han criticado públicamente el acuerdo en las últimas semanas. Desde Madrid, La Rioja o Murcia, ven este enfoque como un «despropósito», un «hecho gravísimo e inconstitucional» y un «chantaje», por lo que han adelantado que tomarán acciones judiciales para impedir lo que ven como un «privilegio» para los catalanes.
Illa también tiene intenciones de implementar mejoras en educación y sanidad.
Uno de los aspectos fundamentales para la gestión de Salvador Illa, líder del PSC, será reforzar los servicios públicos en Cataluña como la salud y la educación. En lo que respecta a la educación, el gobierno de Illa tiene como objetivo corregir el bajo rendimiento académico catalán en el informe PISA, donde se posicionaron debajo de la media española y de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en las áreas de Matemáticas, Lectura y Ciencia.
Asimismo, quiere fomentar el trilingüismo en las escuelas, ya que no cree que fortalecer el catalán significa inhibir el aprendizaje del inglés. No obstante, ha acordado con ERC implementar acciones para conservar la lengua catalana, como homologar un Pacto Nacional por la Lengua con un presupuesto de 200 millones de euros en los primeros cien días del nuevo Govern. Además, prevé la creación de la Conselleria de Política Lingüística para mantener en primer plano las políticas relacionadas con el idioma.
Illa también se ha comprometido a proporcionar educación preescolar gratuita para niños de 0 a 3 años y a mantener la beca escolar para las familias, con una asignación mínima de 70 euros por cada niño, según lo previsto en el presupuesto de 2024.
Respecto a la salud, la prioridad del nuevo presidente de la Generalitat es reducir las listas de espera. Para lograrlo, planea designar el 7% del PIB a la salud, lo que también permitirá renovar el equipo médico, mejorar las condiciones para el personal médico y expandir algunos hospitales.
Además, pretende incrementar la oferta de viviendas y establecer limitaciones a la industria del turismo.
El Gobierno socialista se centrará en temas de vivienda. Aunque todavía se desconoce si los Comuns se integrarán en el Govern, Jéssica Albiach ha declarado que supervisarán el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Illa ha garantizado que cumplirá con estas condiciones. En su discurso previo a su investidura como presidente, anunció el plan de construir 50.000 viviendas protegidas, lo que describe como «la política de vivienda más ambiciosa de la democracia». Illa sostiene que la vivienda es el mayor obstáculo a la igualdad actualmente, sobre todo para los jóvenes, por lo que se comprometió a regular los alquileres a corto plazo y los pisos para turistas en Cataluña, asegurando que las viviendas se utilizarán para vivir.
Además, Illa acordó controlar los grandes proyectos turísticos y la afluencia de visitantes extranjeros. Puso fin a la polémica construcción del macrocasino Hard Rock en Tarragona, una condición esencial para los Comuns, y limitar la llegada de cruceros a los puertos catalanes.
También deberá enfrentarse a la tensión política entre Cataluña y España durante su mandato. Reconoció que el conflicto tiene «raíces históricas profundas» que se intensificaron con una respuesta judicial, y expresó su voluntad de abrir un debate «político, social y ciudadano» para encontrar una resolución.
Este debate dará lugar a la formación de una Convención Nacional durante el primer pleno del Parlament destinada a resolver este problema. Estará dirigida por un representante de ERC y contará con la participación de miembros de otros grupos parlamentarios. Además, la Convención supervisará la implementación de la ley de amnistía.
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