Glovo ha enfrentado dos años repletos de desafíos. A raíz de que su esperado acuerdo de venta a gran escala se derrumbó en las navidades de 2021 y no se materializó hasta julio de 2022, la empresa matriz, Delivery Hero de Alemania, ha sufrido una caída constante en su valor de mercado, perdiendo más de la mitad de su valor en dos años.
Esto agrega presión a los socios que poseen miles de acciones todavía sin vender. Mientras tanto, la empresa fundada por Óscar Pierre ha estado lidiando con una serie de conflictos laborales y el modelo de trabajo ha sido objeto de múltiples procedimientos.
En este tiempo, Glovo ha peleado por limitar sus considerables pérdidas y tiene la expectativa de tener una Ebitda en positivo al finalizar el año.
Además, a lo largo de estos dos años, Glovo ha enfrentado una enorme presión regulatoria. Los problemas ya estaban en curso incluso antes de la adquisición, con hasta cien procesos legales aún pendientes en todos los mercados, según los apéndices del contrato. Muchos de estos están relacionados con la situación laboral de sus repartidores en España y otros lugares, algunos de ellos relacionados con legislaciones ‘preley rider’. Algunos de estos casos se iniciaron directamente después de la venta; en septiembre de 2022, Glovo fue multado con casi 79 millones en Barcelona y Valencia, y otro de 32,9 millones en enero de 2023. Recientemente, una investigación de cartel de la Comisión Europea se ha añadido a sus problemas actuales.
Desde la implementación de la ley rider, las primeras actas de liquidación han sido realizadas. Aunque no hay pronósticos definitivos, el conglomerado alemán ya ha preparado medidas preventivas. Para los casos que ocurrieron antes de la aprobación de la ley, se han asignado más de 400 millones de euros para el período desde el verano de 2021 hasta 2023. ¿Y qué pasa con los demás? Delivery Hero accedió a provisionar entre 30 y 45 millones por trimestre para abordar futuros casos.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo no ha emitido un fallo tras la sentencia inicial que determinó que el ‘modelo laboral’ de Glovo con sus repartidores antes de la nueva ley generaba una situación de falsos autónomos. No obstante, la empresa enfrenta otro problema. La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia penal contra Glovo en junio, tras un informe del Ministerio de Trabajo enviado a la Fiscalía General en 2023. Esta denuncia se basa en la reforma del Código Penal que sanciona este tipo de prácticas con penas de prisión de seis meses a seis años.
La industria de entrega a domicilio, que se volvió crucial tras el estallido de la Covid, se convirtió en una de las más penalizadas. Delivery Hero fue uno de los señalados. A partir del 31 de diciembre de 2021, sus acciones cayeron de 98 euros a alrededor de 20 euros. Cuando se firmó el acuerdo, en julio de 2022, el precio apenas rozaba los 47 euros. ¿Por qué es relevante esto? Fundamentalmente porque el acuerdo de venta se realizó en acciones (con una relación de intercambio de una acción de Glovo por cada 0,68 de DH). Como resultado, los accionistas de la empresa española sufrieron pérdidas significativas, sin tener la opción de protegerse frente a esta depreciación con derivados financieros.
Seaya Ventures es un relevante socio español que en su momento tuvo una porción significativa de Glovo. Al final del primer trimestre de 2024, Seaya Ventures poseía aún 516.000 de las 790.000 acciones que obtuvo de Delivery Hero. La startup se consideraba uno de los principales valores de su segundo fondo, el cual potencialmente duplicaría sus ganancias a precios actuales. Los firmantes de aquel convenio navideño, que después se amplió a socios minoritarios, incluyen a Lakestar, quienes realizaron una desinversión pero aun mantienen un lot significativo de títulos. Notables accionistas de Glovo al momento de su venta incluyen personajes en la escena española tales como Francisco González, anterior presidente de BBVA, a través de Belegar Inversiones, y la família Lladró Roig.
La empresa, a cargo de Pierre, ha luchado para superar grandes pérdidas económicas, en gran medida provocadas por provisiones. El año 2022 concluyó con pérdidas netas de 412 millones de euros. Aunque el monto total de las pérdidas en 2023 no ha sido revelado por los alemanes, ya que están englobadas en las cuentas consolidadas, se prevé que sean de 209 millones de euros. Este pronóstico fue presentado al Jurado Nacional para suspender los pagos cautelares de más de 65 millones de euros hace unos meses, aduciendo una «situación crítica» a nivel financiero.
A pesar de la presentación a los jueces, el consorcio alemán ha sostenido en los recientes trimestres el aumento en la rentabilidad bruta de la empresa española. En abril, destacaron las «significativas mejoras» que permitirían la consecución de un Ebitda ajustado favorable en la segunda mitad del año. Sin embargo, no se mostraron detalles numerarios específicos sobre la evolución de los ingresos en el último año. Todavía se desconoce si las provisiones por los registros laborales están incluidas en este ajuste de la rentabilidad bruta.
En julio, la Comisión Europea se involucró formalmente en este tema, iniciando una indagación sobre un supuesto ‘cártel’ entre ambas empresas, posiblemente relacionado con la división de mercados geográficos o un pacto de no agresión en la contratación de personal. Los alemanes han incrementado a 400 millones de euros los fondos reservados para enfrentar este nuevo desafío, que se espera sea resuelto hasta el próximo 2025. Esto culmina dos años de inestabilidad para la antigua startup española, seguidos probablemente de más años en los cuales la presión regulatoria no parece disminuir.
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