El progreso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactado por el PP y el PSOE, es un proceso irregular, lento en algunos aspectos y rápido en otros. Se ha concretado la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer la independencia de estos organismos, implementada este martes tras aparecer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Sin embargo, el CGPJ recién instaurado ha sido incapaz de superar el estancamiento en la elección del presidente para su nuevo periodo, quien también presidirá el Tribunal Supremo.
El pacto que se firmó en Bruselas a finales de junio tenía dos componentes.
El primero implicaba la «inmediata» renovación del Consejo, una tarea que ambos partidos llevaron a cabo después de seleccionar a los 20 vocales del nuevo CGPJ. Pero estos vocales deben escoger al número 21, el presidente. Esta elección ha fracasado por tercera vez el lunes, ya que ninguno de los siete candidatos obtuvo los 12 votos necesarios, empatando a 10 votos en todas las rondas.
Por ende, el organismo que rige a los jueces ha vuelto al comienzo, y la elección empezará de nuevo con los siete candidatos, todos jueces del Tribunal Supremo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. En las elecciones de la semana anterior, Lucas y Teso consiguieron la mayoría de los votos, pero con empates 10-10 en dos ocasiones, lo que provocó el nuevo intento de este lunes con todos los candidatos. No dio resultado: los grupos conservadores, que respaldan a Lucas, y los progresistas, que apoyan a Teso, mantienen sus posiciones.
Por tanto, los miembros del consejo han decidido postergar la elección de su líder y continuar las negociaciones en las siguientes semanas para llegar a un consenso sobre quién presidirá el Poder Judicial durante los próximos cinco años. El pleno ha acordado, sin embargo, que el 19 de agosto se llevará a cabo una reunión para tomar decisiones sobre asuntos urgentes y para cumplir con los plazos disponibles para jueces y magistrados de todo el país, incluyendo prorrogas de licencias por enfermedad, procesos de jubilación obligatoria y voluntaria, y el reconocimiento de trienios.
Seis meses para presentar un nuevo modelo de elección
La segunda parte del acuerdo entre el PSOE y el PP abre camino hacia la reforma de la ley del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía, con el propósito de fortalecer la independencia de estas entidades. Esta ley se implementó este martes después de su divulgación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que marca el inicio de una cuenta regresiva de seis meses en la que los nuevos miembros del consejo deben sugerir un nuevo método de elección para los miembros del CGPJ en su próxima renovación, conforme al texto acordado.
En resumen, el Consejo General del Poder Judicial debe analizar los sistemas empleados en Europa para la elección de miembros en entidades comparables. Después, realizará una idea de reforma que tiene que contar con «la participación directa de los jueces y magistrados», y ser votada por tres quintos de los miembros del consejo para poder ser enviada al Gobierno, la Cámara de Diputados y el Senado. A partir de esto, se creará un proyecto o una propuesta de ley que será objeto de debate y, si procede, procesada y aprobada en el Parlamento.
Una de las condiciones del Partido Popular para consentir a la actualización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de cinco años y medio expirado, era la implementación de una política de incompatibilidades. Esto impediría designar a alguien como miembro del CGPJ o como fiscal general del estado si ha sido ministro en los cinco años previos a su nombramiento, con el objetivo de prevenir incidentes como el controvertido caso de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, que se trasladó directamente del gabinete a la Fiscalía hace cuatro años. Además, los jueces que sean asignados a un puesto político confidencial no podrán regresar a sus posiciones hasta dos años después de abandonar dicho puesto.
El texto introduce también nuevos requisitos para la selección de jueces del Tribunal Supremo, que está bajo la responsabilidad del CGPJ. En el momento actual, el tribunal superior tiene más de un 30% de vacantes, ya que, debido a una reforma promovida por el Gobierno, el Consejo no puede efectuar nombramientos si está caducado.
En virtud de la reforma que entra en vigor hoy, los candidatos a juez del Supremo deben tener una carrera de 20 años, un incremento de cinco años respecto a lo que se requiere actualmente. Para designar a los presidentes de las audiencias provinciales y al juez del Tribunal Supremo encargado de las competencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el pleno del CGPJ necesitará un quórum de tres quintos. Comentarios.
