Desokupa llevará a cabo una capacitación en seguridad para 30.000 oficiales de policía en España, de acuerdo a un convenio establecido con el Sindicato Unificado de Policías (SUP). Esta «formación defensiva» ha generado controversia en sectores del Gobierno y varios sindicatos de policía.
A raíz de esto, el Ministerio del Interior ha declarado que podría abrir un expediente en contra de dicho convenio, impulsado por la organización dedicada a los desalojos. Inclusive, Sumar, miembro minoritario del gobierno de coalición, ha pedido que Desokupa sea ilegalizada por considerarse un «grupo parapolicial».
Este es todo el conocimiento que se tiene sobre el acuerdo propuesto.
El curso es «acreditado y calificable»
Fue este domingo cuando ambas organizaciones dieron a conocer el acuerdo. Según se mencionó en una publicación en sus redes sociales, el curso es una formación en autodefensa que Desokupa ofrecerá a través de su ‘Club Desokupa’, creado específicamente para brindar enseñanza en aspectos de seguridad.
Dani Esteve, líder de la organización, sostuvo que este nuevo rumbo implica un «curso de defensa bastante real», que será, incluso, acreditado y calificable. «Vamos a instruir tanto a los civiles como a los policías en defensa personal. Podemos dictar cursos para hasta 500 policías al mismo tiempo con 18 formadores», aseguró Esteve durante la presentación del acuerdo, indicando que cualquier oficial podrá inscribirse a partir del 20 de agosto próximo.
SUP lo ha catalogado de «histórico».
La contraparte en este acuerdo, el Sindicato Unificado de Policías (SUP), entidad establecida en 1978, ha defendido el trato etiquetándolo como «histórico». «Este es un beneficio adicional. Es más de lo que ya tenemos. Tenemos un inconveniente en las calles», ha proclamado Mónica Gracia, la secretaria general de la entidad sindical.
«Hay un nivel de violencia excesivo, el respeto hacia la autoridad se debilita y nuestros compañeros se encuentran en creciente peligro. Nuestra intención con este acuerdo es incrementar su sensación de seguridad», añadió Gracia, quien también mostró, a través de sus redes sociales, el sellado del acuerdo al lado del delegado de Desokupa.
A raíz del alboroto causado, los representantes de SUP han emitido una nota de prensa aclarando que el curso se desarrolla pura y exclusivamente con el objetivo de ofrecer formación «adicional y no formal» a sus miembros, y que el sindicato «busca separarse de cualquier interpretación adicional que pueda estar ligada al mismo». El sindicato ha reafirmado igualmente su «compromiso con la seguridad pública y la mejora constante de la educación policial».
Aun así, ha habido diferentes respuestas dentro del propio sindicato. En el País Vasco, el secretario de Organización ha renunciado a su posición y su membresía a través de una carta donde advierte de la «deriva extremista» del SUP después de construir una alianza «con una entidad que busca debilitar a un Gobierno legalmente establecido». Según el ‘segundo al mando’ en las tierras vascas, esta entidad sindical «se ha transformado en un instrumento político al servicio de intereses individuales». «Desafortunadamente, creo que el SUP ha perdido su dirección e identidad», dice en su carta.
El gobierno estudia interponer una impugnación.
La respuesta al acuerdo no ha tardado en llegar de otros grupos e instituciones. Tras su revelación, el Ministerio de Interior ha declarado que está considerando desafiar el tratado firmado. Según informes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, esto se debe a que este tipo de medidas no tienen «ningún apoyo» de la Dirección General de la Policía (DGP), explicando que cualquier formación impartida a los oficiales de policía se lleva a cabo por la División de Formación y Perfeccionamiento, y también por el Centro Universitario.
Además, desde el Interior indican que cualquier tipo de educación externa no tiene valor para futuras evaluaciones profesionales. La Dirección General de Policía ha hecho eco de esto, confirmando que este curso no es «reconocible ni evaluable».
Frente a esta situación, el Ministerio ha expresado que está considerando la posibilidad de iniciar un procedimiento para verificar si el acuerdo acordado infringe los valores democráticos y ha asegurado su compromiso de que toda la formación que reciban los agentes se realizará dentro del marco establecido por la DGP.
Críticas de otros sindicatos
Del mismo modo, varios sindicatos de policía, aparte del SUP, han dado su opinión sobre la formación. Jupol, el sindicato más grande de la Policía Nacional, ha expresado que se debe promover una formación en defensa personal, pero «sin interferencia externa», y la Unión Federal de la Policía (UFP) ha declarado que abogan por una «formación de calidad y realizada por profesionales».
La Conferencia Española de la Policía (CEP) ha sido tajante en su posición, afirmando a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, que los funcionarios no necesitan a «extraños» para aprender a realizar sus funciones. Sostienen firmemente que cuentan con profesores expertos y capacitados y que no necesitan «guardianes’ que busquen oportunidades de negocio. Han manifestado que alguien ha faltado gravemente al respeto a sus colegas y al cuerpo en general.
Sumar, un partido político, se ha unido a las críticas y ha insistido en que Desokupa sea ilegalizado basándose en el artículo 22 de la Constitución. Han expresado en sus redes sociales que «Desokupa debería ser ilegalizado. No podemos permitirnos tener grupos paramilitares». Prometen no descansar hasta que la influencia de la extrema derecha en el gobierno sea eliminada.
Además, Lara Hernández, secretaria de Organización del partido, ha invocado el artículo X, previamente Twitter, para instar al Ministerio del Interior a poner fin al acuerdo. Recordó las palabras del propietario de Desokupa, que dice: «Limpiar la calle de ratas». Sostiene que esta es la ideología de la organización paramilitar que formará a los policías y la que el Ministerio del Interior no puede pretender detener a la extrema derecha si está permitiendo que sus metodos se infiltren en las fuerzas de seguridad del estado.
Este lunes, el grupo también presentó una serie de interrogantes en el Congreso dirigidas directamente al Ministerio del Interior. En estas preguntas, califican a la organización especializada en desalojos como un «grupo violento», indicando que ha sido denunciado por «hacer afirmaciones xenófobas, fascistas, organizarse como un paramilitar y violar la legislación actual y los derechos humanos».
Frente a esta situación, Sumar cuestiona al departamento de Marlaska en un documento enviado a la Mesa del Congreso, solicitando información acerca de las acciones planeadas para abordar el problema, además de requerir detalles sobre la infiltración de personas o agrupaciones ultraderechistas en las fuerzas de seguridad.
El partido de Yolanda Díaz postula en dicho documento, «¿El Ministerio del Interior va a emprender acciones para que los tribunales prohiban grupos como Desokupa, teniendo en cuenta su deseo de infiltrarse en las fuerzas de seguridad y la prohibición de grupos paramilitares en el artículo 22 de la Constitución?».
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