Etiquetas como «100% algodón sostenible», «producto reciclable al 100%», «vegano» y «bio» son cada vez más comunes en una amplia gama de productos que consumimos regularmente. Con distintos grados de veracidad, fabricantes de ropa, alimentos y otros productos intentan comunicar a los consumidores que su producción ha requerido menos agua o energía, o que ha hecho uso de materiales reciclados.
Además, la intención es que los productos, una vez descartados, podrán tener otro uso. Sin embargo, esta práctica generalizada está a punto de terminar, ya que España tiene menos de dos años para adoptar una directiva europea que obligará a casi todas las empresas, grandes o pequeñas, a contar con un validador independiente que confirme la veracidad de sus reclamaciones en las etiquetas.
Como los demás países de la Unión Europea, el Gobierno español deberá poner en práctica antes de marzo de 2026 una directiva europea sobre «la divulgación de información sostenible por las empresas». Esta directiva estará destinada a contrarrestar el llamado «lavado verde» o «eco-impostura», términos recientes para describir a las empresas que falsamente se presentan como respetuosas con el medio ambiente y sostenibles, cuando en realidad estos atributos solo aparecen en su etiquetado.
La idea de que la información de sostenibilidad de una empresa sea «verificada por un tercero independiente» no es completamente nueva, pero hasta ahora solo se ha aplicado por ley a las empresas más grandes, con más de 500 empleados. Lo innovador es que dicha regulación ahora se extenderá también a sus filiales y a las empresas medianas y pequeñas. Solo las microempresas permanecerán exentas de la obligación de tener una certificación externa que confirme ciertos aspectos, incluyendo quien es responsable del cumplimiento de las prácticas sostenibles, y cuestiones relacionadas con sus productos, su cadena de valor, sus relaciones comerciales y su cadena de suministro.
El mensaje que se muestra a los clientes debe estar respaldado; si insinúo que un producto es eco-responsable, ya no será suficiente. Necesitaré respaldarlo con una certificación de reducción de huella de carbono o huella hídrica. Una simple declaración ya no será válida. Así es como Mayrata Conesa, Gerente de Cumplimiento y Buen Gobierno en AENOR, la empresa de certificación más conocida en España, resume la nueva responsabilidad que todas las empresas deberán asumir. Esta empresa ha estado enfocándose en estos temas durante años junto a diversas organizaciones que ya se están adelantando a la normativa, y se prepara para los cambios futuros con base en su experiencia en auditorías de sostenibilidad.
Auditorías periódicas y minuciosas
Las empresas tienen la opción de dirigirse a la empresa de certificación de su elección y, en principio, la certificación no será obligatoria. No obstante, la norma desenmascarará a quienes opten por excluirse y también encontrará formas de persuadirles para que no lo hagan. En primer lugar, las empresas no podrán utilizar términos asociados a la sostenibilidad en sus etiquetas si sus actividades no están certificadas, lo cual podría generar sospechas de no cumplimiento con las normativas ambientales. Además, según la normativa europea, las empresas que no posean dicha certificación no podrán optar a licitaciones para contratos públicos. Por tanto, la certificación independiente pasa a ser un requisito para ello.
La organización empresarial tiene la opción de no revelar nada o, si opta por transmitir la información, deberá obtener una certificación y presentarla de manera clara y confiable», afirma Conesa. El experto piensa que será complicado para aquellos que quieran continuar con su ‘ecopostureo’ obtener un sello de calidad. Asegura que en la entidad AENOR, «las auditorías son sumamente estrictas y rigurosas, y no vamos a encontrar entendimiento común» si el propósito es desviar información o no proporcionar todo lo solicitado, para obtener garantía de sostenibilidad. Tampoco será suficiente haber sido respetuoso con el medio ambiente un año y luego relajarse. Las auditorías que realiza AENOR son cara a cara y se ejecutan anualmente, para verificar la constancia. «No se trata solo de una instantánea. Todos los certificados requieren una auditoría cada año», asegura Conesa, y también advierte que «se pueden revocar» si una empresa, de manera repentina, deja de ser merecedora de tal.
Existen compañías que toman con seriedad la sostenibilidad en sus productos y métodos de producción, y que de hecho han certificado sus prácticas con AENOR y otras empresas durante años. No obstante, es innegable que este ‘maquillaje verde’, que se inició asociándose a las empresas energéticas, todavía está presente en casi todos los sectores, y cuyos productos están al alcance de los consumidores.
En el sector de la alimentación, por ejemplo, es común no encontrar información sobre las emisiones necesarias para producir los productos o la cantidad de residuos que generan, según algunos criterios mencionados en el informe «El lavado verde de los supermercados españoles», publicado en enero por la Federación de Consumidores y Usuarios. Un informe de 2020 de la Comisión Europea reveló que el 53.3% de las afirmaciones medioambientales examinadas en la UE eran inexactas o engañosas, y el 40% no contaban con acreditación. Estos hábitos pueden resultar en una desigualdad competitiva en el mercado, perjudicando a las empresas genuinamente sostenibles, apuntó la Comisión. Además, engañan al consumidor, quien cada vez está más consciente de la huella ambiental. De acuerdo con un Eurobarómetro de 2023, el 93% de los ciudadanos de la UE ya toma decisiones conscientes para apoyar la sostenibilidad en su día a día. A pesar de ser menos, la mayoría también cree que, junto con la responsabilidad individual, los gobiernos nacionales (56%) y las empresas y la industria (53%) también tienen responsabilidades.
La directiva no especifica sobre los productos, algo que el Gobierno tiene que detallar en la ley nacional, pero la idea principal es que «no se puede etiquetar algo como light o ecológico» si no lo es realmente. Aparte de la obligación para las empresas, Conesa también ve un aspecto crucial que apunta directamente a los ciudadanos. «Está dirigido principalmente a que el consumidor asuma responsabilidad en su consumo, porque aunque, como lo indica el Eurobárometro, la mayoría toma decisiones cotidianas que benefician al medio ambiente, podría ser que se le engañe». «Permite a los consumidores hacer decisiones de compra sin que el ‘greenwashing’ influya».
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