La reciente huída de Carles Puigdemont ha dado lugar a tres fases claves: su salida, su discurso y su evasión. El líder de Junts, que ha logrado evitar su detención a través de una escape digno de película, ha situado a los Mossos d’Esquadra en el centro de atención.
La policía catalana ha estado evitando las críticas sobre su incapacidad para capturar al fugitivo, acusado de malversación, desde el pasado jueves.
Por un lado, el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha requerido un informe a los Mossos acerca de todo lo sucedido el jueves y sobre «los factores que llevaron al fracaso» del dispositivo policial.
La Policía autonómica deberá explicar cuál fue el planeamiento y ejecución del operativo, los agentes responsables de este y las razones por las que no consiguieron detener a Puigdemont «desde un aspecto técnico policial». Pero él no ha sido el único en solicitar información, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) también lo ha hecho.
Por otro lado, el Gobierno Central ha expresado su posicionamiento. Tras más de diez horas de silencio luego del escape del político independentista, el Gobierno de Pedro Sánchez ha apuntado directamente a los Mossos y ha despejado el camino de críticas hacia el operativo de seguridad que, según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, «estaba a cargo de los Mossos» ya que ellos son y operan como Policía judicial. En este contexto, tres agentes fueron aprehendidos después de la controversial fuga por ayudar al ex-presidente. El primero de ellos era el propietario del vehículo que utilizó Puigdemont para irse, mientras el segundo habría asistido con él al mitin para realizar tareas de organización y seguridad.
De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior, se ha trasladado la culpa de no capturar a Puigdemont a la Policía de Cataluña. A pesar de esto, Fernando Grande-Marlaska, quien está a cargo de dicho ministerio, debe dar explicaciones a Llarena. El juez desea entender cómo el líder de Junts pudo cruzar la frontera y entrar a España, tarea que debió haber sido supervisada por la Policía Nacional. Joan Ignasi Elena, el consejero de Interior, afirmó el viernes negando cualquier implicación de los Mossos en los planes de Puigdemont.
«Elena señaló directamente a Puigdemont y lo critica duramente alegando que ha demostrado conducta impropia. Solicitó que los Mossos sean excluidos del debate político», afirmó. No obstante, Pere Ferrer, director de la Policía autónoma, aparentemente no se sintió afectado por estas declaraciones, ya que no dudó en afirmar: «La orden de arresto contra Puigdemont solo sigue vigente porque no se aplica la amnistía».
Aunque reconoció que hubo «alguna falla y cierto éxito» en una operación que describió como «compleja». Además, a pesar de estos fallos y éxitos, mencionó que «algunas cosas son difíciles de entender, ya que dañan y afectan nuestra credibilidad», en alusión a las acusaciones públicas contra su organización.
Según la Policía, la operación fue diseñada con «tres metas»: garantizar la seguridad ciudadana y el orden, asegurar la progresión ordenada del pleno sin interferencias internas o externas y, finalmente, cumplir con la orden de detención de Puigdemont. Este último objetivo no se cumplió.
«De manera inesperada y contraria a las predicciones, Puigdemont hizo su entrada acompañado de una multitud de personas, incluyendo autoridades y titulares de cargos públicos con responsabilidades ante las instituciones de la nación. Este hecho complicó la labor de los Mossos», reconoció Eduard Sallent, el comisario jefe. Además señaló especialmente a dos colaboradores cercanos al líder de Junts, Jordi Turull y Josep Rull. El anterior será convocado a declarar por su contribución en los eventos.
«Tras finalizar el acto público, un gran grupo de personas formó una barrera impidiendo su arresto», explicó el comisario, criticando a los miembros del cuerpo policial que facilitaron la evasión. «No son dignos de portar ese uniforme», culminó. En relación a esto, el cuerpo policial llevará a cabo una investigación interna para discernir si las acciones de los dos arrestados pueden acarrear «repercusiones legales».
«Indescriptible», «Absurdo»…
De acuerdo a Turull, Puigdemont llegó a Barcelona el martes, dos días antes de su notoria y retransmitida aparición, y el viernes ya estaba nuevamente en Waterloo (Bélgica), su refugio legal desde que se fugó por primera vez de Cataluña luego de la fallida declaración de independencia hace siete años. El expresidente además habría eludido la detención tras el mitin del jueves vistiéndose con un sombrero de paja y mezclándose entre la multitud, quienes también llevaban sombreros similares. En su vehículo, una silla de ruedas fue colocada en el asiento del copiloto para despistar. Todo meticulosamente pensado.
No es la primera vez que la actuación de la policía catalana genera conflictos con la judicatura y otras fuerzas del orden. La situación actual recuerda al referéndum ilegal de 2017, cuyo recuerdo aún persiste a pesar de que parecía que la desconfianza causada entonces se había disipado mientras Puigdemont permanecía en fuga. «Hemos hecho el ridículo», afirmaba el principal sindicato de Mossos, SAP-FEPOL, el pasado jueves, pidiendo explicaciones a los líderes sobre lo sucedido. Pero no han sido los únicos.
Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, calificaba la acción de los policías catalanes como un «escándalo», señalando que habían «permitido» la fuga a pesar de tener una orden de arresto vigente, lo cual consideraba una «negligencia inaceptable». Esta negligencia podría acarrear graves repercusiones legales para los tres policías detenidos.
Entre el cúmulo de críticas solo ha habido una figura principal que ha decidido mirar hacia otro lado. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, pedía este viernes la comparecencia inmediata del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el despido inmediato de Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles por considerar que hubo negligencia en la operación policial y la acción del CNI en unos hechos que calificó como «indescriptibles». Feijóo acusaba a Sánchez de ser responsable de un «teatro».
El letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha insistido en que su cliente no llegó para rendirse, sino para resistir. «Nunca cederá», recalcó Boye en referencia a la situación reciente, añadiendo que el líder de Junts ha concluido su labor y ha partido. Se espera que Puigdemont se dirija al público en breve. «Seguimos presentes», declaraba tras su huida, en un claro desafío. Mientras las investigaciones siguen su curso, surge la incertidumbre sobre las consecuencias finales y el futuro incierto que aguarda a los Mossos tras esta crisis.
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