Carles Puigdemont, el antiguo líder de la Generalitat, ha ofrecido comentarios desde su hogar en Waterloo (Bélgica) después de su corta aparición y huida de España el jueves pasado. En su declaración, Puigdemont afirmó que su acción mostraba dos cosas.
Primero, reafirmó su capacidad para resistir un estado opresivo. «No nos damos por vencidos, ni he planeado entregarme», expresó.
Puigdemont reveló que desafió un plan que parecía improbable y con posibilidades de éxito limitadas. Aun así, él estaba consciente de que podía terminar arrestado fácilmente.
Sin embargo, el éxito de tal plan subrayó su determinación.
Hizo referencia a la puesta en marcha de un plan alternativo, que a pesar de su naturaleza arriesgada, resultó efectivo. Puigdemont detalló la razón por la cual decidió activar este plan secundario, ya que era evidente que le sería difícil acceder al Parlament, no tendría la posibilidad de hablar y su arresto no tendría sentido.
En cuanto a la ley de amnistía, Puigdemont observó un creciente desacato del tribunal hacia las leyes sancionadas por su parlamento, una acción que considera injusta y que ningún sistema democrático debería aceptar.
De igual manera, manifestó su convicción de que el uso de la ley de amnistía es imperativo, con el fin de poder llevar a cabo sus labores políticas en un entorno normal.
Estas declaraciones las realizó al canal regional de TV3, quien grabó a Puigdemont en su oficina de Waterloo y en los alrededores de su casa.
Puigdemont realizó su primera aparición pública a través de medios de comunicación desde el jueves pasado, la cual tuvo lugar luego de su huida de España subsequentemente a un corto discurso que ofreció en un evento organizado por Junts per Cataluña (JxCat) en el Arc de Triomf en Barcelona, a una corta distancia del Parlament donde se debate la investidura del socialista Salvador Illa.
La vuelta de Puigdemont a Barcelona, siete años después de su exilio a Bélgica, sin haber sido arrestado por los Mossos d’Esquadra a pesar del plan de acción planteado por la policía regional, ha provocado controversia entre la fuerza policial y el ex presidente.
Adicionalmente, Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, ha solicitado a los Mossos y al Ministerio del Interior informes detallados sobre el operativo policial y los factores que llevaron a su fracaso.
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